BLOG DE - AMA --> ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN --> A.V.
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- ÚLTIMA HORA
INFORMACIÓN DE AMA -
- AMA PIDE A REVILLA UN IMPULSO POLITICO QUE ACABE CON EL DAÑO QUE ESTA HACIENDO A CIENTOS DE FAMILIAS
EL PRESIDENTE DE AMA, ANTONIO VILELA, PIDE A LAS AUTORIDADES, QUE SE ACABE LA INJUSTICIA A LA QUE SE LLEVA SOMETIENDO A CIENTOS DE FAMILIAS EN CANTABRIA Y SE CUMPLAN LAS RESOLUCIONES DEL PARLAMENTO
25-08-2018 ------> ULTIMA MARCHA A SANTANDER DE AMA
28-05-2018------->RUTA DE LOS INOCENTES>
20-05-2018------->AMA LA SOLUCIÓN A LOS DERRIBOS, TIENE QUE SER EN ESTA LEGISLATURA
19-05-2018------>A CADA UNO LO SUYO
01-05-2018------>LOS JUECES REACTIVAN LOS DERRIBOS
24-03-2018------>QUE NO LLEVEN FLORES O MI TUMBA
03-03-2018----->Entrevista en La SER al Presidente de AMA
13-08-2017------->El mayor fiasco de Revilla (que odia recordar) lleva 20 años amargando a 580 familias
Entrevista en la Solana de Manuel Ángel Castañeda
XIII MARCHA A SANTANDER gracias a todos los que lo han hecho posible
13/08/2017 EL MAYOR FIASCO DE REVILLA
22-07-2017------Más de 300 personas pidiendo justicia por los caminos de Cantabria
22-07-2017------ AMA PIDE A REVILLA QUE SOLUCIONES
ACTO EN EL SENADO PREMIO "JUSTICIA EN EL URBANISMO"
RECONOCIENDO EL TRABAJO DEL SENADO
PIDIENDO JUSTICIA, RESPETO A LA LEY Y LA INTERPRETACIÓN INTENCIONALIDAD DEL LEGISLADOR
ACTO ENTREGA DEL PREMIO JUSTICIA EN EL URBANISMO"
EN EL SALON DE LOS PASOS PERDIDOS EN EL SENADO
Día: 3 de mayo,Hora: 13 horas, Lugar: Salón de los Pasos Perdidos. Senado.Madrid
24-03-2017------ PREMIO JUSTICIA EN EL URBANISMO AL SENADO
13-01-2017------AGADE cree que la sentencia del TEDH puede ser útil para muchos otros casos similares>
12-01-2017-------Los afectados de BEIRA DA RIA "Europa nos ha salvado"
12-01-2017-------AMA -El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Reino de España por la indefensión del tercero de buena fe en nuestro país
28-12-2016------El Gobierno de Cantabria pide financiación al Gobierno Central para los derribos
18-12-2016------ ACTO DE APOYO DE AMA A LOS DERECHOS HUMANOS. GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN PARTICIPADO
21-11-2016-----AMA reclama soluciones reales
14-11-2016------AMA pide un acuerdo extrajudicial que acabe definitivamente con el problema de los derribos
27-10-2016-----Los afectados por las sentencias de derribo piden la apertura de los convenios
04-10-2016------AMA pide al Gobierno que asuma sus responsabilidades
01-10-2016-------La ejecución de los derribos abre una brecha entre afectados y Gobierno
18-09-2016------- PORN de Santoña en cuento de nunca abacar
20-08-2016-------AMA pide justicia y se manifiesta contra la violencia de género
06-08-2016------¿Moriré, como mis padres, sin que se haga justicia?
20-07-2016-------AMA se echa a la calle para pedir soluciones a los derribos en la XIII Marcha a Santander
23-06-2016-----
22-05.2016------ ACTO DE APOYO EN SANTOÑA AL TERCERO DE BUENA FE
22.05.2016 ------- La Asociación AMA ha acordado en su reunión celebrada en Santoña el 21.05.2016, una resolución de apoyo a la familia Prior, que hace 8 años derribaron injustamente su casa y llevan todo este tiempo viviendo en un garaje, algo inhumano, injusto y que hablar de la falta de sensibilidad de nuestras instituciones con los ciudadanos.
19.05.2016--------ACTO DE APOYO A LOS SEÑORES PRIOR EN ALMERIA. QUE REPAREN LA GRAN INJUSTICIA QUE ESTÁN COMETIENDO CON ESTA FAMILIA. TODOS CON HELEN Y LEN
24-04-2016------- LA BUENA FE19-04-2016------- AMA muestra su dolor por comentarios de algun juez, que tal y como las hemos conocido, ofenden a las víctimas de las sentencias de derribo
----------APOYA A LOS REFUGIADOS CON TU FIRMA------------
21-03-2016 ----- AMA SE MANIFESTARÁ EN LUNES DE PASCUA 28 DE MARZO, ANTE EL TSJC Y EL GOBIERNO DE CANTABRIA, PIDIENDO JUSTICIA Y BASTA YA DE MALTRATAR A LAS VICTIMAS
15-03-2016------ AMA DENUNCIA LA INSEGURIDAD JURIDICA CREADA POR GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y JUECES
02-01-2016 -----AMA reclama a las instituciones el fin de la injusticia que sufren cientos de familias>
31-12-2015-----
30.12.2015-------AUAN se solidariza con los vecinos de Bueu
--------------------AUAN Traslada el apoyo de asociaciones de todo España a los vecinos de BUEU en Pontevedra
18.11.2015------ PROPUESTAS DE AMA ANTE LAS ELECCIONES GENERALES
15.11.2015------- Hoy quizás incluso más que ayer, es totalmente necesario apoyar la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Estás invitado y te esperamos
13.11.2015 ------- París llora
31.10.2015-------- AMA ayuda a los afectados por las sentencias de derribo a pedir los daños morales. Sigue reclamando, como lo ha hecho siempre, que estos daños morales tienen que ser abonados a todas las familias, ya que todas han sufrido las injusticias cometidas por las Administraciones Publicas
La responsabilidad sobre reclamación Administrativa, su correspondiente expediente y resolución es exclusiva del Gobierno de Cantabria. Le solicitamos que se haga justicia con todos los afectados.
28.10.2015--------- ENHORABUENA A LOS AMIGOS de BUEU en Pontevedra, a sus representantes, Chema y Araceli, que han luchado con todo su coraje para pedir justicia, para que no derribaran las viviendas de 19 familias.
Una jueza con sensibilidad aplicando el 108.3 LRJCA ha tomado la acertada y justa decisión de paralizar el derribo, que estaba previsto para el día 2 de noviembre.
SUSPENDIDA DE FORMA CAUTELAR EL DERRIBO DEL EDIFICIO LOS PINTOS EN BUEU
ESTAMOS DE ENHORABUENA por Gerardo Vázquez, Asesor Jurídico AUAN
Pedimos al Ayuntamiento de BUEU, a su Alcalde, Félix Juncal, que aproveche este tiempo, para dar soluciones justas a estas familias, no para seguir maltratándolas, HACER JUSTICIA ES DAR A CADA UNO LO SUYO, que no les roben su futuro.
18.10.2015----------Fotografías de Sane Diario Montañés de la reunión de AMA
18.10.2015 --------- AMA pide recursos para cumplir con los compromisos con los afectados
18.10.2015----------El Gobierno de Cantabria, en 2016 el 80% de los Ayuntamientos con sentencias de derribo tendrán aprobados sus PGOU
18.10.2015---------AMA pide el desarrollo de la figura del Defensor del Pueblo en Cantabria, por su importancia para los cuidadanos
18.10.2015 ---------AMA APRUEBA UNA DECLARACIÓN DE APOYO A LOS VECINOS DE BUEU EN PONTEVEDRA
11.08.2015---------- MIguel Ángel Revilla traslada a los afectados su intención de reparar en el daño causado en el menor tiempo posible
24.08.2015----------Reunión de AMA con la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, compromiso del pago de los daños morales y el desarrollo de los convenios afectados-Gobierno, necesidad de aprobar los PGOU de los ayuntamientos con sentencias de derribo. Enlace con el video de la reunión.
18.07.2015--------- MÁS DE 150 MIEMBROS DE AMA PIDEN JUSTICIA EN SU XI MARCHA A SANTANDER Y AGRADECEN EL TRABAJO DE LA COMISIÓN CREADA EN PARLAMENTO DE CANTABRIA. ASÍ MISMO TIENEN UN ESPECIAL RECUERDO PARA LOS AMIGOS DEL GRUPO DEL JUEVES
18-07-2015--------ENLACE FOTOGRAFIAS DE LA XI MARCHA DE AMA, REALIZADAS POR JAVIER COTERA DEL DIARIO MONTAÑES
18-07-2015------- 
AMA celebra el sábado su 'XI Marcha a Santander'
21-06-2015------- 24 de junio, nos vamos a Madrid, al Senado a pedir justicia
HISTORIA DE UNA INJUSTICIA
POR UNA CANTABRIA MÁS JUSTA
REVISTA DE AMA. LA RAMA NÚMERO 1
Intentas quitar de tus pensamientos esas ideas que hacen más difícil el camino, pero otras ocupan su lugar ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI uno pueda ser declarado culpable y otro pague la pena?. ¿Qué garantías tiene nuestro sistema judicial para que personas totalmente inocentes estén en esta situación? ¿Cómo no se toman medidas legislativas que hagan posible que cuando alguien compra una vivienda sepa qué cargas o demandas tiene la misma?
El camino va llegando a su final, pero esta situación de injusticia parece un camino sin fin. Mi hija tiene 15 años y siempre ha conocido su casa con una sentencia derribo. Me duelen los pies, pero más me duele esa rabia que llevo dentro por el daño y sufrimiento que viven más de mil familias.
Cuadros: Vecinos del Encinar (dirigidos por Paco Lain)
Texto y fotografía: Antonio
05.09.07
MANIFESTACIÓN
CONTRA EL DERRIBO DE VIVIENDAS DE INOCENTES
DIA: 9 DE SEPTIEMBRE
HORA: 12 HORAS
RECORRIDO: DESDE LAS LLAMAS I HASTA EL AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS
TODOS CONTRA ESTA INJUSTICIA, CONTRA ESTE ATROPELLO, CONTRA ESTE ATENTADO A LAS FAMILIAS INOCENTES, ATENTADO CONTRA SU VIVIENDA. CONTRA SU SALUD, CONTRA SUS DERECHOS.
NO FALTES TODOS EL DOMINGO DIA 9 TE ESPERAMOS EN ARGOÑOS
TU SOLIDARIDAD <=> NUESTRA FUERZA
Ante la situación de desamparo en la que nos encontramos los afectados queremos tener una recuerdo para el trabajo de
MIRIAM GARCIA
Decía un viejo amigo que "la política es el arte de estar y que no te vean demasiado", para así poder durar en los puestos de responsabilidad.
En un Gobierno donde la noticia es el cambio de alguno de sus miembros, sorprende la marcha de Miriam García. Quizás sea por lo que decía el viejo amigo, ya que a Miriam se la veía y mucho, tenía opinión y no la ocultaba detrás de farragosos discursos, sino que era clara y la entendíamos todos.
Me parece un lujo perder gestores de la categoría de Miriam García, ya ex-Directora General de Urbanismo, sobre todo en una Comunidad donde no estamos sobrados de buenos administradores públicos.
Comentan que incomodaba a ciertos sectores del poder, que están acostumbrados a la mansedumbre y al halago fácil o, vaya usted a saber, igual simplemente es víctima de una carambola de competencias entre las Consejerías de Presidencia y Vivienda, que la dejó descansar después de cuatro duros años al frente del urbanismo en nuestra Comunidad.
Para AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), a pesar de que seguimos con los mismo problemas con nuestras viviendas, no dudamos en valorar su gestión en la Dirección General de Urbanismo como positiva, destacando su capacidad de trabajo, pero valorando sobre todo que siempre ha sido accesible. Además, hay propuestas suyas como los aprovechamiento urbanísticos, que son uno de los activos para solucionar el grave problema de las sentencias de derribo que condenan a la Administración.
Con Miriam hemos discutido y mucho, nos hemos llevado decepciones, pero hay que reconocer que siempre dio la cara y que siempre estaba y no se escondía detrás del "está reunida", "deje su teléfono que ya le llamaremos". ¿Que tenemos la espina clavada de no haber solucionado el sufrimiento de tantas familias?, pues claro que si, pero también estamos convencidos de que si en el Gobierno y en el Parlamento de Cantabria se trabaja con su entusiasmo seguro que entre todos encontraremos soluciones.
Miriam nos ha demostrado, a los que con ella hemos compartido horas de su trabajo, que es una buena gestora, pero sobre todo una gran persona.
Ha pasado mucho tiempo y el problema de cientos de familias cuya vivienda puede ser derribada sigue ahí. Por ello los pequeños gestos, la amabilidad, incluso la comprensión hacia nosotros la valoramos, aunque más que comprensión necesitamos soluciones reales.
Nuestro Presidente ya nos dijo en su día que "se ponía en nuestro lugar y que era un situación muy difícil, que nosotros no tenemos culpa de nada, ni estamos condenados por nada y que ponía su Gobierno a trabajar para dar una solución".
Esperamos que el nuevo equipo siga con el entusiasmo que Miriam ha demostrado para solucionar los problemas, como este del derribo de viviendas de inocentes, y se cumpla la palabra del Presidente Miguel Ángel Revilla.
Compartimos la valoración positiva que realiza ARCA sobre el trabajo de Miriam y que habla por si misma de su capacidad de entendimiento con los diferente grupos de nuestra comunidad. Desde esa capacidad de entendimiento con todos demostrada por Miriam pedimos a ARCA que trabajemos conjuntamente todos, con el objetivo de buscar soluciones para nuestra Comunidad y para estas más de 1.000 familias que están pagando una pena que no les corresponde. Los vecinos de Las Llamas I cuentas las horas para el derribo de sus hogares ¿quién hace justicia? pedimos ayuda, por ello hoy más que nunca nos acordamos de los que han intentado buscar soluciones.
Gracias por las horas que nos has dedicado y suerte, Miriam.
10.09.07
LA MAYOR MANIFESTACION EN LAS HISTORIA DE ARGOÑOS
Más de 1000 personas se han manifestado en Argoños desde la Urbanización de Las Llamas I hasta el Ayuntamiento de Argoños, bajo el lema: No al derribo de viviendas de inocentes.
Una muchedumbre, una marea amarilla con pancartas y banderas nunca antes vista en este municipio se ha desplazó por todo el pueblo pidiendo justicia, y se podían oír los gritos de Gobierno culpable, Gobierno responsable, Revilla escucha no derribos, no derribos, Alcalde da la cara por tu pueblo.
La gente salida de los comercios y bares para aplaudir el paso de la manifestación y muchos de unían a la misma.
Se han desplazado afectados de Arnuero, Liendres así como muchas personas del pueblo de Argoños se han unido a esta manifestación que ha arropado y mostrado su solidaridad con los vecinos de las Llamas I, urbanización que ha visto como el Ayuntamiento ha licitado el derribo de sus vivienda, sin ser ellos culpables de nada.
Al terminó de la manifestación se ha informado que la Asociación AMA va a tener el Martes reuniones con El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Cesar Tolosa a las 11 horas, y posteriormente representantes de AMA se desplazaran al Parlamento de Cantabria para tener reuniones con los Portavoces de todos los Grupos Políticos,
a las 12 con Francisco Javier Rodríguez del PP, a las 12:30 con Rafael de la Sierra PRC y por ultimo sobre la 13 con Martín Berriolope del PSC-PSOE.
Un portavoz de la Urbanización Las Llamas I ha leído una comunicación de esta urbanización donde se pone de manifiesto el sufrimiento y la injusticia que con ellos se esta cometiendo.
Por último, el presidente de AMA ha manifestado que seguirán las manifestaciones hasta que se haga justicia y que están dispuestos a llegar hasta las ultimas consecuencias para defender las viviendas de gente inocente, así se informó que se organizará una nueva movilización que se denominará el Tren de la Injusticia en octubre y que no descartan huelgas de hambre, y todas la medidas posibles para que se haga justicia con este colectivo. Así mismo ha pedido al Ayuntamiento de Argoños, al Gobierno de Cantabria y a la actual responsable del juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Santander cuya responsable es Mª Dolores de los Rios que tomen medidas para que no se consume los que es un disparate, un despropósito, y una gran injusticia, el derribo de viviendas de inocentes.
17.09.07
CUANDO LA JUSTICIA NO ES JUSTA
El deterioro de la Justicia se produce cuando su funcionamiento no es el acorde al servicio que tiene prestar a los ciudadanos y para los cuales estos le han dado el monopolio de su aplicación.
Pocas cosas hacen más daños a esta institución que sentencias totalmente injustas o comportamientos como el del juez Estevill que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial y condenado a nueve años de prisión por cohecho y prevaricación.
¿Quiere decir esto que los jueces son corruptos?, pues no, que tampoco quiero ser injusto, pero si que son humanos y pueden tener comportamientos no lícitos como los demás, cometer errores y dictar resoluciones que incluso cumpliendo la ley pueden ser tremendamente injustas.
En nuestra comunidad se han producido 25 sentencias ( la mayor parte dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) que condenan a Ayuntamientos y/o al Gobierno de Cantabria. Hay un demandante que ejerce la Acción Pública y la justicia aplicando nuestra legislación condena a estas instituciones, hasta aquí todo normal.
Ahora lo que ya no parece tan normal es que la condena la paguen ciudadanos que nada tienen que ver, ni son los demandados, ni son los condenados, ni son parte en el juicio, ni siquiera tenían conocimiento de ese proceso judicial. Pero vaya Ud. a saber el porqué estos ciudadanos pagan con el derribo de sus viviendas los ilícitos que han cometido las administraciones públicas.
Que alguien nos explique: ¿dónde esta la justicia?, ¿cómo es posible que tu estés tranquilamente en tu vivienda, y te enteres por la prensa que se va derribar tu casa? ¿por qué? si estos ciudadanos compraron una vivienda legal, al igual que Ud. amigo lector.
Cuando las importantes personalidades de la justicia, en nuestra comunidad, piden medidas cautelares para que no se produzcan estas situaciones, están reconociendo de facto, que el mismo se ha producido y la necesidad de buscar medidas para que nadie sufra la injusticia que está sufriendo actualmente este colectivo, lo cual por cierto, tienen todo nuestro apoyo en este tipo de iniciativas, los que soportamos esta situación algo que queremos es contribuir a que nadie más pase por la misma. Por ello siempre pedimos un registro de demandas donde todo ciudadano pueda saber si existe una demanda contra su vivienda o posible vivienda.
AENA ofrecerá a mil vecinos de Coslada cambiar de barrio para huir del ruido. Las 1.050 familias que viven en el barrio de La Estación, en Coslada, Madrid.
Esta cifra es aproximadamente las familias que soportan sentencias de derribo en Cantabria, no se puede garantizar por el Parlamento que cuando un ciudadano le derriben su vivienda por culpa de la Administración esta le facilite otra.
Bueno pues a toda persona de buena fe, sin ser juez, le parece que lo más justo que, si un Ayuntamiento y/o Gobierno te cobra indebidamente un recibo te devuelva esa cuantía, si te derriban tu casa sin tener tu ninguna culpa, pues te den otra vivienda antes del derribo, que te indemnicen por los daños que te han producido.
En el derecho anglosajón, seguro que hablábamos de grandes sumas por las lesiones psíquicas, físicas, morales y personales e incluso de los daños producidos a los animales de compañía.
En nuestro derecho, que presume de ser el más garantista, seguro que tampoco cuadra a la lógica de los hechos, que uno cometa el ilícito y otro pague con el derribo de su vivienda, más si quien comete este ilícito es a quien la Constitución le reserva la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Dicen que no se preocupe el ciudadano que lo que tiene que hacer es presentar una demanda por los daños patrimoniales y los jueces le aplicarán la justa indemnización.
Pero ¿cuándo?, los jueces dicen que el daño no se ha producido hasta que el derribo no se ha consumado. Sergio tiene 60 años una familia y unos animales de compañía, y comenta que sus animales tienen más derechos que él, al final las asociaciones de defensa de los animales seguro que les ayudan, incluso no dudamos que ARCA, los demandantes, estarían dispuestos a acoger de buena gana a estos amigos de Sergio.
Pero a él y a su mujer les derriban su vivienda en suelo urbano, donde otros pueden volver a construir , incluso hablan de que hay proyectos de construir más viviendas que las que se derriban, pero ¿quién les va a devolver la ilusión de cuando compraron su vivienda?, ¿quién le va a quitar esos malos ratos pensando que ha perdido todo por lo que ha trabajado?, ¿quién puede comprender lo que sufre su mujer cuando se tiene que marchar de la vivienda porque no puede soportar seguir viviendo con esa presión, con esa incertidumbre?, para rematarles tienen que soportar el ver como derriban su casa.
Decir que el daño no se produce hasta que no se derriba tu vivienda es como decir, que no se puede poner una vacuna porque el mal todavía no se ha producido. Que si pasa una autopista por tu casa hasta que la tiren no puedes pedir el justiprecio. En fin una locura procesal y un atentado contra personas inocentes, atentan contra su salud, contra su forma de vida, contra su familia.
Cuando la justicia actúa contra toda lógica, cuando el resultado de aplicar la misma es un absurdo, un disparate, una de dos o los jueces están prevaricando o la legislación de la que nos hemos dotado tiene vacíos tan grandes que hace que los jueces no puedan hacer justicia.
En cualquiera de los dos casos el descrédito de la institución es total, el daño es bidireccional, el que soportan las familias con una sentencia a todas luces injusta porque no ha protegido los derechos de terceros totalmente inocentes y el sufre la institución, porque cuando los ciudadanos no creen en la justicia intentan buscarla fuera de los ámbitos de su competencia y eso es peligroso para estos ciudadanos y para el sistema democrático.
Todo esto sin hablar de la corrupción urbanística que está en los orígenes de toda esta situación.
Por ello, el Parlamento legislando y/o los jueces juzgando tienen que tomar medidas para que los ciudadanos no estén totalmente indefensos, nadie se merece soportar la pena que corresponde a otro, ni sufrir este desamparo.
21.09.07
¿CUMPLIRÁ EL GOBIERNO SU PALABRA?
GOBIERNO DE CANTABRIA
MANIFIESTA SU VOLUNTAD
DE DAR SOLUCIONES
ANTES DEL DERRIBO
Una comisión de AMA se ha entrevistado con el Director General de Urbanismo y con el Director de Ordenación del Territorio, ante la situación de extrema preocupación, por los inminentes derribos de viviendas de familias totalmente inocentes.
En la entrevista iniciada hoy a las 12.30 en la cual han participado el Director General de Urbanismo Pedro Ángel Gómez Portilla y el Director General de Ordenación del Territorio Luís Ángel Collado Lara, el Abogado de los Ayuntamientos de los Argoños y Arnuero José María del Real y los portavoces de AMA Fernando García Latorre, Paco Laín y Teo Arnal.
En esta reunión los miembros del Gobierno han manifestado su voluntad que antes del derribo se ofrecerá soluciones a los afectados por tres vías;
a) Regularización de las viviendas que sean posibles.
b) Aplicación de los Aprovechamientos Urbanísticos.
c) Acuerdo sobre la indemnización por el derribo de la vivienda.
Las Asociación AMA ha exigido al Gobierno de Cantabria que cumpla su compromiso de buscar soluciones para los afectados por sentencias de derribo y que estas no se queden en palabras, que haya partidas presupuestarias y hechos reales, por los cual aun valorando positivamente este reunión estamos expectantes a que lo manifestado se hagan realidad.
Hemos recordado el compromiso del Presidente de Gobierno de Cantabria el cual manifestó su voluntad de poner a trabajar a su Gobierno para dar soluciones, sin embargo han pasado casi dos años de estas declaraciones no se ha solucionado ni uno sólo caso, todo lo contrario el número de afectados sigue creciendo con nuevas sentencias. Por ellos esperamos que el Presidente cumpla su palabra.
En los últimos tres años el número de viviendas regularizadas en España, es superior 10.000 y en actualidad numero proceso expedientes para legalizar más de 25.000 viviendas, desde esta Asociación nos preguntamos ¿cómo es posible que en Cantabria no se haya podido resolver ni un sólo caso en casi 10 años?.
Las consecuencias de las sentencias que condenan al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos la pagan ciudadanos que nada tienen que ver, ni son los demandados, ni son los condenados, ni son parte en el juicio, ni siquiera tenían conocimiento de ese proceso judicial.
Apelamos a la responsabilidad del Gobierno, de los Ayuntamientos y de los Jueces para que no se tome medidas irreparables tanto para los afectos como para todos los ciudadanos de Cantabria.
AMA ha pedido al Parlamento de Cantabria una declaración expresa que reconozca la situación de víctimas de este colectivo, y el derecho de todo Cántabro por culpa de la Administración le derriba jurídicamente su vivienda tenga derecho a otra.
01.10.07
Estimados Amigos:
Hay días que es muy difícil escribir cuatro letras, se nos ha ido una persona de la que podíamos estar hablando durante horas, por su bondad, por su saber estar, de su moderación, de su amistad, pero sólo dos pinceladas, con todo nuestro cariño, para recordar a uno de los amigos que más han trabajado contra la injusticia que soportamos, a pesar de estar enfermo desde hace tiempo siempre nos ayudaba, estaba en nuestras manifestaciones, redactaba y corregía nuestras notas de prensa, nos daba sus sabios consejos y opiniones, pero sobre todo se nos va una gran persona y un gran amigo. Hasta siempre amigo Dani, "Dicen que las lágrimas no valen nada cuando lloran por uno mismo, las nuestras si que valen, porque nos salen del alma y brotan por ti, amigo Dani".
01.10.07
AMA seguirá con las reuniones y movilizaciones
Más de 200 personas se reunieron el domingo 30 de septiembre en argoños para realizar una valoración de la situación actual tras las reuniones con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el gobierno y los portavoces del Parlamento de Cantabria.
Destacando la importancia de las mismas y la necesidad de que el Parlamento apruebe medidas que soluciones este grave problema.
Se ha acordado realizar una movilización llamada el Tren de los Inocentes, que consistirá: desde las diferentes estaciones de FEVE llenar el tren de camisitas y banderas de AMA e ir hasta el Parlamento de Cantabria para pedir justicia y una resolución del mismo de apoyo a las victimas de todas este proceso.
Por otra parte se ha aprobado realizar encierros en los Ayuntamientos cuando la gravedad de la situación lo aconseje.
Por último AMA seguirá trabajando con todas las instituciones en la búsqueda de soluciones para que no se derriben viviendas de inocentes y para que ningún cántabro tenga que pagar de su patrimonio importantes sumas dinerarias, vía impuestos, por la mala actuación de la Administración.
dIARIO mONTAÑÉS 29.09.07
ARGOÑOS
Desierto el concurso para el derribo de 19 viviendas
Las casas unifamiliares afectadas por sentencia de demolición se encuentran en la urbanización Las Llamas I
R. ALONSO
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) confirmó ayer que ha quedado desierto el concurso para el derribo de las viviendas de 19 familias de Las Llamas I en Argoños. El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), ratificó ayer esta noticia al declarar que el plazo para presentar las ofertas concluyó el pasado lunes y no se ha presentado ninguna empresa y «ni si quiera la Navarra Herri-Berri que había pedido información sobre esta demolición», indicó.
Desde la Asociación mostraron ayer su agradecimiento a «todos los que han valorado la gran injusticia que es derribar viviendas de familias totalmente inocentes», indicaron.
Por su parte, el alcalde considera que ha existido sensibilidad por parte de las constructoras y que este retraso puede llevar a que se siga buscando una solución.
La Asociación de Maltratados por la Administración ha convocado una reunión para mañana domingo, a las 11 horas en Argoños, con el fin de tratar la situación actual y fijar el calendario de nuevas movilizaciones, así como las iniciativas ante las instituciones.
AMA reclama a los representantes públicos que no les den la espalda a la realidad, ni a estas familias y que se tomen medidas para que los afectados no continúen sufriendo el miedo al derribo de sus viviendas y se busque una solución lo antes posible.
Juzgado
Además, piden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander que sus resoluciones no sean alejadas de la realidad social. Desde AMA recuerdan que «los afectados no son culpables de nada, no pueden seguir soportando esta situación y el daño que se produce es bidireccional, el que soportan las familias con una sentencia a todas luces injusta porque no ha protegido los derechos de terceros totalmente inocentes, así como el descrédito que sufre la institución de la justicia», señalan.
A su juicio, el Parlamento legislando y los jueces juzgando «tienen que tomar medidas para que los ciudadanos no estén totalmente indefensos, nadie se merece soportar la pena que corresponde a otro, ni sufrir este desamparo».
El correo 29.09.07
VIZCAYA
Ninguna empresa opta al concurso para derribar 19 chalés ilegales en Argoños
El Ayuntamiento devolverá el caso al Juzgado número 1 de Santander «para que decida qué hacer»
29.09.07 -
S. ZUBELDIA
Ninguna empresa se ha presentado al concurso que el Ayuntamiento de Argoños convocó a principios de septiembre para ejecutar el derribo de las primeras 19 viviendas ilegales de la urbanización Las Llamas I. Así lo anunció ayer Antonio Vilela, portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), después de que el alcalde de la localidad cántabra, Juan José Barruetabeña, le confirmara la falta de ofertas. Ya han pasado 13 años desde que los propietarios supieran que sus casas estaban condenadas a la piqueta, pero la situación, lejos de resolverse, se encuentra cada día más enquistada. Ahora, el Consistorio notificará los hechos al Juzgado de lo Contencioso número 1 de Santander para que decida qué hacer.
Los afectados, por su parte, ven en la falta de aspirantes a ejecutar los derribos un gesto de empatía hacia su «dolor». «Queremos agradecer la sensibilidad de todos los que han valorado la gran injusticia que es derribar viviendas de familias totalmente inocentes», expresaron. AMA, que ha convocado una reunión mañana para fijar un nuevo calendario de movilizaciones, ve en lo sucedido una oportunidad para «reconsiderar posturas y tomar opciones alternativas».
Antes de fin de año
Estas otras vías pasan por que el Gobierno de Cantabria ponga a disposición de cada afectado «otra vivienda antes del derribo», que el Ayuntamiento de Argoños y el Ejecutivo regional les «indemnicen por los daños ocasionados» antes también de que la piqueta entre en escena y, «sobre todo, si es posible, que se regularice la situación de los chalés».
El Consistorio de Argoños sacó a concurso el derribo de estos primeros 19 chalés ilegales para acatar los múltiples requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que le instaban a demoler la primera fase de la urbanización antes de fin de año.
Estas trece viviendas adosadas y seis unifamiliares serán los primeros pisos habitados en España derruidos por fallo judicial en suelo urbano. Hay otras 243 viviendas condenadas en el municipio
05.10.07
EL CORREDOR DEL DERRIBO
Los condenados a muerte en Estados Unidos pasan sus últimos días en el corredor. Desde allí, muchos de ellos tratan de salvar la vida: con apelaciones, pruebas de ADN, aplazamientos. Lo que sea para alargar el tiempo. Unos porque son inocentes y aún confían en que se demuestre la verdad. Otros porque, con un poco de suerte, si logran que pase el tiempo, quizá un día desaparezca la dichosa ley y salven la vida.
Las familias de las casas con sentencias de derribo en Cantabria. No estamos condenados a muerte. No nos han sentenciado a perder la vida, aunque muchos hemos perdido la salud. Angustia, temor, depresión, enfado o ira son algunos de nuestros síntomas. Los años pasan y la amenaza se cierne sobre nuestras viviendas. Y no pasa nada. Nadie da soluciones. Algunos esquivan por poco la bala, unos meses más de tregua, mi casa aún sigue en pie. Pero, ¿Por cuánto tiempo? Y el miedo, y ese vacío en el estomago continua, día tras día y sobre todo esas malditas noches donde el miedo vence al sueño.
Algo anda mal en los dirigentes de esa supuesta asociación ecologista. Algo anda mal cuando los que se suponen más cercanos a todo lo de bueno que tiene el ser humano y celebran el derribo de las ilusiones y los sueños de sus semejantes como si de la victoria del equipo deportivo local se tratase. Si las escavadoras acaban por llevar a cabo su ejecución ¿Que harán? ¿Se pondrán las botas de pasear? ¿Cogerán el bastón de las caminatas y sobre los escombros celebrarán su victoria? "Hemos salvado el litoral" dirán. Y se darán palmadas en el hombro, y aplaudirán. "Lo hemos hecho por encima de la tristeza y de las lágrimas de decenas de familias". ¿Pero su conciencia estará tranquila?, no les han recibido nunca, nunca les han mirado a los ojos, nunca han querido comprender su sufrimiento. Algún día se hará justicia y la sociedad Cántabra les hará pagar el peaje social que su comportamiento con estas familias merece.
Algo anda mal en la justicia. ¿Cómo es posible que una sentencia juzgue culpable a un constructor y a un Ayuntamiento y condene por ello, no a los responsables de las irregularidades, sino a ciudadanos inocentes? El constructor ya ha vendido y se ha enriquecido , los políticos pasan y algunos se han llevado su parte , y el problema queda para estas familias. Su vivienda que, en muchos casos, han comprado tomando todas las precauciones necesarias, cumpliendo totalmente la legalidad vigente y consultando a las administraciones los posibles problemas de sus casas antes de firmar la hipoteca.
Preguntas sin respuesta porque, pese a tener causas abiertas, no se informa de estas hasta que el juez firma sentencia. Así, y gracias a la falta de celeridad de la justicia en este país, los propietarios no pueden tomar conciencia de la realidad hasta que ya es demasiado tarde. Ha quedo de manifiesto que con nuestras familias justicia y legalidad no han sido y nos tenemos que nunca llegarán a ser sinónimos.
Algo anda mal en la política. Algo está terriblemente mal cuando nuestros representantes se pasan la patata caliente de unos a otros. Cuando no parece importarles que personas a las que han jurado representar pasen por una condena que día tras día les lleva a la angustia, el miedo y la desesperanza. Personas para las que, en muchos casos, sus casas, es lo único que tienen. Unas casas en las que han invertido, no sólo dinero, sino todas sus ilusiones. "Habrá indemnizaciones" dicen, "Se les dará otra casa" afirman. "Se legalizarán las que sean posibles".
Palabras, palabras, más de 10 años y ni una solución y entre tanto los jueces ordenando licitaciones para el derribo. Solo pedimos nuestra vivienda y vivir tranquilos. Si las cosas se han hecho mal, no ha sido por nuestra culpa nuestra, y no entendemos porque somos nosotros los que tenemos que pagar por los errores de los demás. Ni jueces, ni políticos, ni constructores, ni supuestos ecologistas se juegan en este asunto cosas tan importantes para su vida como lo que se juegan las familias afectadas.
Unas familias que ven impotentes como no les queda otro remedio que esperar con un nudo en el estomago sin posibilidad alguna de defensa. Primero porque no eran parte en el proceso y la cosa no iba con ellos. Luego porque la causa ya estaba juzgada y, al fin y al cabo, ¿Qué pintan las familias de las viviendas que van a ser derribadas en todo este tema? Esto tiene que ver con leyes, con terrenos, con planes urbanísticos, con acuerdos políticos. Esto no tiene que ver con personas. Y sinceramente, cuando veo a mi madre desesperada por la impotencia y mi hija de apenas 5 años me pregunta, Papa , ¿Por qué nos quieren tirar la casa?, de verdad que tiene que ver con las personas, con los sentimientos, con la justicia.
Escrito por Ángel de Liencres
05.10.07
PIELAGOS
Los cientos de afectados de El Cuco empiezan a recuperar su dinero
Mientras la obra está parada por orden judicial, el Gobierno regional trata de consensuar otro plan parcial más respetuoso con el entorno
REDACCIÓN
Obra de construcción de la Urbanización Costa Verde (398 viviendas), promovida por la multinacional Fadesa y ahora parada por orden judicial. / BRUNO MORENO
Los afectados por la anulación del Plan Parcial del Sector 2 del Alto de El Cuco (398 viviendas), situado en Boo de Piélagos, han comenzado a recuperar su dinero. Las obras de construcción de la urbanización (Costa Verde), promovida por la multinacional Fadesa, se encuentran paradas por orden judicial. Mientras tanto, el Gobierno de Cantabria, a través de la consejería de Obras Públicas, tiene previsto dar luz verde en breve a un nuevo plan parcial, más respetuoso con el medio ambiente, que permita solventar el grave problema urbanístico.
Los cientos de familias afectadas dicen estar sufriendo un auténtico calvario desde que, el pasado 2 de abril, se conoció la sentencia que anulaba el primer proyecto de Fadesa. El juez estimó una denuncia presentada por la asociación ecologista Arca.
Desde el primer momento, la empresa se negó a devolver el dinero a los afectados. Estos denunciaron primero ser «daños colaterales» de una batalla política librada en el Alto de El Cuco, entre el Gobierno regional (PRC-PSOE) y el Ayuntamiento de Piélagos (PP). Actualmente, afirman ser «rehenes» de Fadesa, que intenta presionar al Gobierno regional para que se apruebe un nuevo plan parcial.
Pero los meses van pasando y algunos compradores han empezado a ejecutar los avales que figuran en su poder, recuperando así el dinero invertido más los intereses legales. Otros, la mayoría, siguen apostando por la aprobación de un nuevo proyecto urbanístico que legalice las viviendas que están prácticamente construidas.
Los dos primeros afortunados en recuperar su dinero tenían los avales firmados con la entidad aseguradora Mapfre. El abogado y portavoz de los compradores, Javier Fernández, ha agradecido la buena disposición de dicha entidad, no opinando lo mismo de otra, en este caso bancaria (Ibercaja), que está poniendo muchas trabas a la hora de devolver el dinero a los afectados.
Nuevo plan parcial
El presidente de Fadesa, Fernando Martín, prometió a los compradores una rápida solución al problema apenas quince días después de conocerse la sentencia, durante una multitudinaria asamblea celebrada en el cine de Vioño. No han vuelto a saber más de él. Saben, por la prensa, que se entrevistó con José María Mazón en agosto y que éste le dijo que es partidario de aprobar otro plan parcial.
Al parecer, el nuevo proyecto de Fadesa ha sido rechazado en principio por los técnicos de Obras Públicas, que apuestan por una urbanización mucho más respetuosa con el entorno. Todo parece indicar que el Gobierno sólo va a permitir la construcción de unas 200 viviendas -la mitad de las propuestas por Fadesa-, todas en la parte inferior de la parcela, mientras la superior se destinará a zonas verdes y servicios públicos. Las partes implicadas apuestan por el consenso para solucionar el problema, excepto Arca, a quien parece importarle poco el padecimiento de las familias afectadas
08.10.07
El derribo de Las Llamas I, pendiente
El alcalde espera instrucciones del TSJC, tras quedar desierto el concurso para el derribo
07.10.2007 -
ROBERTO ALONSO
El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, declaró que desconoce los pasos que deberá seguir ahora para cumplir la sentencia que le ordena derribar las 19 viviendas de la urbanización Las Llamas I. Tras quedar desierta la subasta convocada por el Ayuntamiento para acometer la demolición, el alcalde señaló que hasta el momento ha seguido los pasos que le han exigido desde los tribunales, pero que ahora está pendiente de los próximos trámites que estos le indiquen.
En cuanto a las indemnizaciones, Juan José Barruetabeña indicó que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros en 2007 y «es inviable para hacer frente a esta situación».
Recientemente la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó una nueva sentencia por la cual el Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno de Cantabria tendrán que indemnizar a los propietarios de las veintidós viviendas de la urbanización Las Llamas II.
El recurso fue interpuesto por la comunidad de vecinos que exigen la acción de responsabilidad patrimonial debido a que sus casas cuentan con una sentencia de derribo. El Ayuntamiento y el Ejecutivo Autonómico pagarán 12.000 euros por los daños morales que han sufrido los propietarios de las viviendas que son de primera ocupación, mientras que los de segunda ocupación cobrarán 9.000 euros. Los vecinos consideran que se les debe pagar de acuerdo al valor del mercado y en el momento de la demolición.
En un segundo fallo del TSJC, también resolvió que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Cantabria debían compensar con estas mismas cantidades a los afectados de la urbanización Pueblo del Mar 1 que cuenta con una sentencia de demolición.
El alcalde comentó que está obligado a cumplir los trámites que ordena un juez, aunque sigue preocupado profundamente por la situación de los afectados. «He pedido reuniones con Revilla y Mazón, para buscar una solución», indicó.
Con un presupuesto de licitación de 321.335 euros y un plazo de cinco meses, el concurso del derribo quedó desierto.
El Correo 7.10.08
Arnuero y Argoños
Los jueces obligarán al Gobierno cántabro a ejecutar los derribos de viviendas ilegales
Los ayuntamientos de Arnuero y Argoños no consiguen adjudicar las demoliciones porque ninguna empresa está dispuesta a llevarlas a cabo
SONSOLES ZUBELDIA
Los tribunales podrían obligar al Gobierno de Cantabria a ejecutar por sus propios medios las sentencias de derribo que pesan sobre medio millar de viviendas ilegales en la región si persiste la negativa de las empresas del sector a llevar a cabo las obras. La alarma ha saltado en los municipios de Arnuero y Argoños. Los dos ayuntamientos fueron los primeros requeridos por los jueces para cumplir sus resoluciones y reducir a escombros 42 apartamentos y 19 chalés, respectivamente. Pero en ambos casos la situación permanece bloqueada.
Con el fin de acatar las órdenes del juzgado, los dos consistorios sacaron a concurso las demoliciones. Pero la «presión social» echó para atrás a las empresas que, en un principio, estuvieron interesadas en ejecutar los polémicos trabajos. Así las cosas, los responsables municipales han informado a los tribunales de la situación para que les digan qué hacer.
La convocatoria de nuevos concursos para adjudicar los derribos no parece factible a tenor de la espantada general de las constructoras. Por eso, todo apunta a que los jueces volverán a ordenar al Gobierno que ejecute las demoliciones con «sus propios medios materiales y personales», como ya hicieran en abril con la promoción El Encinar de Arnuero.
«El poder judicial debe velar por que las sentencias se ejecuten, pero no tiene los medios para hacerlo, por lo que debe ser la Administración quien se haga cargo», explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Conseguir que se ejecuten los derribos corresponde, en primera instancia, a los consistorios que, no obstante, se han topado con un obstáculo infranqueable. Las constructoras no están dispuestas a asumir la «publicidad negativa» y el coste social que les acarrearía aceptar este trabajo.
Esta situación quedó al descubierto cuando el Ayuntamiento de Arnuero inició las gestiones para echar abajo los primeros 42 apartamentos ilegales de El Encinar. La institución local adjudicó los derribos a la empresa Erri Berri, que debía cumplir su cometido para finales de 2006. Pero la firma navarra pronto empezó a dudar. «Nadie nos había dicho que había vecinos afectados de por medio», se defendieron sus responsables. Fue entonces, cuando el Consistorio y la constructora entraron en una espiral de ultimátums y silencios que forzó la intervención directa de las autoridades judiciales.
Recursos agotados.
Ante la incapacidad del Ayuntamiento para resolver el problema y «agotados los recursos» para hacer efectiva la orden de derribo, un juez involucró por primera vez al Ejecutivo cántabro en el controvertido asunto y le ordenó que se hiciera cargo de la demolición.
La negativa del Gobierno regional no se hizo esperar. Primero, alegó que la institución local «no había agotado todas sus posibilidades» para acatar la sentencia, y después presentó un recurso de súplica que fue estimado porque, tras la renuncia de Erri Berri, «aún constaban otros dos licitadores» para llevar a cabo los derribos de El Encinar.
Pero las cosas han cambiado. La constructora que quedó en segundo lugar en el concurso, la UTE Cenavi-Bedia, ya no está por la labor. «Esto no interesa a nadie. Nosotros nos presentamos porque las dos primeras estructuras, que están vacías, son nuestras y no sacamos rendimiento de ellas, pero jamás derribaríamos viviendas habitadas», apuntan fuentes de la empresa. Mientras, la tercera en la lista, Fernández Rosillo, justifica su retirada por las «cartas en tono amenazante» que dice haber recibido de los propietarios afectados.
Pero la polémica surgida en Arnuero no ha sido nada comparada con la vivida en Argoños, donde el Ayuntamiento debe forzar el derribo de las 19 viviendas de la urbanización Las Llamas I, que están habitadas. De hecho, el concurso público convocado para adjudicar las obras no recibió ninguna oferta. Y existe una orden judicial que exige que las viviendas sean derruidas antes de fin de año. El alcalde, Juan José Barruetabeña, admite que «está obligado a cumplir los trámites que ordena el juez», mientras busca una solución «que no pase por derribar. Este retraso puede llevar a encontrar una alternativa», reflexiona.
09.10.07
¿A QUIÉN BENEFICIA ESTA RESOLUCIÓN?
ALTO DEL CUCO
El Tribunal Supremo estima la queja del Ayuntamiento de Piélagos contra la decisión del TSJC
La sentencia del Tribunal cántabro impedía al consistorio recurrir la anulación del plan parcial
08.10.07 - 16:15 -
EFE |
Cantabria
En el Alto del Cuco se iban a construir 395 viviendas./SANE
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de queja presentado por el Ayuntamiento de Piélagos contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que le impedía recurrir la anulación del plan parcial del Alto del Cuco y la construcción de 395 viviendas en esa zona.
En un auto dictado el 20 de septiembre, el Alto Tribunal abre así la posibilidad de que el Ayuntamiento de Piélagos y la promotora de las 395 viviendas, Fadesa, puedan presentar un recurso de casación ante el Supremo contra la decisión del TSJC de paralizar esta actuación urbanística.
En su día, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria consideró que la sentencia por la que anuló el plan parcial del Alto del Cuco, en Boo de Piélagos, no era recurrible ante el Supremo, porque sólo aplica derecho propio de la comunidad autónoma.
Ahora, el Tribunal Supremo dictamina que del escrito de preparación del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento se desprende que "se reúnen los requisitos exigidos" en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, "pues la parte recurrente (el Consistorio de Piélagos) ha pretendido fundar su recurso en infracción de normas de derecho estatal".
En un comunicado remitido hoy, junto al que da a conocer la resolución del Supremo, el Ayuntamiento de Piélagos explica que el Alto Tribunal estima "íntegramente" sus alegaciones y pone de manifiesto que "no sólo cabe recurso de casación sino que el recurso preparado señala la infracción de normas de carácter estatal".
"Con la citada resolución del Alto Tribunal se concluye, por un lado, la falta de firmeza de la sentencia que anulaba el Plan Parcial y, por otro lado, abre la posibilidad de plantear ante el Tribunal Supremo todos y cada uno de los motivos de oposición que en su día se formularon y que fueron desestimados por la Sala de Cantabria ", opina el Consistorio.
El Tribunal de Cantabria anuló en abril de este año el plan parcial por el que el Ayuntamiento de Piélagos autorizaba a la empresa Fadesa a construir 395 viviendas en el Alto del Cuco, al considerar que infringía la Ley del Suelo.
Tras una petición del Gobierno de Cantabria , el tribunal cántabro suspendió cautelarmente el plan y paralizó las obras, ya que la Sala señaló que "la continuación de las obras de edificación no haría sino agravar el deterioro ya producido" en esa zona.
El Ayuntamiento de Piélagos y la empresa promotora de las viviendas, Fadesa, anunciaron la presentación de un recurso contra la decisión del TSJC, que posteriormente dictó un auto en el que aclaraba que su sentencia no era recurrible ante el Supremo.
09.10.07
El Supremo permitirá al Ayuntamiento recurrir la sentencia de El Cuco
El TSJC había denegado al Consistorio la posibilidad de presentar un recurso de casación contra el fallo
09.10.2007 -
G. SELLERS
Las obras fueron paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. / BRUNO MORENO
El Ayuntamiento de Piélagos podrá recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el Plan Parcial del Alto del Cuco y declara ilegal la construcción de 395 viviendas. El Supremo, en un auto fechado el pasado 20 de septiembre, y que se hizo público ayer, estima la queja presentada por el Consistorio ante la decisión del TSJC que le impedía recurrir el fallo, que nació de una denuncia presentada por la asociación ecologista ARCA.
Este tribunal dictaminó el pasado mes de mayo que las sentencias falladas por las salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si el recurso «pretende fundarse en infracción de normas de derecho estatal o comunitario europeo, que sea relevante y determinante del fallo recurrido, y siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora». Debido a ello, consideró que la sentencia no era recurrible ante el Supremo, porque sólo aplica derecho propio de la comunidad autónoma.
Basándose en estas premisas, el Supremo dictamina ahora lo contrario. «La recurribilidad de las sentencias en casación no se determina por la naturaleza estatal o autonómica de las normas aplicadas en el proceso del TSJ, sino por el carácter estatal de las normas en las que el afectado pretende basar su recurso», dice el documento.
En este sentido, en el auto se explica cómo el Ayuntamiento fundamentaba su petición de preparación de recurso de casación en varios argumentos y apelaba al amparo de distintas normas estatales y comunitarias.
Proceso paralelo
El pasado 14 de julio, el TSJC dictó una providencia en la que daba un plazo al Ayuntamiento de Piélagos y a la promotora Fadesa para que paralizasen las obras de ejecución del Plan Parcial. Esta medida, que se hizo efectiva enseguida, es la consecuencia más reciente del proceso judicial abierto por el Gobierno regional y que navega en paralelo a la denuncia presentada por ARCA.
Al mismo tiempo, tanto Fadesa como el Ejecutivo ya han comenzado una serie de reuniones con el fin de acordar un nuevo Plan Parcial que legalice la situación en la zona.
Por su parte, algunos afectados ya han empezado a recuperar el dinero invertido en la compra de las viviendas, en concreto, dos compradores que tenían los avales firmados con la empresa Mapfre.
La asociación de damnificados tiene previsto reunirse este jueves en el cine de Vioño para analizar las novedades.
10.10.07
LA INSEGURIDAD JURIDICA LA PADECEN LOS AFECTADOS DE TODAS LAS SENTENCIAS DE DERRIBO
César Tolosa cree que el auto sobre el Alto del Cuco no crea inseguridad
10.10.2007 -
EUROPA PRESS
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, aclaró ayer que el auto dictado por el Tribunal Supremo por el que se reconoce al Ayuntamiento de Piélagos el derecho al recurso de casación contra la sentencia que anuló el Plan Parcial del Alto del Cuco no afecta a la paralización de las obras ordenada también por el TSJC y no supone un aumento de la inseguridad jurídica en la zona.
Según explicó en respuesta a preguntas de los periodistas, con esta decisión del Supremo se da un «cambio de escenario», ya que la sentencia del TSJC que anuló el Plan Parcial del Cuco deja de ser firme. Sin embargo, y aunque reconoció que las sentencias firmes crean «más seguridad», Tolosa no cree que ahora vaya a aumentar la inseguridad puesto que la paralización de las obras se acordó en un proceso judicial diferente al examinado ahora por el Supremo, y por tanto no se ve afectada por esta decisión.
Así, recordó que la sentencia sobre la que el Supremo considera que sí cabe recurso de casación es la que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC a raíz de un recurso de la asociación ecologista ARCA, mientras que la paralización cautelar de las obras se acordó en el marco del recurso promovido por el Gobierno de Cantabria.
También se pronunció ayer sobre este mismo asunto el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, quien precisó que la decisión adoptada por el Supremo lo único que hace es admitir la tramitación del recurso de casación.
12.10.07
RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS Y DE FADESA
El Consistorio de Piélagos recurrirá la anulación del plan que paralizó 395 viviendas
El correo 12.10.2007 -
S. ZUBELDIA
El Ayuntamiento de Piélagos podrá recurrir la anulación del plan parcial que motivó la ilegalización y posterior paralización de las obras de una urbanización de 395 viviendas en el Alto del Cuco. El Tribunal Supremo lo ha dictaminado así en contra del criterio hasta ahora establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que consideraba firme su decisión de bloquear el citado plan parcial.
Así las cosas, tanto el Consistorio como la promotora de los inmuebles, Fadesa, han iniciado los trámites para presentar sendos recursos de casación, aunque ambos organismos aspiran a alcanzar un acuerdo extrajudicial. El motivo es que «el proceso podría dilatarse hasta cinco años y debemos mirar por el bien de las víctimas», coinciden.
13.10.07
TIEMPOS DE CORRUPCION URBANISTICA
A pesar de que se les ha olvidado, a Eva Hache, Quequé Montesdeoca y su equipo, cómo está el tiempo de la corrupción urbanística en Cantabria donde llueven las sentencias a mares van 22 y ...
Dicen que es sano reírse de las propias desgracias y que los penas con humor...
16.10.07
EL MILAGRO ECONOMICO DE ALGUNOS ALCALDES
En Cantabria hay alumnos aventajados del Señor Alcalde de la Aldea del Fresno.
Me vienen a la memoria unos cuantos nombres, bueno seguro que los mismos que a tí, amigo lector, vamos que esta historia se parece como dos gotas de agua a alguna de las que conocemos en nuestra Cantabria profunda e infinita.
Sí no fuera por que luego hay familias inocentes que pagan las penas que les corresponden a estos señores, "presuntamente corruptos", seguro que nos reíamos todos.
16.10.07
Corrupción urbanística
Juan Francisco Martín Seco
Recuerdo que a principios de los ochenta, con la llegada del PSOE al gobierno, la Intervención General de la Administración del Estado inició un plan generalizado de auditorías.
Los resultados fueron alarmantes, en algunos casos gravísimos, y muestra de hasta qué punto la Administración proveniente del franquismo carecía de los menores mecanismos de control.
La prensa las denominó auditorías de infarto. Pero, como siempre, el lenguaje político vino a trastocarlo todo. Durante un debate parlamentario, al presidente del Gobierno se le calentó la boca y anunció que mandaría todas las auditorías al fiscal.
El error fue mayúsculo. La Fiscalía poco o nada podía decir. Era imposible probar delitos individuales. La gravedad del asunto radicaba precisamente, en muchos casos, en la ausencia de mecanismos de control, incluso de la contabilidad, que hacía que en el supuesto de que alguien hubiese cometido una irregularidad o un delito fuese imposible probarlo.
Me temo que con el problema del urbanismo esté pasando lo mismo. La prensa está aireando distintos escándalos de presunta corrupción.
El PSOE propone al PP un pacto para perseguir dentro de sus propios partidos a los militantes acusados de corrupción ligada al urbanismo. Tolerancia cero, según dicen.
Digo yo que, por una parte, la persecución irá destinada a toda la corrupción tenga o no que ver con el urbanismo y, por otra, que no parece que haga falta ningún pacto para perseguir a los delincuentes.
Pero para lo que sí parece necesario un pacto es para cambiar las reglas del juego, de manera que los delincuentes no puedan serlo aunque quieran.
El sistema político de Montesquieu se asentaba en el principio de que la moral del Estado no podía confiarse exclusivamente a la bondad de los gobernantes; si son buenos mucho mejor, pero en cualquier caso hay que establecer un sistema de equilibrio de poderes, un conjunto de reglas que les impidan delinquir.
Todos intuimos que los casos de corrupción que están viendo la luz son una muestra insignificante del total, y que incluso de éstos tan sólo unos pocos llegarán a probarse.
El problema de fondo no radica en la malicia de los protagonistas ni se soluciona con jueces y fiscales. Antes que nada, es cuestión de reformar las normas y los procedimientos de modo que hagan imposible o al menos muy difícil la corrupción. El problema de fondo está en el sistema seguido de recalificación de suelo cuyas plusvalías revierten en el dueño del terreno que, sin tener arte ni parte y por una simple decisión administrativa, ve multiplicarse por cien su patrimonio.
¿Cómo no va a dar lugar este sistema a corrupción? ¿Cómo no van a tener los promotores y los dueños de los terrenos la tentación de comprar a concejales y éstos la de venderse?
Como ya he escrito en algún otro artículo hablando de Marbella la solución es relativamente simple, aunque políticamente debe de ser muy comprometida de tomar dados los intereses en juego.
Únicamente así se explica que nadie se atreva a plantearla. Consiste tan sólo en que los terrenos rústicos que se van a urbanizar se expropien a precios justos —justiprecio—, es decir, al precio de terreno rústico, y que posteriormente sean urbanizados por los poderes públicos y puestos en el mercado progresivamente en pública subasta.
Eliminada la expectativa de ganancia extraordinaria, se eliminaría también la posibilidad de corrupción. El complemento de la anterior medida consistiría en que la adjudicación se realizase con el compromiso del adquirente de construir en un determinado número de años, con lo que se evitaría también el acaparamiento del suelo y, por tanto, la correspondiente especulación.
Para llevar a cabo estas medidas sí que podrían y deberían hacer un pacto los dos partidos mayoritarios. Y un pacto podrían hacer también en algo que el PSOE ha insinuado, pero que sólo se ha atrevido a eso, a insinuar: retirar las competencias, o al menos parte de ellas, en materia urbanística a los Ayuntamientos. Antes o después, nos iremos dando cuenta de que para solucionar determinados problemas es imprescindible que previamente reconstruyamos el sector público que hemos desintegrado.
Entregar las competencias en materia urbanística a miles de entes dispersos y heterogéneos como son las corporaciones locales tenía por fuerza que terminar en un urbanismo caótico.
Me temo, sin embargo, que ninguno de estos pactos se llevará a cabo. Hay demasiados intereses en juego, quizás también la propia financiación de los partidos.
El PSOE será incapaz de enfrentarse a los partidos nacionalistas y el PP demostrará que su canto a España y al Estado es mera retórica y una táctica para desgastar al Gobierno, pero carente de interés si va de la mano con el PSOE.
Ambas formaciones políticas continuarán, no obstante, acusándose mutuamente y rasgándose las vestiduras por los escasos, comparados con el total, casos de corrupción que salgan a la luz.
Pero no harán nada para remediarlo. Nunca un problema ha tenido tan fácil solución.
Comentario a parte:
Sr. Martín Seco, para tener fácil solución, a las familias totalmente inocentes, nos están haciendo pasar una verdadera tortura.
Sin embargo las víctimas de la corrupción urbanística seguimos esperando una solución sin que las diferentes administraciones ya sean Gobierno Central, Gobiernos Autonómicos, Diputaciones, Ayuntamientos.
Congreso, Senado, Parlamentos Autonómicos.
Poder judicial.
Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes Comunidades
Tribunal Supremo
Tribunal Constitucional...
PSOE
PP
IU
CIU
PNV
CC
EA
PA
PRC
../...
Den una seguridad jurídica a los ciudadanos, hagan justicia con las víctimas de la corrupción urbanística criada entre las faldas de las Administraciones y en los aledaños de los partidos políticos.
Quizás por eso, desde nuestro punto de vista, es tan difícil la solución "el que es libre de culpa, de las instituciones, que tire la primera...."
18.10.07
Intifada en la Cañada Real
- Los vecinos se han amotinado contra la policía cuando iban a desalojar una casa
- Al menos 38 policías y cuatro civiles heridos de carácter leve
- Los residentes lanzan piedras, tejas e incluso bombonas de butano a los agentes
- El pasado 9 de octubre, el Ayuntamiento ya derribó 40 'viviendas'
- ROBERTO BÉCARES
MADRID.- A pedradas y golpes, como una verdadera batalla campal. Así se ha llevado a cabo el desalojo de una de las viviendas del poblado chabolista de la Cañada Real Galiana de Madrid. Decenas de vecinos, atrincherados en las casas, intentaban defender mediante la fuerza la vivienda de su compatriota Abdel Gailan.
La batalla ha comenzado cuando varios efectivos de la Policía Municipal y Nacional se disponían a desalojar y demoler la vivienda de Abdul, un marroquí casado y con dos hijos, de dos meses y tres años. En ese momento, los vecinos de la zona, la mayoría marroquíes y que no acudieron a sus trabajos para apoyar a Abdul, se han amotinado contra los cuerpos de seguridad como si de una verdadera guerra se tratara.
Bombonas de butano, tejas y piedras se han convertido por unos momentos en verdaderas armas de guerra que los vecinos lanzaban contra la policía desde cualquier punto del poblado.
El resultado: al menos 18 policías y cuatro civiles han tenido que ser atendidos por los facultativos del Samur.
Entre los más graves uno de los policías nacionales sufre una posible fractura de antebrazo y el otro, una contusión. De los policías municipales, uno sufre un golpe en la cabeza y el resto con contusiones.
Los tres civiles hospitalizados son dos hombres, uno con una posible perforación en un ojo y otro con una crisis de ansiedad, y una mujer embarazada de tres meses que, según fuentes de emergencias, no ha perdido el niño. Además, tres personas han sido detenidas.
Una niña con una pelota de goma antidisturbios observa a los agentes. (R. Bécares) MÁS FOTOS
La Cañada Real Galiana es un poblado chabolista situado muy cerca del vertedero de Valdemingómez, en el límite de la capital con la localidad de Rivas-Vaciamadrid, perpendicular a la carretera de Valencia, donde viven unas 30.000 personas en unas 2.000 edificaciones, todas ellas ilegales.
El pasado 9 de octubre, el Ayuntamiento ya derribó 40 'viviendas', lo que obligó a desalojar a las familias que vivían en ellas, casi todas de nacionalidad marroquí. Los afectados se quejaron entonces, no por la destrucción de las 'viviendas en sí', sino porque todo sucedió días antes de que se terminase el Ramadán.
En agosto, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que este mandato municipal supondría el "fin del chabolismo" en la capital y aseguró, que al término de esta legislatura, desaparecerán todos los núcleos chabolistas que existían cuando se inició "y las familias serán realojadas". Además, propuso la creación de un consorcio conjunto con la Comunidad y el gobierno central para "abordar todos los problemas" de la Cañada Real.
23.10.07
INSEGURIDAD JURIDICA Y/O ESTAFA INSTITUCIONAL
INSEGURIDAD JURÍDICA
Comentaba el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el Sr. Cesar Tolosa, sobre a la admisión del Recurso de Queja por el Tribunal Supremo, presentado por el Ayuntamiento de Piélagos en referencia al Plan Parcial del Alto del Cuco, que esa decisión no creaba Inseguridad Jurídica.
Realmente puede ser literalmente cierto, pero no es menos cierto, que la situación en que se encuentran actualmente todos los afectados por las sentencias de derribo, o por la anulación de normas urbanísticas en Cantabria, si tienen una relación directa con la Inseguridad Jurídica que se ha producido en nuestra comunidad, cuyas consecuencias son que más de 1.000 familias pueden ver sus viviendas derribadas.
Quizás las condenas a la Administración no cree Inseguridad Jurídica, aunque algo sospecho pasa, cuando no se toman medidas para que estos actos ilícitos se sigan produciendo año tras año y las sentencias vayan cayendo una detrás de otra, sin que nadie tome ninguna medida, ni haya responsables.
Ahora, lo que a mi entender no ofrece ninguna duda, es la Inseguridad Jurídica en la que se encuentran los ciudadanos que compran una vivienda y todas Instituciones / Administraciones, declaran a la hora de la compra la legalidad de las misma, así se expiden los documentos acreditativos, aprobación de PGOU, Planes Parciales, Estudios de Detalle, Licencia de Obras, Cédula de habitabilidad, aprobación por los órganos autonómicos de urbanismo de la legalidad de las vivienda, ya sea a través de Comisión Regional Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), a través de Resoluciones del Consejería de Medio Ambiente, Informes Ambientales, Informes Territoriales..., se cobran los IBIs correspondientes y demás impuestos, se realizan todas la gestiones posibles ante las Administraciones y estas certifican, la legalidad de estas viviendas.
Creo que nadie duda, a estas alturas, que la vivienda que estas familias compraron eran, en ese momento, viviendas que cumplían en su totalidad la legalidad vigente.
Aquí viene lo que se podía considerar como "estafa institucional", si la familia que compra una vivienda lo ha realizado dentro de la más estricta legalidad, ¿cómo es posible que estas vivienda posteriormente tengan una sentencia de derribo?, en la mayoría de los casos firmes, pero para mayor injusticia, la familia propietaria de la vivienda nunca supo de la existencia de una demanda contra su hogar, hasta que había una condena al derribo de la misma, por lo tanto, no ha podido ni defender sus derechos, ya que no ha podido ser ni en parte el proceso judicial. Cabe mayor indefensión, cabe mayor Inseguridad Jurídica.
Como es posible, que nadie haya tomado medidas cautelares, si estas viviendas podían ser ilegales, como no se informa a esta familia antes de realizar la mayor inversión de su vida, no han tenido la más mínimas garantías de las que goza cualquier comprador o consumidor.
A estas familias se les ha "estafado", vendiéndoles algo como legal cuando posteriormente no lo era, se les ha vendido algo con vicio oculto, ya que ellos no tenían ni las más mínima información de que su vivienda pudiera ser ilegal.
Pero los Juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Gobierno de Cantabria, los demandantes y los Ayuntamientos implicados si tenían esta información, y además tenían todos obligación de comunicarlo, y el demandante la de la ética de los comportamientos, sin embargo "supuestamente estafaron" a estos ciudadanos, no avisándolos siendo su obligación, no comunicándoles que la vivienda que iban a comparar podía ser derriba por no cumplir la legalidad.
Que duro, que sin sentido, que quién tiene la obligación constitucional de proteger y respetar tus derechos sea quien los viole de esta forma, que quien paga la pena, la condena de la incertidumbre, del miedo, de la perdida de la salud sean ciudadanos que han confiado en el funcionamiento de estas instituciones.
Cómo se pueden sentir los ciudadanos que ven como se licitan sus vivienda para el derribo y ellos no están condenados por nada, ni son culpables de nada.
Por favor, por justicia paren estas licitaciones a toda luces injustas.
Esto con todo mi respeto Sr. Tolosa esto si es Inseguridad Jurídica, para nosotros también "presunta estafa institucional".
Y lo peor es que, esto que hemos relatado anteriormente, se puede volver a repetir, porque no se han tomado la medidas necesarias ni legislativas, ni informativas.
Espero de verdad, que las propuestas de la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria Dª. Pilar Martín Najera tengan una rápida y buena acogida, que se tomen las medidas cautelares que con nosotros no se tomaron, que los fiscales actúen de oficio en estos casos donde los ciudadanos estamos totalmente indefensos.
No hace mucho tiempo tuve el placer de hablar con ud. y tengo un grato recuerdo de esa entrevista, por su compresión, por sus consejos, por su amabilidad, pero hace dos años tuve una sensación muy parecida por el Presidente de Gobierno de Cantabria que se ponía en nuestro lugar y mandaba al Gobierno a trabajar para buscar una solución, dos años después ni una sola familia ha resuelto su situación de injusticia. Agradecemos sinceramente los ánimos, la comprensión, pero al que le van a derribar su vivienda necesita sobre todo una solución.
Ni siquiera hay una línea para buscar la responsabilidades de quienes han podido cometer, lo que desde mi punto de vista, se puede definir como una "estafa institucional". Creo sinceramente que lo importante es el futuro y para ello entre todos los estamentos tienen que tomar medidas: Por urgencia, los Jueces que deben paralizar las licitaciones para el derribo de viviendas de inocentes, después del derribo ya no hay solución, hay dolor, injusticia, conflictividad social, perdida del patrimonio individual y colectivo, siguiendo por el Parlamento de Cantabria que debe arbitrar medidas legislativas que los jueces puedan aplicar para no dejar en el profundo desamparo que actualmente están tantas familias.
El Gobierno de Cantabria, con su Presidente Sr. Revilla , tiene que cumplir su palabra y poner los medios técnicos y económicos necesarios, los Ayuntamientos tienen que estar cerca de sus vecinos y ellos que junto con el Gobierno son los condenados tienen que ser los que faciliten las soluciones, por último los demandantes que muestran su sensibilidad hacia la naturaleza, que también la tengan para la naturaleza humana, así entre todos dar satisfacción a quienes durante más de 10 años sufren esta situación de injusticia.
Por favor, que nadie busque ataques personales, políticos, o de otra clase, aunque hay quien piensa que si se cortaran carreteras, se incendiaran contenedores, se quemaran fotografías, se hicieran manifestaciones delante de las viviendas de los responsables, esto ya se habría solucionado. Este colectivo de AMA es pacifico y actúa dentro de la legalidad, respetando a todo y a todos, esperamos que alguna vez se reconozca nuestros derechos, ya lo único que se busca es una solución para una situación tremendamente injusta y afecta a muchas familias en nuestra comunidad, Por todo ello, por una Cantabria más justa y solidaria , que desaparezca la Inseguridad Jurídica que tanto estamos sufriendo.
¿Tanto es pedir, vivir en nuestra vivienda compradas legalmente?.
29.10.07
24 DE NOVIEMBRE SUBE AL TREN DE LOS INOCENTES
24 de Noviembre
La Asociación de Maltratados por la Administración - AMA, con tu ayuda, realizará una gran manifestación contra el derribo de viviendas de inocentes.
Para ello, nos subiremos al Tren de los Inocentes que saldrá a las
10 de la mañana de la Estación de Gama
llegando a
Santander a las 11 horas
Con el lema:
CONTRA EL DERRIBO DE VIVIENDAS DE INOCENTES
Pedimos
Una solución definitiva
a tantos años de sufrimiento.
Te invitamos a participar
para que nunca nadie
sea desposeido
de sus derechos
y
pisoteado
por las Administraciones.
Por una Cantabria más justa,
ven el Sábado
24 de noviembre a
SANTANDER.
NO DERRIBOS, NO DERRIBOS, NO DERRIBOS
SOLAMENTE PEDIMOS JUSTICIA
071031 REUNION DE AMA EN ARGOÑOS
TREN DE LOS INOCENTES
05.11.07
TODOS EL 24 DE NOVIEMBRE AL TREN DE LOS INOCENTES
El sábado 3 de noviembre más de 100 personas, estuvimos organizando el Tren de los Inocentes.
Pedimos a todo el que pueda que se sume a esta iniciativa que con la que pretendemos pedir al Parlamento de Cantabria una solución para todas las familias que tenemos una sentencia de derribo por culpa de la Administración.
TODOS EL 24 DE NOVIEMBRE AL TREN DE LOS INOCENTES
Las instituciones de Cantabria, Gobierno y Ayuntamiento son los condenados y más de mil familias pagamos las consecuencias de sus actos.
No ofrece ninguna duda, es la Inseguridad Jurídica en la que nos encontramos los ciudadanos que compramos una vivienda, todas Instituciones / Administraciones, declaran a la hora de la compra la legalidad de las misma, así se expiden los documentos acreditativos, aprobación de PGOU, Planes Parciales, Estudios de Detalle, Licencia de Obras, Cédula de habitabilidad, aprobación por los órganos autonómicos de urbanismo de la legalidad de las vivienda, ya sea a través de Comisión Regional Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), a través de Resoluciones del Consejería de Medio Ambiente, Informes Ambientales, Informes Territoriales..., se cobran los IBIs correspondientes y demás impuestos, se realizan todas la gestiones posibles ante las Administraciones y estas certifican, la legalidad de estas viviendas.
Nadie duda, a estas alturas, que las viviendas eran , en ese momento, viviendas que cumplían en su totalidad la legalidad vigente.
Aquí viene lo que se podía considerar como "ESTAFA INSTITUCIONAL", si la familia que compra una vivienda lo ha realizado dentro de la más estricta legalidad, ¿cómo es posible que estas vivienda posteriormente tengan una sentencia de derribo?, en la mayoría de los casos firmes.
Para mayor injusticia, la familia propietaria de la vivienda nunca supo de la existencia de una demanda contra su hogar, hasta que había una condena al derribo de la misma, por lo tanto, no ha podido ni defender sus derechos, ya que no ha podido ser ni en parte el proceso judicial. Cabe mayor indefensión, cabe mayor Inseguridad Jurídica.
Como es posible, que nadie haya tomado medidas cautelares, si estas viviendas podían ser ilegales, como no se informa a esta familia antes de realizar la mayor inversión de su vida, no han tenido la más mínimas garantías de las que goza cualquier comprador o consumidor.
A las familias se nos ha "ESTAFADO", vendiéndonos algo como legal cuando posteriormente no lo era, se nos ha vendido algo con vicio oculto, ya que no teníamos ni las más mínima información de que la vivienda pudiera ser ilegal.
Pero los Juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Gobierno de Cantabria, los demandantes y los Ayuntamientos implicados si tenían esta información, y además tenían todos obligación de comunicarlo, y el demandante la de la ética de los comportamientos, sin embargo "supuestamente nos estafaron", no avisándonos siendo su obligación, no comunicándonos que la vivienda que ibamos a comparar podía ser derriba por no cumplir la legalidad.
Que duro, que sin sentido, que quién tiene la obligación constitucional de proteger y respetar tus derechos sea quien los viole de esta forma, que quien paga la pena, la condena de la incertidumbre, del miedo, de la perdida de la salud sean ciudadanos que han confiado en el funcionamiento de estas instituciones.
Cómo se pueden sentir los ciudadanos que ven como se licitan sus vivienda para el derribo no estando condenados por nada, ni siendo culpables de nada.
Por favor y sobre todo por justicia paren estas licitaciones a toda luces injustas.
Por ello el Parlamento de Cantabria nos debe una resolución que haga justicia por el sufrimiento que durante tantos años nos han producido sin que tengamos culpa de nada.
Hace más de dos años el Defensor del Pueblo daba las soluciones:
1º Legalización y/o regularización (cuando sea posible, y en la casi totalidad de los casos los es)
2º Aprovechamientos urbanísticos cuando la no sea posible la legalización
3º Indemnización justa antes del derribo de las viviendas de inocentes (cuando así lo acuerden las instituciones y las víctimas)
Pero que nunca una familia se quede en la calle, sin su vivienda y sin una solución.
Somos víctimas de las Inseguridad Jurídica que se ha creado en nuestra comunidad, de la corrupción urbanística de promotores, constructores pero sobre todo de la corrupción que anida en las administraciones públicas y en sus aledaños.
Con nosotros se he hecho un verdadero atropello, un despropósito, pero sobre todo una gran injusticia, que sino se ponen medios puede volver a suceder a cualquier familia de nuestra comunidad.
El Presidente del Gobierno tanto en su cargo actual, como en los que ha tenido anterior, tiene una responsabilidad directa sobre la situación que actualmente sufrimos. Ha comentado públicamente que va a buscar soluciones, pero los años van pasando y la única solución que conocemos son las licitaciones mandadas por las jueces para el derribo de nuestras viviendas.
Los Ayuntamientos condenados, siempre nos dicen que no nos preocupemos que se va a solucionar todo, pero la realidad ni mala palabra ni una sola solución. Ellos son los máximos culpables de toda esta situación, ellos han dado de mamar a la criatura mediante las licencias, estudios de detalle... que posteriormente la justicia ha declarado ilegales. Tienen que pagar por lo que han hecho, pero no en la cabeza de las familias inocentes como actualmente.
La Justicia, que sabe de la situación de desprotección que hemos y estamos sufrido por le falta de medidas cautelares, sigue erré, que erré, dando palos a los que no tenemos culpa de nada, para cuando una revisión de sus actuaciones que pudiera servir para que los ciudadanos no se sientan tan desprotegidos en nuestra comunidad.
Estamos seguros que si las decisiones de derribar viviendas afectaran a sus familias seguro, pero seguro que se encontrarían medios para aplicar la justicia sin hacer el máximo daño al más débil.
Aquellos que públicamente han manifestado que han creado intencionadamente y maquiavélicamente la inseguridad jurídica para presionar al Gobierno de Cantabria y ahora nosotros somos sus víctimas, que les da tanta vergüenza que no nos quieren ni ver, ni por su puesto recibir. Esa falta de ética en los comportamientos hará que la sociedad cántabra les haga pagar un gran peaje.
El Parlamento poseedor de la representatividad de nuestra Comunidad tiene que dar un paso adelante, para que en Cantabria no suceda, que uno cometa el delito y otros que n paguen su pena. Que legislen sobre su territorio, que es su responsabilidad, no como ha sucedido durante muchos años, donde Asociaciones privadas y la justicia han decido donde se puede o no se puede construir, eso es responsabilidad del Parlamento de Cantabria.
Pedimos al Parlamento una resolución que haga justicia en nuestra Comunidad
Lo peor es que, esto que hemos relatado anteriormente, se puede volver a repetir, porque no se han tomado la medidas necesarias ni legislativas, ni informativas.
Los afectados solamente pedimos, vivir en nuestra vivienda compradas legalmente y que NUNCA MAS nadie tenga que pasar por esta injusticia.
TU SOLIDARIDAD NUESTRA FUERZA
TODOS
EL 24 DE NOVIEMBRE
AL TREN DE LOS INOCENTES
CON TU PRESENCIA
EN EL TREN DE LOS INOCENTES CONSEGUIREMOS
HACER
UNA CANTABRIA MAS JUSTA.
07.11.07
Este fin de semana hemos estado preparando la MANIFESTACION que vamos a realizar el sábado 24 de noviembre en el TREN de los INOCENTES, así como las banderas y pancartas.
Las juventudes de AMA nos han ayudado y mucho
Entre todos tenemos que conseguir que se haga justicia
El estado de cabreo es muy grande entre las víctimas de las sentencias de derribo, la situación con las nuevas licitaciones no han hecho más aumentar el nerviosismo.
La verdad, es que hay situaciones muy difíciles de sobrellevar.
Queremos mandar también nuestro sentido pésame y nuestro sentimiento de tristeza por la perdida del amigo Santos, lo que trasladamos a la familia de Santos García Zubieta, vecino nuestro de la urbanización Pueblo del Mar I, del número 39, que falleció este fin de semana, con sus cerca de 80 años nunca faltaba a nuestras manifestaciones, apoyándonos con sus muestras de afecto a los que organizábamos las mismas.
Todo el que quiera despedir al amigo Santos puede realizarlo:
El funeral será el día 12 a las 7 de la tarde en la iglesia de la Mercedes en Las Arenas.
Es duro, muy duro ver como nuestros amigos van desapareciendo.
08.11.07
¡¡ ES LEGAL CREAR INSEGURIDAD JURIDICA INTENCIONADAMENTE !!
Ni ponemos, ni quitamos solamente resaltamos.
Resaltamos frases que deberían hacer actuar:
A la Fiscalia, que desde luego le dan materia sobre la corrupción urbanística en Cantabria.
¿Qué hará la Fiscalía?
Pero sobre todo a los Partidos Políticos de Cantabria o asumen que se financian ilegalmente mediante la corrupción urbanística en nuestra comunidad.
¿Tomarán alguna acción legal?
Y que pasará con los que intentan sobornar
¿Estará en la cárcel el empresario que intentó sobornar a ARCA?
Los que han creado Inseguridad Jurídica maquiavilicamente, los que han generado que más de mil familias vivan una pesadilla durante más de 10 años
¿Es un comportamiento ético?
¿Es un comportamiento legal crear Inseguridad Jurídica deliberadamente?
¿Los fines justifican los medios?.
Cada uno es dueño se sus palabras, pero que palabra se puede usar para los que hacen sufrir a los demás deliberadamente.
¡ojo esta entrevista tiene año y medio!
¿Conoces alguna consecuencia de estas denuncias?
Entrevista de EFE al Presidente de ARCA
-->>[EFE] [08/04/06 | 20:13 h.]
NOTA: ARCA agradece a la Agencia EFE la gentileza de ofrecernos una información a la que solo tienen acceso los abonados. Muchas gracias
El origen de la corrupción urbanística está en la financiación de los partidos
Santander, 5 abr (EFE).- El presidente de ARCA, Gonzalo Canales, asegura que Cantabria padece una corrupción urbanística con "una estructura igual" a la que se ha detectado en Marbella, aunque a una escala menor, y sostiene que el "origen" de ese fenómeno está "en un tema clave, tabú: la financiación de los partidos políticos".
"Hoy por hoy, el grueso de los partidos políticos se financia con dinero procedente del urbanismo, del urbanismo municipal o regional, por procedimientos más o menos oscuros o mediante las donaciones anónimas que permite la ley. Ese es el 'quid' de la corrupción urbanística no sólo en Cantabria, sino en toda España", denuncia.
Canales preside desde hace doce años ARCA, una agrupación ecologista que presume de haberse convertido en "un referente en materia de urbanismo" en Cantabria, tras haber conseguido 16 sentencias de demolición contra urbanizaciones en la costa, haber demostrado la ilegalidad de una decena de planes municipales y haber ganado en los tribunales al propio Ministerio de Medio Ambiente en la polémica por la depuradora del saneamiento Saja-Besaya.
En una entrevista con Efe, este militante ecologista, comerciante de profesión, explica cómo ve el urbanismo de Cantabria, los paralelismos y diferencias que observa con el caso de Marbella y las amenazas, presiones e intentos de soborno que asegura que ha sufrido ARCA desde que decidió centrar su estrategia en los tribunales.
"Realmente somos un referente en el tema del urbanismo en Cantabria. Lo notamos porque nos llaman. Nos llama cantidad de gente para ver si su casa es legal o no es legal, para asesorarse sobre si pueden comprar en tal o cual urbanización. Y también nos han llamado constructores para preguntarnos si nos vamos a meter con ellos. Uno llegó incluso a pedirnos un certificado de que no nos íbamos a meter con su urbanización porque decía que se lo exigía el banco", relata.
Canales cree que ARCA se ha ganado un puesto en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) por los éxitos que ha logrado en los tribunales y defiende que, si no está en ella, se debe a que "la clase política no está preparada" para compartir ese tipo de órganos con asociaciones "absolutamente independientes", sin ningún condicionante político o económico en sus decisiones. "Esa independencia les da mucho miedo", sentencia.
El presidente de la asociación sostiene que su experiencia de años de contacto con la administración, de visitar ayuntamientos y de revisar expedientes le dice que la corrupción urbanística no tiene color político, sino que "es un denominador común a todos los partidos". "El día que se solvente el tema de la financiación de los partidos se habrá dado un gran paso para acabar ella", defiende.
Canales reconoce que observa con expectación el proceso judicial que se ha abierto en Marbella en torno a la corrupción urbanística, "porque de alguna manera abre la veda para que los jueces se atrevan a meterse con un alcalde, con un político".
Sin embargo, matiza, el modelo de urbanismo del Mediterráneo está en unos presupuestos y en unas dimensiones que no han llegado aún a Cantabria. Pero empieza a haber intentos de trasladarlo, avisa.
Como ejemplo cita la promoción de 2.000 viviendas y dos campos de golf que una empresa quiere llevar a cabo en el entorno de la playa de Langre y que ARCA ha denunciado "con dureza", explica, porque puede "abrir una puerta peligrosísima de mediterraneización".
Canales admite que, "aunque resulte maquiavélico", ARCA ha intentado generar inseguridad jurídica en la costa de Cantabria por la vía de no desvelar nunca hacia dónde iba ir su siguiente recurso, pero recalca que lo ha hecho para que se aprobara un Plan de Ordenación del Litoral, porque la "seguridad jurídica que algunos pretendían era la de las componendas, los apaños".
Y "nunca", subraya, ha seleccionado los ayuntamientos donde actúa por el partido que los gobierne, ni ha aceptado ninguno de los sobornos que le ha ofrecido: algunos sutiles, en forma de propuesta de asesoramiento a empresas constructoras, y otros, los menos, "con un intento directo de poner dinero sobre la mesa".
Además, aclara que ARCA se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios, a pesar de las sospechas que, a su juicio, lanzan para "demonizarla" aquellos a los que molesta su actividad. EFE-Cantabria
13.11.07
TE INVITAMOS AL TREN DE LOS INOCENTES
revilla, satisfecho de su reunión con zapatero
Cantabria contará con dos trenes de alta velocidad a Bilbao y Madrid
La autopista Dos Mares, la autovía de la Meseta y el Campus Comillas, otros proyectos debatidos en la larga reunión mantenida en La Moncloa, tras la cual Revilla cree que el Estado saldará "la deuda histórica" que mantiene con la comunidad
Estamos contentos el Sr. Presidente Miguel Ángel Revilla ha anunciado que nuestra comunidad no va tener un tren de alta velocidad sino que va a tener dos "AVES".
Esperamos que sus palabras se conviertan en realidades y no sean puro populismo y demagogia, ya que a nosotros aun nos duelen el recuerdo de sus palabras diciendo que "ponía su Gobierno a trabajar para resolver el grave problema de las sentencias de derribo, que se ponía es nuestro lugar y que nosotros no teníamos culpa de nada".
Que palabras más justas, más bien dichas, pero la realidad es que casi dos años después las licitaciones para los derribos caen una detrás de otra y el Gobierno de Cantabria no ha resuelto ni un sólo caso.
Ninguna de las más de mil familias afectadas por esta injusticia pueden decir que su presidente les ha ayudado a subsanar una situación que ha sido creada por él en sus anteriores responsabilidades y por los ayuntamientos implicados.
Por ello no se si nos montaremos en AVE en Cantabria, espero de corazón que así sea, pero desde este blog lo si puedes es montarte en El Tren de los Inocentes, para pedir que las palabras del Presidente del Gobierno de Cantabria Miguel Ángel Revilla se hagan realidad y cese la situación de injusticia de estas familias.
ESPERAMOS QUE EL SR. REVILLA SALDE LA DEUDA MORAL E HISTORICA QUE TIENE CON TODAS ESTAS FAMILIAS.
16.11.07
SÚBETE AL TREN DE LOS INOCENTES --> CONTRA EL DERRIBO DE VIVIENDAS DE INOCENTES
EL TREN DE LOS INOCENTES
DIA: SABADO 24 DE NOVIEMBRRE
ORGANIZA: AMA
RECORRIDO:
10:00 GAMA -> 11:00 ESTACIÓN TREN SANTANDER -
11:30 AYUNTAMIENTO -> 12:30 PARLAMENTO DE CANTABRIA
LEMA: NO AL DERRIBO DE VIVIENDAS DE INOCENTES
La Asociación Maltratados por la Administración (AMA) ha convocado para el sábado 24 de noviembre una manifestación con el nombre del TREN DE LOS INOCENTES, que partirá a las 10 horas en un tren especial desde GAMA a SANTANDER donde llegará sobre las 11 horas.
Unos 150 afectados irán en el Tren de los Inocentes con banderas, pancartas y casas de cartón. En la estación de FEVE de Santander se unirán a los que se desplacen en otros medios y todos juntos se dirigirán hasta la plaza del Ayuntamiento.
A las 11:30, en dicha plaza, se representará, con viviendas realizadas en cartón y con todos los manifestantes convertidos en actores, el intento de derribo de viviendas de inocentes. La representación lleva por título NO DERRIBOS DE VIVIENDAS DE INOCENTES.
Posteriormente, a las 12:30, la manifestación se dirigirá al Parlamento de Cantabria, donde se han solicitado reuniones con el Presidente del Parlamento y con los Portavoces de todos los Grupos Políticos, con el fin de que el Parlamento de una solución a la injusticia que viven más de 1000 familias en nuestra comunidad.
Pedimos al Parlamento una resolución que haga justicia en nuestra Comunidad, dando los pasos y poniendo los instrumentos necesarios para que se legalicen todas las viviendas, como se está haciendo en otras comunidades.
Desde AMA queremos manifestar el nerviosismo, malestar y frustración por la falta de actuaciones y soluciones del Gobierno de Cantabria y de los Ayuntamientos implicados. Ellos son los condenados y nosotros pagamos su penas.
En concreto, la actitud del Gobierno de Cantabria; según las palabras del presidente, el mismo se había puesto "a trabajar al mismo para solucionar esta injusticia". De esto hace dos años, no conocemos ni una actuación, ni una solución, estamos tremendamente desilusionados con el Presidente del Gobierno que tiene una Deuda Moral con todos estas familias, y ya también una Deuda Histórica por los años que llevamos sufriendo esta situación creada directamente por su gestión.
Antes nos hablaban de aprovechamiento urbanísticos,... pero ahora nada de nada. Queremos recordar al Sr. Revilla que su Gobierno está condenado por ocasionar daños morales a estas familias (en cuatro sentencias, dos de ellas firmes), su responsabilidad es resolver esta situación, la de los jueces dilucidar si las actuaciones de estos señores se han ajustado a derecho.
18.11.07
DEUDA MORAL Y DEUDA HISTORICA DEL SR. REVILLA CON MAS DE 1000 FAMILIAS
REGION
Los afectados por sentencias de derribo reanudan sus protestas
El próximo sábado viajarán en tren desde Gama a Santander
17.11.07 -
R. ALONSO
Movilización desarrollada el pasado verano. / DM
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha convocado para el sábado 24 de noviembre una nueva acción de protesta bajo el nombre el 'tren de los inocentes'. Este tren partirá a las 10 horas de la estación de Gama para llegar a la de Santander alrededor de las once de la mañana. Unos 150 afectados viajarán en el 'tren de los inocentes' con banderas, pancartas y casas de cartón.
En la estación de FEVE de Santander se unirán a los que se desplacen en otros medios y todos juntos se dirigirán hasta la plaza del Ayuntamiento.
A las 11,30 en el Ayuntamiento se representará, con viviendas realizadas en cartón y con todos los manifestantes convertidos en actores, el intento de derribo de sus casas. La representación lleva por título 'No derribos de viviendas de inocentes'.
Posteriormente, a las 12,30, la manifestación se dirigirá al Parlamento de Cantabria, donde se han solicitado reuniones con el presidente del Parlamento y con los portavoces de todos los grupos políticos, con el fin de que el Parlamento de una solución a la injusticia que viven más de mil familias en nuestra comunidad.
Desde la asociación se pide al Parlamento una resolución que ponga en marcha los instrumentos necesarios para que se legalicen todas las viviendas, como se está haciendo en otras comunidades.
Desde AMA denuncian la actitud del Gobierno de Cantabria; que hace dos años, según el presidente regional, se había puesto «a trabajar para solucionar esta injusticia». Según AMA, de esto «hace dos años, no conocemos ni una actuación ni una solución, por lo que estamos tremendamente desilusionados con el presidente del Gobierno que tiene una deuda moral con estas familias y también una deuda histórica por los años que llevamos sufriendo esta situación creada directamente por su gestión».
21.11.07
Por el dolor de más de 1000 familias
PERDONEN QUE NOS ENFADEMOS, PERO
LOS MUERTOS SON NUESTROS AMIGOS
Es duro, muy duro convivir todos los días con la tensión de que en cualquier momento te puedan derribar tu casa, máxime cuando no tienes culpa de nada.
Por un momento, amigo lector, cierre los ojos y piense que es su vivienda la que pueden derribar, da miedo, angustia; llevar así más de 10 años, es duro, muy duro.
Para muchas familias su vivienda lo esto todo, incluso un derecho constitucional que no han respetado, su derribo es dejar en la calle a personas totalmente inocentes.
Dice un amigo: "donde vivo los mejores momentos de mi vida, donde celebro los cumpleaños de mis hijos, donde disfruto viéndoles crecer, donde creo mis sueños, donde hablo relajadamente con mis amigos y vecinos, pero además es que mi casa es la ilusión de toda una vida, donde hemos invertido todos nuestros ahorros y donde con estos problemas nos la están robando". Por ello, cuando hablan de su derribo, es como si esa parte de la vida nos la arrebatarán. Nos decía Teo "si tiran mi casa que me tiren con ella dentro".
Esta semana redactábamos una nota de prensa con el fin anunciar nuestra manifestación del Tren de los Inocentes y cuando íbamos pensado qué y cómo decirlo, nos acordábamos de nuestro amigo Dani, responsable de nuestras comunicaciones que nos abandono recientemente.
Él era un profesional del medio, pero sobre todo un hombre bueno, sensato y moderado, sus consejos, su recuerdo, los sentimientos nos golpean haciéndonos un nudo en el estómago, humedeciendo nuestros ojos y nublando la pantalla. Hasta dos días antes de morir Dani estaba ayudándonos, el luchó con todas sus fuerzas para que no continuará esta injusticia.
Uno siente la pena de la pérdida del amigo y la pena sobreañadida de ver que nos dejó sin ver su ilusión cumplida, la de tener su vivienda totalmente legal, como él la había comprado y su familia disfrutando de la misma.
Hace apenas unas días perdíamos otro amigo, Santos, que con cerca de 80 años estaba en todas nuestras manifestaciones, las amenizaba con su agradable voz modelada en el coro de la parroquia. Nos decía: "gracias a vosotros no nos tiran las casas, os merecéis un monumento", cuando quien realmente se merecía el monumento era él, que en su situación, a su edad, animaba con una sonrisa a los demás.
La realidad es que cada vez somos menos, (son muchos los amigos que se han ido bajando del tren de la vida, incluso alguno voluntariamente), más tocados, pero al igual que Dani, Santos y todos los demás que nos han dejado, estamos dispuestos a defender esa parte de nuestra vida hasta el final. Una de las pancartas de Arnuero manifiesta perfectamente nuestro sentir "de nuestras casas nos sacarán con los pies por delante".
Desde AMA nunca haremos daño a los demás, militamos activamente en el pacifismo, hemos sufrido tanto, que no nos podemos permitir que otros pasen por nuestra situación.
Por ello, queremos decir alto y claro, que estamos dispuestos a dejar nuestras vidas antes de consentir que nos derriben, que nosotros no haremos daño a los demás ("nunca mataré por una idea, pero sí estamos dispuestos a morir por ella", -Gandhi-). Se lo decimos al Sr. Revilla máximo responsable de nuestra situación, se lo decimos al Sr. Tolosa, ya que cada vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dicta una licitación para derribo esta literalmente acabando con nosotros física y moralmente. Se lo decimos también a toda la sociedad cántabra para que sea consciente de la injusticia que se comete, ya que, a nosotros nadie nos ha condenado pero son nuestras casas las que derriban.
Cada vez somos menos, estamos más desesperados, pero nuestra decisión también es firme.
Acusamos al Sr. Revilla, su Gobierno y Ayuntamientos implicados del delito continuado de denegación de auxilio o mejor expresado omisión del deber de socorro: "El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros...", con las agravantes de premeditación y alevosía.
Acusamos a los Sres. Antonio Vercher, Martín Pallín... y a todos aquellos que piden el derribo de nuestras viviendas sin hacer nada por reparar el daño causado a tantas personas inocentes; su comportamiento es cínico, de mala fe y, sobre todo, ocasionan un sufrimiento inmerecido e inútil a nuestras familias.
Han atropellado nuestros derechos con el camión de la injusticia, de la indiferencia y se han dado posteriormente a la fuga; no han querido saber nada de nosotros, nos han mareado y engañado mándanos de institución en institución y para terminar quieren derribar nuestras ilusiones, nuestra vida.
Las armas de la injusticia las disparan desde el poder, perdóneme que me enfade, pero los muertos son nuestros, son nuestros amigos y son muchos los que nos han dejado con la pena de ver a sus familias maltratadas por las instituciones.
25.11.07
Estamos dispuestos a morir dentro de nuestras viviendas
«Moriremos dentro de las casas antes de permitir los derribos»
La Asociación de Maltratados por la Administración protagonizó ayer nuevas movilizaciones en Santander
25.11.2007 -
R. ALONSO
Los afectados por las sentencias de
derribo se manifestaron desde la
plaza del Ayuntamiento hasta la sede
del Parlamento. / R. ALONSO
El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), aseguró ayer que están dispuestos a morir dentro de sus viviendas antes que permitir el derribo. «Lo harán con nosotros dentro y nos tendrán que sacar con los pies por delante», declaró Vilela durante la llegada del 'Tren de la Inocencia' a Santander procedente de la estación de Gama, en Bárcena de Cicero. Los viajeros, algo más de cien, escenificaron el intento de derribo de sus viviendas de cartón en la Plaza del Ayuntamiento de Santander. Los afectados mostraron pancartas de protesta en las que vieron rótulos como 'No a la corrupción urbanística', 'Gobierno culpable, 2.000 victimas', mientras se escuchaban silbatos y gritos con mensajes como: 'Revilla y Mazón, dimisión'. Antonio Vilela criticó al presidente cántabro «por no trabajar en la búsqueda de una solución, a pesar de prometerlo hace dos años», y declaró que «ARCA tiene la conciencia envenenada por el maltratado recibido durante muchos años».
Los alcaldes de estos municipios, Juan José Barruetabeña, de Argoños, y José Manuel Igual, de Arnuero, recibieron a los integrantes de esta asociación en el Parlamento, junto al portavoz del PP, Joaquín Rodríguez. Además, se entrevistaron con la vicepresidenta de esta institución, Rosa Valdés (PRC).
Así, se acordó mantener una reunión conjunta con todos los grupos parlamentarios para el día 29 de noviembre, jueves, a las 14 horas.
27.11.07
Ha sido un fin de semana muy intenso, por las emociones vividas.
Los abuelos nos han enseñado eL camino
Hemos viajado en el Tren de los Inocentes mostrando nuestras heridas de los muchos años que llevamos soportando el desprecio de las instituciones.
Hemos montado en Tren de la Esperanza de un futuro mejor para todos.
Hemos caminado por Santander ondeando nuestras banderas de inocentes y hemos recibido muestras solidaridad de muchos amigos.
Hemos representado nuestra propio historia, donde el Gobierno de Cantabria, los Ayuntamiento implicados, la Justicia y ARCA intentaban derribar nuestro hogares defendidos por nuestras familias desde los abuelos hasta lo nietos.
Hemos gritado al Parlamento que no queremos derribos de viviendas de inocentes, que queremos nuestras casas compradas legalmente.
Nos hemos reunido con representantes de los ciudadanos en el Parlamento y les hemos transmitido los que decían nuestras pancartas, Legalización es la solución. Gobierno culpable, 2000 victimas. No a la corrupción urbanística. Contra la corrupción urbanística justicia y regularización...
Esperamos su respuesta en forma de leyes, de resoluciones, bueno lo que esperamos son soluciones de nuestros representantes.
Mil familias ponemos nuestras ilusiones en que el Parlamento de Cantabria esperando que sea capaz de dar una respuesta justa a nuestra situación y una satisfacción a todos los que llevamos tantos años de sufrimiento
Nosotros sin cometer delito alguno hemos sido tratados como delincuentes y de los verdaderos delincuentes no sabemos nada, han sido transparentes para la justicia, nunca los ha visto, nunca los ha encontrado.
Que no sigamos pagando la condena que corresponde a otros.
Nuestras pancartas lo dicen claramente:
LEGALIZACION ES LA SOLUCION
SOLAMENTE PEDIMOS, JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA.
Siempre nos queda la esperanza
De que un día ellos puedan jugar en sus casas siendo las mismas legales como las compraron sus padres y abuelos.
Habrá un día en que todo esto sea una pesadilla que forme parte de las nuestra historia, sólo esperamos que ese día no tarde mucho, para que todos podamos disfrutar de un sueño hecho realidad, disfrutar de nuestra vivienda con los nuestros y con todos aquellos que en este largo recorrido nos han ayudado.
08.12.07
Este artículo fue escrito ya hace mucho tiempo, pero su vigencia, su razonamiento, el hecho de que en enero nuestra comunidad autonoma tenga la competencias de justicia, a través del Consejero de Presidencia y Justicia Sr. José Vicente Mediavilla, persona que anteriormente ha dirigido el urbanismo en nuestra comunidad, nos hace volver a reflexionar sobre lo que leímos hace ya tiempo, esperando que cualquier tiempo futuro sea mucho mejor
UNA JUSTICIA DE SEGUNDA
Habrá que preguntarse por qué en España los fiscales no actúan de oficio más a menudo y por qué no lo hacen casi nunca en las comunidades autónomas, donde sobran escándalos que nadie investiga. Se quedan en fuegos de artificio con tinta de periódico que entretienen a la opinión pública durante algún tiempo y poco más. En una región como Cantabria, donde hay más de 500 viviendas sentenciadas de derribo, nadie se ha planteado la posibilidad de imputar a los alcaldes o a los funcionarios que conceden las licencias, como si las viviendas se hubieran autorizado solas, de forma que, para restablecer la situación, la ciudadanía, en lugar de ser resarcida por los causantes del problema, se ve en la disparatada situación de tener que correr con los gastos que originen los derribos y con la obligación de indemnizar a los afectados.
La cercanía entre quienes deben de juzgar y ser juzgados empeora la calidad de la justicia y hemos llegado a una proximidad excesiva donde muy pocos juzgadores están dispuestos a mojarse, sobre todo si han de encausar a políticos o personajes poderosos. Cuando se convive a diario, ni los periodistas somos objetivos ni los fiscales o los jueces lo bastante independientes. Y eso tiene un difícil arreglo, entre otras cosas, porque quien podía arreglarlo sabe que esta proximidad es una forma de blindaje para ir por la vida.
11.12.07
El domingo 16 de diciembre celebraremos los última reunión de AMA 2007, donde realizaremos un resumen de las actividades realizadas y sobre todo de las que tenemos programadas para el próximo año.
Comentar que a pesar de todo el desgaste, que un año tan duro nos ha producido, seguiremos trabajando con misma ilusión de siempre, para buscar una solución a la situación de injusticia que soportamos más de 1000 familias en Cantabria.
Ven el Domingo a nuestra reunión, tu presencia nuestra fuerza.
REUNIÓN DE AMA
DÍA: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE 2007
HORA: 11:00
LUGAR: SEDE AMA EN ARGOÑOS
ORDEN DEL DÍA
1.- SITUACIÓN ACTUAL
2.- INFORMACIÓN DE LAS REUNIONES MANTENIDAS
3.- SITUACIÓN LICITACIONES
4.- GRABACION DEL CD AMA-2008
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
14.12.07
HAY QUE BUSCAR SOLUCIONES NO CONFLICTOS
Todos tenemos derecho a equivocarnos, incluso de presidente de ARCA, por ello pedimos a esta Asociación que sea parte de la solución a la injusticia que se vive en nuestra comunidad, que no sea parte de problema.
De verdad, que tenemos argumentos para hacer "sal gorda" contra las actuaciones de los dirigentes de ARCA, es más, con ir a las hemerotecas y utilizar su mismo vocabulario seríamos tremendamente duros o utilizar las sentencias firmes que contra sus dirigente ha emitido la justicia. Pero ese no es nuestro estilo, nosotros sólo pedimos justicia para más de 4000 personas que cumplen condena desde hace más de 10 años y no han cometido ningún delito.
Hemos intentado, por todos los medios, dejar a ARCA fuera de nuestras justas peticiones, siempre hemos visto las responsabilidades en las instituciones que son las condenadas. Es más, hemos tenido peticiones para que presentar querellas contra sus dirigentes, algunas tan fuertes que nos daban miedo y hemos dicho que no, porque simplemente, no queremos que nadie sufra los que estamos pasando nosotros, ni tan siquiera ellos.
Desde AMA siempre hemos tendido puentes para el acuerdo, para la reflexión y dentro de respeto a las personas y a las instituciones.
Por ello hoy, las palabras del Presidente del Parlamento, hablando de las verdaderas víctimas nos llegan al corazón.
Se que, poco a poco, son muchos los que se van sumando a la búsqueda de soluciones, esperemos que al final estemos todos trabajando por una Cantabria más justa.
Publicado en el Confidencial
La asociación ecologista ARCA reclamó hoy que el Parlamento cántabro deje de estar "mudo" en torno a la ejecución de sentencias de derribo y pidió que la Cámara apruebe una declaración a favor de la ejecución efectiva de los fallos judiciales. El presidente y la secretaria general de la asociación, Gonzalo Canales y Eva Bolado, trasladaron hoy su solicitud al presidente de la Cámara regional, Miguel Ángel Palacio, y en adelante pedirán entrevistas a los grupos parlamentarios para intentar canalizar a través de ellos la iniciativa.
Al término de la reunión con Palacio, Gonzalo Canales recalcó la "enorme preocupación" de la asociación por la no ejecución de las sentencias firmes de derribo puesto que, a su juicio, supone un "auténtico fraude" al estado de derecho y una "quiebra democrática".
En declaraciones a Europa Press, Canales lamentó que el Parlamento aprueba leyes que después "no consiguen cumplirse" y opinó que la Cámara "no puede permanecer callada" ante esa situación, entre otras cosas, para no trasladar a los ciudadanos una imagen de que las instituciones "no hacen nada" y de que en Cantabria "se hacen cosas ilegales y no pasa nada"
¿Hablaría el señor Canales de la casa de su esposa?
No vamos a realizar más comentarios para no perder la serenidad, pero ver lo que están sufriendo tantas familias y leer ciertas cosas, la verdad, es que es duro, muy duro.
El presidente de ARCA, implicado en un posible delito urbanístico
12:59:33 - 06/11/2006Vocento VMT -Canales y otras dos personas vinculadas a la organización construyeron en un terrero rústico y en pleno monte unas viviendas
María Antonia Sainz Quintana -esposa de Gonzalo Canales, presidente de ARCA-; Belén de la Lastra, una de las procuradoras que habitualmente trabaja para el grupo ecologista, y José Antonio Losada Armada, cuñado de la anterior, podrían estar implicados en un asunto que "huele" igual de mal que muchos de los llevados adelante por ARCA, relacionados precisamente con la construcción ilegal en Cantabria.
Sin embargo, seguimos poniendo la otra mejilla, nos importa el medioambiente tanto como a ellos o más, pero también las personas que sufren en soledad y que lloran por un desgracia que nunca podrán comprender.
Por ellas, estamos dispuestos a buscar soluciones con todo el mundo, a pesar de que algunos nos lo pongan tan difícil.
A pesar de todo, seguimos confiando en que llegue un día donde las instituciones hagan simplemente justicia y como se dice "el tiempo ponga a cada uno en su sitio"
Por su parte, Palacio, en nota de prensa, indicó que "el respeto de la ley y la ejecución de sentencias no está en cuestión" y consideró que "habrá que tener en cuenta también los intereses manifestados por las auténticas víctimas inocentes de estos derribos".
Gracias señor Presidente
gracias a todos los que nos ayudan en nuestra desesperación.
17.12.07
El Parlamento de Cantabria en la sesión del 17.12.07 ha instado al Gobierno para que busque soluciones legales para los afectados por las sentencias de derribo.
El Parlamento de Cantabria por unanimidad de todos sus miembros ha aprobado una resolución, que los afectados esperamos, que sea el inicio de la solución al grave problema que este colectivo sufre desde hace muchos años.
La Asociación AMA agradece profundamente la sensibilidad de todos los Parlamentarios, con mención especial para sus Portavoces (Francisco Rodríguez, Rafael de la Sierra y Martín Berriolope), así como para su Presidente (Miguel Ángel Palacio), por el tiempo que han dedicado a nuestra situación y por el afecto recibido de los mismos.
Esperamos que otras instituciones como El Gobierno de Cantabria, los Ayuntamientos implicados y la justicia puedan mostrar esta misma sensibilidad, para que entre todos hagamos desaparecer de nuestra comunidad esta situación que nunca debió existir.
Desde AMA seguiremos trabajando con la mano tendida a todos los estamentos, a fin de conseguir una Cantabria más justa y solidaria.
Estamos convencidos que esta resolución del Parlamento de Cantabria marcará un antes y un después para todas la familias afectadas por las sentencias derribo.
Después de mucho tiempo nuestras familias ven como el Parlamento de Cantabria, expresión de la voluntad popular de nuestro pueblo, pide una solución para todas ellas.
Gracias señores Parlamentarios, esperamos de verdad que sus buenas intenciones se hagan realidad.
http://videoteca.parlamento-cantabria.es/Web/Ficha?idobj=1288
En esta dirección se puede ver la acuerdo del Parlamento de Cantabria
17.12.07
Desde AMA deseamos una feliz navidad a toda la gente de buena voluntad, a todos los que nos han ayudado, a los que nos han comprendido, a los que nos han soportado, a todo el mundo Feliz Navidad.
A la familia Arnal le van a derribar su vivienda, la misma, ya ha sido licitada para el derribo por parte de la Justicia y del Ayuntamiento de Argoños, la familia Arnal no ha cometido ningún delito, compró un vivienda legal y ahora les quieren dejar en la calle.
Paradojas de la vida, les quieren dejar en la calle los condenados por la justicia, que son las instituciones de nuestra comunidad en 23 sentencias firmes.
La familia Arnal nunca ha sido recibido por ARCA, nunca le han dado un explicación de ¿por qué quieren derribar su vivienda?, a pesar de ser ellos los demandantes, pero los dirigentes de esa organización se han dirigido al Defensor del Pueblo y al Parlamento de Cantabria para que derriben su vivienda, para que les dejen en la calle.
En estas fiestas la Familia Arnal y todos los socios de AMA desde nuestra preocupación, desde nuestro miedo, desde nuestra situación de injusticia les deseamos a todos sin excepción
FELIZ NAVIDAD
Y PEDIMOS PARA EL PRÓXIMO AÑO 2008
SALUD, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD.
26.12.07
FELIZ 2008 AMIGOS
Desgraciadamente hay personas que ni en Navidad nos quieren dejar en paz, todo el mundo esta en su derecho a criticar, a exponer sus ideas, pero lo menos que se puede pedir es un poco de ecuanimidad y justicia social. Este artículo nos ha dolido especialmente por venir de donde viene y por intentar apagar nuestra pequeña ilusión, nacida de la resolución del Parlamento de Cantabria.
Una decisión equivocada
23.12.07 -
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ JORRÍN
Teniendo en cuenta que hay casi 600 viviendas con sentencias de demolición y que no se ha producido prácticamente ningún derribo en Cantabria, un observador no escamado por la realidad de esta región podría pensar que esta cuasi burla de la ley justificaría una declaración del Parlamento de Cantabria exigiendo a los poderes públicos una mayor diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. En lugar de esto, la Cámara, en una rara votación unánime, plantea que se explore, -y, esto si, rapidito, no a ritmo de sentencia- «la posible subsanación de los requisitos formales o de procedimiento, las indemnizaciones por responsabilidad y la posible legalización de los inmuebles» afectados por sentencias de derribo.
Es decir, hablando claro, que se soslayen las ilegalidades que Ayuntamientos y promotoras cometieron y los jueces sancionaron -en su mayoría gracias a denuncias de particulares y asociaciones y no de la Fiscalía de Cantabria- y que se legalicen los inmuebles que se pueda. Todo ello adobado con unos cuantos «en la medida de lo legalmente viable».
El texto aprobado por el Parlamento trae también una frase que desnuda la manera en la que los partidos políticos, todos, abordan la cuestión de la legalidad urbanística. Es esa que dice «para abordar los problemas planteados por las sentencias de derribo». Y es que los políticos ,que después de hacer la ley se aprestan a incumplirla a través de Concejalías de Obras, Comisiones Regionales de Urbanismo y planes de múltiples nombres (con ayudas inestimables de arquitectos y promotores) , consideran un 'problema' el que los jueces les digan que su trabajo está mal hecho y luego deban aplicar las sentencias. Y parece que para ellos es imposible aplicar la ley pero no el permitir desmanes como los de Arnuero, Argoños, la plaza pública de Escalante -desaparecida bajo un edificio- el tajo del Cuco o los casos de Noja y Castro Urdiales, dos pueblos desaparecidos bajo oleadas de hormigón.
El problema real de esta región es que el patrimonio natural, eso que se denomina paisaje, tienen pocos valedores, más allá de la publicidad de la Consejería de Turismo. El paisaje como bien público y herencia de futuro es algo exótico, lo mismo que vaciar a tiempo las papeleras y los contenedores de papel. Y de tal manera es exótico que su defensa, en forma, por ejemplo, de exigir que se cumpla la ley, no tiene apenas partidarios.
¿Qué mensaje envía nuestro Parlamento con esta resolución unánime?
Los partidos dicen a todas las partes involucradas en este asunto que no se preocupen, que se puede construir en medio de una playa o un bosque y hurtar una plaza al dominio público. Obviamente no lo dicen con estas palabras, pero eso es lo que entenderán todos los involucrados en este feo asunto, desde Ayuntamientos hasta compradores (estos involucrados a su pesar) y promotores, ya que se avala una 'mano blanda', a la hora de aplicar la ley.
La visión del problema es clara: las sentencias son papel mojado (hasta ahora lo han sido y nada parece que vaya a cambiar) y las casas se podrán hacer sin que los jueces paralicen la obra en su transcurso; los pisos se podrán vender sin problemas y unos compradores los escriturarán. El «¿Ha visto usted que se derribe alguna casa en Cantabria?» dejará de ser una cantinela 'soto voce' para convertirse en un lema casi publicitario a este paso.
Y después de esto, cuando trabajosamente la Justicia llegue a su final y se dictamine la sentencia de derribo definitiva (si es que eso existe), el Ayuntamiento que tan rápidamente dio la licencia de obra, en algún caso pese a los avisos de ilegalidad, redescubrirá la lentitud de los trámites administrativos y tardará dos años en adjudicar la primera fase del derribo de una casa con todas las cautelas posibles para que no se lleve a cabo. Es decir, 'chuleará' hasta extremos sonrojantes a los jueces para evitar el derribo y, de paso, las consecuencias de sus malas prácticas administrativas en forma de indemnización a los compradores.
Y dos palabras sobre los afectados. Quizás su labor deba estar dirigida más que obstaculizar la aplicación de la ley a perseguir a los que hicieron posible con su ineptitud o cosas peores la situación tan lamentable que padecen. Y a exigir indemnizaciones adecuadas y rápidas. A no ser que su empeño en pedir que no se cumplan las sentencias sea la actitud más acertada, a la luz de la resolución del Parlamento.
Desde AMA queremos decirle con todo el respeto.
SOLUCIÓN LEGAL
Más de 1.000 familias en nuestra comunidad han visto con ilusión la propuesta del Parlamento de Cantabria de pedir al Gobierno una solución legal para su situación.
Estas familias llevan una media de más de 10 años sufriendo una auténtica pesadilla, como es el padecer una situación de angustia continuada producida por 23 sentencias de derribo que condenan a la Administración, repito que condenan al Gobierno de Cantabria y a los Ayuntamientos implicados, ya que al leer en el Diario Montañés un artículo del Sr. Pérez Jorrín da la impresión que los condenados son estas familias.
Desgraciadamente estas buena gente esta pagando con su salud, con su temor y medio al derribo e incluso con su patrimonio, ya que no pueden disponer del mismo e hipotecariamente el valor de sus viviendas es de 0€, la pena que corresponde a las Administraciones condenadas por la justicia.
Esto no es una opinión, es un dato objetivo la propia justicia en sentencias firmes ha condenado a los Ayuntamiento implicados y al Gobierno de Cantabria por los daños morales ocasionados a estas familias, dice textualmente las sentencias que estas instituciones ha producido "padecimientos psíquicos y psicológicos de toda índole por la zozobra, inquietud e inseguridad que han padecido estas familias". Son víctimas no porque se autodenominen así, sino por que así esta reconocido por la justicia, que para algunos parece sólo existir para derribar vivienda de familias inocentes.
Que pena, que quien escribe contra una resolución del Parlamento, por unanimidad de todos sus miembros, no haya leído o las hayan obviado estas sentencias, los informes periciales sobre la situación de padecimiento de tanta gente totalmente inocente, ni sepa que el 80% del suelo afectado por las sentencias es suelo urbano consolidado, es decir, que si se derriban las viviendas se puede construir otra vez en el mismo sitio, y no solo eso, sino paradojas de la vida, en algunas urbanizaciones ya hay proyectos para construir más viviendas de las que existen actualmente, ya que lo permite las normas actuales y su volumétrica .
Quizás haya que derribar las viviendas no por que sea razonable, ni jurídicamente, ni económicamente, sino simplemente para dar una satisfacción a no sabemos muy bien que intereses, desde luego no los de nuestra comunidad que vería como de despilfarran los recursos tan necesarios para la misma, como todos los ciudadanos de Cantabria vía impuestos debería hacer frente a ese pago injusto para ellos.
Estos datos no interesan, es más fácil hacer demagogia y decir que la resolución del Parlamento de Cantabria poco menos que permite construir en medio de una playa o de un bosque.
Cuando la resolución del Parlamento dice con toda claridad y sin lugar a dudas, que toda solución tiene que pasar por el crisol de la legalidad vigente, por el respeto escrupuloso de la ley, bastante están sufriendo estas familias por no cumplirse la ley.
Hay que reconocer que no es fácil que todos nuestros representantes en el Parlamento se pongan de acuerdo para votar a favor de una proposición, menos si tiene las connotaciones y presiones que ha recibido ésta.
Pero los Parlamentarios si se han leído las sentencias, los informes de los gabinetes jurídicos, las recomendaciones de organismos públicos como el Defensor del Pueblo, el derecho comparado con otras comunidad autónomas, si saben de la situación de estas familias de su desamparo y el olvido en que han vivido.
Por ello el Parlamento ha pedido una solución legal para las mismas. ¡¡ Dios mío!!, como puede ser criticable esto, ¿que quiere el Sr. Pérez Jorrín que no se respeten los derechos de estos ciudadanos?.
Si como ud. dice su situación es tan lamentable, ayúdeles a salir de ella, no les entierre con sus palabras, intentando apagar el calor humano que han sentido con esta resolución.
Pero para más INRI dice contra quienes tienen que dirigirse, contra los verdaderos culpables, pero señor mío, si ya lo han realizado y les han condenado a los responsables por los daños morales que han ocasionado, a nos ser que insinúe que hagan algo que no este dentro del Estado de Derecho, pero nuestro colectivo siempre se moverá dentro de la legalidad vigente.
Lo sabe la Fiscalía, lo sabe el Presidente del Tribunal de Justicia de Cantabria nosotros siempre seremos parte de la solución de esta grave situación, la obstacularización a la justicia viene de quienes, ni reciben, ni dialogan, ni quieren soluciones, ni reconocen los derechos de los demás
Por favor, que las fobias de algunos no las dirijan contra nosotros. Hemos leído con verdadera pena y lo sentimos, lo sentimos por la incomprensión, por la injusticia de los comentarios, por la falta de información, por el cansancio que tenemos de defender lo obvio, pero sobre todo, lo sentimos por venir de donde viene.
El Sr. Pérez Jorrín y todo el que quiera puede venir a las viviendas de los afectados hablar con las familias, ver toda la documentación que necesite, tiene la mano tendida para buscar soluciones y para hacer un Cantabria más justa.
Los afectados lo que piden, es lo que ha dicho el Parlamento, un solución legal, por ello esperan que tanto el Gobierno de Cantabria, como los ayuntamientos implicados y de la justicia, un tema de justicia social, que consigan, en el menor tiempo posible, dar esa solución legal.
07.01.08
Desde AMA tenemos un montón de proyectos para el 2008, pero el principal es conseguir que cese la injusticia que se está cometiendo con un colectivo de buena gente, que sólo pide vivir en sus viviendas (compradas de buena fe y legalmente) con sus familias.
Esperamos que la decisión del Parlamento de Cantabria sea un paso adelante sin retorno, que haga posible una solución justa y legal para todos.
Pero nosotros no somos de los que nos pasamos la vida llorando por los rincones, sino que actuamos y tenemos una montón de proyectos que con ilusión y trabajo iremos realizando, entre ellos cabe destacar:
Tenemos previsto pedir reuniones entre otras personalidades de nuestra comunidad a:
El Presidente: Miguel Ángel Revilla | La Vicepresidenta: Dolores Gorostiaga | El Presidente del Parlamento: Miguel Ángel Palacio | El Consejero de Presidencia y Justicia: José Vicente Mediavilla | El Consejero de Vivienda y Urbanismo: José María Mazón |
El Presidente del Partido Popular de Cantabria: Nacho Diego | Francisco Rodríguez | Rafael de la Serna | Martín Berriolope | El Eurodiputado Carlos Iturgaiz |
La Fiscal Jefe de Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: Pilar Martín Najera | El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: Cesar Tolosa | José Manuel Igual Alcalde de Arnuero | Jesús Ángel Pacheco Alcalde de Piélagos | Juanchi Barruetabeña Alcalde de Argoños |
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y todo aquel que quiera oír nuestras justas peticiones o quiera saber de nuestra situación.
También y como base en los que en este blog estamos haciendo, tenemos intención de reflejarlo en un libro "la historia de un gran injusticia cometida en esta nuestra comunidad"
. 10.01.08
EL EFECTO MARIPOSA DE LA GRIPE
Hay días en los que uno no esta para nada, esos días tontos donde una décimas de fiebre fruto de una gripe incipiente te hacen vivir como en una pequeña nebulosa, donde pareces estar mucho más sensible a cualquier noticia, aunque sea en Australia suena como reproche en tu alcoba, donde el efecto mariposa se manifiesta en todo su esplendor.
Por ello que cuando he leído el artículo de Natalia Junquera, la vedad es que me ha tocado y casi hundido, después de la resolución unánime del Parlamento de Cantabria pidiendo un solución legal para la víctimas de las sentencias de derribo, esperábamos que cuando se escribiera sobre nosotros se tuviera en cuenta que somos eso víctimas, que no lo decimos nosotros, lo dicen los tribunales en sus sentencias y lo dice por unanimidad el Parlamento de Cantabria.
Pero no la realidad es que primero el artículo del Sr. Pérez Jorrín, donde todavía no soy capaz de saber que quería este señor, el Parlamento pide una solución legal y a él le parece una mala decisión, quizás quería que pidiera una solución ilegal, en fin agua que pasada no mueve molino.
Ahora el artículo de Natalia Junquera en el País donde pide que actúe la piqueta contra nuestros hogares en artículo de opinión disfrazado de noticia.
Lo de Natalia duele y mucho, por que es alguien que nos conoce, y a la que apreciamos, que sabe lo que estamos sufriendo, ha estado en nuestras concentraciones, nos ha escuchado, ha visto llorar a nuestras madres y por ello que difícil es entender lo que ha movido a Natalia para escribir este artículo.
Pensar que estuvo durante más de una hora, viendo con sus ojos como un pequeño grupo de vecinos de las Llamas I se manifestaban, ya que los jueces mandaban derribar sus viviendas en contra de toda lógica.
Las Llamas I es una urbanización de 19 vecinos situado en terreno urbano, donde quieren derribar esas viviendas para luego construir 21, como aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños. y esto pasa con 80% de las vivienda dado que las mismas están en suelo urbano.
Que pena Natalia, tú nos atacas donde más nos duele, haces un artículo pidiendo el derribo de nuestras viviendas y en el mismo hablas con el demandante ARCA que por cierto, ha reconocido publicadamente que actúo maquiavélicamente para producir el mayor daño posible, hablas con el Gobierno de Cantabria condenado por daños morales a los víctimas de las sentencias de derribo y sin embargo no hablas con nosotros, no será porque no tienes nuestros teléfonos, ni porque no estemos a tu disposición cuando y como tu quieras.
Que pena Natalia, tu hablas de presión de que la piqueta no actúa, y todos esperábamos que te refirieras a la que llevamos padeciendo durante más de 10 años esperando el derribo de nuestras vivienda en cualquier momento, pero no, es la que hacemos nosotros para que nos derriben.
Esto es una locura, no somos culpables de nada, no estamos condenados por nada y si defendemos nuestras viviendas compradas legalmente nos dicen que realizamos presiones.
Cuando quieras te enseñamos las consecuencias de la presión de la piqueta sobre nuestras familias, los daños morales, las personas que tenemos en tratamiento psiquiátrico, la desesperación, nuestra depresión, nuestra sufrimiento día a día. y la lista nuestros muertos de aquellos que nunca ya podrán ver su vivienda legal.
Últimamente cada vez que realizamos algún tipo de acto empezamos con un minuto de silencia por los que se van bajando del tren de la vida. En octubre nuestro responsable de comunicaciones con 48 años, en noviembre el director del nuestro coro, en diciembre.
Probablemente se puede ser más injusto, pero entonces se tendrían que actuar con mala fe, y sinceramente me cuesta creer en el corazón de Natalia pueda crecer ese sentimiento.
Quizás todo sea producido por el efecto mariposa de esta gripe que atonta las neuronas y que, entre estornudo y tosido, hace de la pequeña critica una puñalada trapera, de la opinión agravio, quizás Natalia sólo quería poner de manifiesto que el Gobierno y ARCA tienen que buscar un solución legal (como dice el Parlamento) para tanta buena gente inocente que no se merece ni los disgustos de leer algunos artículos.
Espero, que una vez se me hayan pasado estos los efectos turbadores, poder leer, que los culpables y los responsables reciban las críticas y las víctimas el apoyo que se merecen.
El PAIS
La piqueta de la justicia no funciona
El Gobierno cántabro se ve incapaz de ejecutar las sentencias de demolición
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 09/01/2008
Es la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchos parajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro.
Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.
"Faltan medios para ser drástico. Nadie quiere tirar las casas", dice un consejero
Los alcaldes han aplazado sus planes a la espera de 'mejores tiempos'
Un pueblo de 1.500 habitantes acumula diez sentencias de derribo sin cumplir
El tribunal paró una urbanización por considerarla "una dentellada al monte"
El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco, que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera.
Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.
Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: "Es un problema gravísimo.
Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada.
Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro", explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.
El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que "las sentencias están para cumplirlas", contempla la "legalización de algunas" de las viviendas: "Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo".
Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito.
Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido - "un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar", anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.
Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. "Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores", afirma Herrera.
"Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo", afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.
Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su "dentellada al monte", tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. "En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento", asegura García.
Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.
El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, "el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro" y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados "sin la más mínima sensibilidad ambiental". La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Los temores de Arca vienen por otro lado. "Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros.
Los tiempos han cambiado, han mejorado", asegura Herrera. "Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?".
15.01.08
ESPAÑA EN DIRECTO O LA NUEVA CENSURA
Hacía frío, mucho frío, un grupo de gente se dirigía por el Camino del Portillo una calle de la localidad de Argoños en la Comunidad de Cantabria, este pueblo es famoso entre otras cosas por tener 16 sentencias de derribo, que condenan a las Administraciones y que soportan familias totalmente inocentes.
A lo lejos se oía el megáfono desde la furgona de Ángel "todo el que pueda hoy a las 10:30 a Las Llamas, para grabar el programa de España en Directo".
Unos nos dedicábamos a poner las pancartas otros con las banderas, estaba el Alcalde, la tía, la abuela, los niños, los amigos unos venidos desde Liencres y otros de Arnuero, el grupo iba creciendo poco a poco .
Entorno al Alcalde iba naciendo un pequeño grupo que le sometía al tercer grado, sobre cómo estaba su situación, que pasa con los derribos, que planes tiene el Ayuntamiento, que hay de lo mío, en fin lo que se suele hacer en estos casos. El alcalde se manejaba bien en un grupo que le miraba quizás con un poco de recelo ya que las responsabilidades del Ayuntamiento son muchas, pero Juantxi tuvo la gesto de estar allí con nosotros.
El tiempo iba pasando todos esperando a los periodistas de España en Directo que no acababan de encontrar el sitio, por los visto el GPS parece que les había jugado una mala pasada, pero al final y con una hora de retraso sobre las 12 del mediodía apareció una monovolumen de la que se bajaron un chico joven que presento como Alejandro periodista de España en Directo, y con el micrófono de ED en mano nos preguntaba. como podían hacer la grabación, que familias entrevistar, que querían grabar interiores de las viviendas y familias tipo en las mismas, un Cámara muy amable no paraba de grabar todos los alrededores., con ellos esta el un chico muy joven que se nos presentó como el técnico de montaje y sonido.
Como si fuéramos actores nos colocaron enfrente de las viviendas de Las Llamas I y nos mandaron gritar nuestros lemas:
"No derribos, no derribos".
Queremos nuestras casas, queremos nuestras casas.
Qué pedimos, qué pedimos, justicia, justicia
Cantabria segunda marbella.
Legalización es la solución...
Quitaron a los niños ya que podía haber problemas de legalidad, ponían delante a las abuelas, todo ello hay que decirlo con mucha amabilidad.
El frío se iba metiendo en huesos llevábamos cerca de una hora cuando nos comentaron que ya tenían suficiente material y pasaron a grabar en las viviendas, primero en casa de Teo que a duras penas podía aguantar la emoción y cada dos palabras, las lágrimas inundaban sus ojos, una tos nerviosa apenas le dejaba decir nada, pero con paciencia y poco a poco fue describiendo la situación de injusticia que soportaba su familia.
El estaba pagando una hipoteca, le habían licitado su vivienda para el derribo, era su única vivienda, y en ella compartía con sus hijos nietos los mejores momentos de su vida, decía que derribar su vivienda era derribar su vida.
Le hicieron varios planos exteriores, interiores en la sala, en la cocina, con un libro, describiendo en un plano la situación de su vivienda.
En casa de Teo, se quedó el Técnico en Montaje que trabajaba con Ángel nuestro responsable de filmaciones, para pasar de nuestras cámaras a las sus formatos las cerca de dos horas de grabación sobre el Tren de los Inocentes, que tanto Manolo como Ángel habían realizado el día anterior por encargo de Txema y Marta del departamento de producción
Le dieron las gracias a Teo, al cual dejaron temblando de emoción. Alejandro y el Cámara se marcharon en busca de otra familia.
Después de recorrer unos 200 metros llegaron a casa de Andrés y Esther un matrimonio que vive en Las Llamas II , el Jubilado de Altos Hornos, ella su compañera de toda la vida, le enseñaron su vivienda, su pequeño hogar, de apenas 60 metros cuadrados, pero lleno de pequeños detalles que uno va reuniendo durante toda una vida. Andrés y Esther comentaban el miedo que pasaban cada vez que pensaban que les podían derribar su vivienda.
En Argoños, surgieron los primeros problemas, a los responsables de producción se le había olvidado hablar con algún representante del Gobierno de Cantabria, comentaban que como son una Televisión Pública necesitaban cuidar todos esos detalles y que sin su participación podía no emitirse el programa, que tenían, según su versión, previsto emitir ese mismo domingo por la tarde, además en domingo nos comentaban era cuando el programa tiene mayor audiencia.
Se buscaron teléfonos por todas partes de algún miembro de Gobierno y se realizaron varias gestiones, que nunca supimos si dieron sus frutos.
Una vez que terminaron de trabajar en Argoños, nos dirigimos a Arnuero, las vistas desde la colina que domina la desembocadura de la Ría de Ajo son espectaculares, el cámara con el vehículo en marcha iba grabando la zona, con medio cuerpo fuera del coche intentaba tomar las mejores tomas.
Ellos comentan que no comprendían como se puede llegar a estas situaciones, ¿cómo no se ha podido solucionar antes estos temas?.
Una vez en la urbanización el Encinar, les esperaba un grupo con Mercedes y sus amigos, realizaron una entrevista con Paco Laín nuestro artista y portavoz, grabaron sus cuadros, El Dos de Mayo, El Gérnica, Saturno Devorando a sus Hijos, El Grito...la verdad son unas escenas que emocionan.
Sobre las 3 de la tarde dieron por terminado el trabajo, que juzgaron muy interesante y nos dijeron que se iban a cubrir un accidente ferroviario a Guipúzcoa, que por el camino irían montando todo lo que habían grado, que por la tarde esperaban emitir rodado sobre las víctimas de las sentencias de derribos los días 24 y 25 de noviembre.
Durante la tarde del día 25 todos nosotros con familiares y amigos incrementábamos el número de espectadores del programa España en Directo, pero desgraciadamente después de más de dos horas de programa, sobre nosotros nada de nada.
Nos llamó Alejandro para comentarnos que habían tenido un problema con la mesa de montaje y que a pesar de estar mareados de trabajar con el vehículo en marcha no habían podido solventar el problema técnico, pero que se emitiría la grabación enseguida.
Durante toda la semana siguiente nuestras abuelas, sobre todo ellas, no perdieron un minutos de España en Directo pero nada de nada.
Escribimos un correo al los productores Txema y Marta, nos contestaron que estaba todo listo y que el programa sobre nosotros se podía emitir en cualquier momento.
El tiempo fue pasando nuestra abuelas no perdian la paciencia, día tras día seguían fieles viendo el programa, se tragaban hasta los anuncios, no vaya a ser que salga en cualquier momento después de tanto esperar, pero la realidad, es que nada de nada.
Los que no tenemos tanta paciencia como las abuelas empezábamos a estar bastante molestos, por lo que parece una tomadura de pelo en toda regla.
Envíamos otro correo a los productores en el cual pedíamos algún tipo de explicación y les decíamos que se cumplía el aniversario ?? de la censura en TVE y que esperábamos no estar nosotros afectados por la misma .
La contestación fue que el programa era libre de emitir sus grabaciones tal y como lo creyera conveniente y que ya se emitiría.
Hicimos un último intento con Alejandro, le comentamos que no entendíamos como no se había dado alguna explicación, este señor que ha sido todo amabilidad con nosotros, nos dijo que el era un trabajador y que esperaba que se pudiera emitir ya que lo consideraba un buen trabajo.
El tiempo paso y paso las abuelas alguna todavía siguen pegadas al televisor esperando que aparezca el dicho programa, ahora cerca de dos meses después no sabes si reírse de esta situación tragicómica, o montar en cólera por como hemos sido tratados por el Ente Público. que tan preocupado esta por que intervengan todos las partes y que deja a los ciudadanos olvidados, sino fuera por la circunstancias tal difíciles por las que pasan nuestras familias quizás nos habríamos olvidado, pero nuestras viviendas pueden ser derribadas en cualquier momento.
Afortunadamente el Parlamento de Cantabria en sesión del 17 de diciembre de 2007, por unanimidad de todos sus Parlamentarios hacia una propuesta no de ley por la que pedía una solución legal y rápida para todos los afectados por las sentencias de derribo.
Sin embargo, TVE y en concreto el programa España es Directo, no nos ha dado ninguna explicación, ha jugado con las emociones de personas que estamos en una situación tremendamente difícil, nuestras imágenes nunca han visto la luz, y nuestra pregunta es ¿Por qué?. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer este trato de una televisión que pagamos con los impuestos de todos?.
Muchas pueden ser las respuestas, como se dicen a perro falco..., pero TVE nos debe una explicación y créame Sres. la vamos a pedir, ya sea a los responsables del Programa España en Directo, al Director de TVE, o a través del Parlamento en el sesión de control sobre la censura en TVE a ciudadanos inocentes.
18.01.08
SOMOS INOCENTES Y SUFRIMOS UNA TORTURA
REGION
«Hay políticos que nos dicen en privado que les da vergüenza»
Este vecino de Argoños preside el colectivo que agrupa a 2.569 personas afectadas por las 23 sentencias de derribo de viviendas en Cantabria
18.01.08 -
J. I. ARMINIO
Antonio Vilela recuerda que los afectados son inocentes y están sufriendo «una tortura».
/ CELEDONIO
El Parlamento de Cantabria aprobó recientemente, por unanimidad, instar al Gobierno a que establezca un plan que de solución, «en el plazo más breve posible y en la medida de lo legalmente viable», a los problemas planteados por las sentencias de derribo de casi 600 viviendas en la región, teniendo en cuenta la situación de los afectados. Para Antonio Vilela Fernández, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), esta es la «puerta abierta» que se necesitaba para poner fin a «una historia de injusticia y corrupción en Cantabria». Antonio Vilera lidera la asociación de afectados que, desde hace una década y sin haber cometido ilegalidad alguna, padece las consecuencias de 23 sentencias de derribo de urbanizaciones situadas en Arnuero, Argoños, Escalante, Miengo y Piélagos. Antonio Vilela tiene 49 años, está casado y tiene una hija. Reside en Argoños y es técnico en Recursos Humanos.
-¿Quiénes son los culpables de esta situación?
-Según las 23 sentencias, los culpables son el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos implicados. Nunca entenderemos que haya más de mil viviendas ilegales y ningún procesado. Hay políticos que nos han reconocido en privado que esta situación les da vergüenza. El propio Revilla ha manifestado que se ponía en nuestro lugar y que nosotros no tenemos culpa de nada. Este Gobierno tiene una deuda moral e histórica con estas más de mil familias y tiene que dar una solución ya. Lo que no puede hacer es maltratarnos más, llegando incluso a recurrir hasta las indemnizaciones por daños morales.
-¿Y cuál es la solución?
-La solución pasa por el reciente acuerdo del Parlamento de Cantabria, que para nosotros es el primer acto de reconocimiento público de una institución y estamos orgullosos de que haya sido por unanimidad. He visto llorar a la gente cuando leímos la resolución del Parlamento. Espero que esa puerta abierta por el Parlamento, una solución legal y rápida, haga que los culpables y la Justicia tengan la sensibilidad suficiente para acabar con una historia de injusticia y corrupción que nunca debió existir en Cantabria.
-¿La solución es la legalización de las viviendas?
-El artículo 139 de la Constitución Española dice que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, el número de viviendas legalizadas en los últimos cinco años supera las 15.000 y actualmente están en trámite de legalización más de 25.000, pero ninguna en Cantabria. Nosotros seguimos con la mano tendida, apostando por el diálogo para construir una región más justa y tenemos el mismo objetivo que el Parlamento: una solución legal para todos. Sólo pedimos vivir en nuestras casas, compradas legalmente. Hasta el Defensor del Pueblo nos ha mostrado su apoyo.
-Pero hay muchos que piden el derribo...
-¿Cómo se puede sacar a licitación el derribo de la vivienda de una familia que la ha comprado legalmente y echarla a la calle? Esto es de locos y está ocurriendo. Muchos piden el derribo porque no conocen bien el caso. Derribar tiene un coste social y económico muy importante para Cantabria. El coste total de los derribos y las indemnizaciones superaría los 234 millones de euros, 39.000 millones de las antiguas pesetas. Cada familia cántabra debería abonar 1.650 euros y habría ayuntamientos que quedarían en bancarrota durante décadas. Y no nos olvidemos de que la gran mayoría de las viviendas están en suelo urbano, es decir, son terrenos en los que se puede construir.
-Y hay otros que les acusan de llorones y de saber a qué se exponían al comprar las viviendas...
-La verdad es que nos sentimos ignorados, humillados y maltratados, como si nos hubieran apuñalado el alma en nuestra propia casa y encima aguantar que el asesino se queje de que le hemos manchado el cuchillo de sangre. Menos mal que somos un movimiento que milita en el pacifismo activo. Es una aberración hacer que las víctimas sufran las sanciones de los culpables.
-Todas las denuncias las presentó el grupo ecologista Arca. ¿Han hablado con ellos?
-Los dirigentes de Arca pecan de prepotencia, de soberbia. Han manifestado públicamente que actuaron maquiavélicamente para hacer el mayor daño posible y ahora no quieren saber nada de las víctimas ni de sus demandas. Algo muy grave y muy oscuro está ocurriendo en Cantabria para que la gente tenga que preguntar a Arca dónde puede construir o dónde puede comprar su vivienda. No entiendo por qué podemos hablar con los responsables del Gobierno, los ayuntamientos o la Justicia y, sin embargo, Arca no quiere saber nada de los afectados. Nosotros apostamos por el diálogo y ellos, sin duda, pagarán por sus errores. Creemos que se puede ser un buen ecologista y no hacer daño a familias inocentes.
-¿Qué les han dicho los responsables de la Justicia?
-Cantabria acaba de asumir las competencias de Justicia y eso puede facilitar una solución a nuestro problema. Las iniciativas del presidente y la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que no se repitan situaciones tan lamentables como la nuestra, mediante la toma de medidas cautelares, nos parecen muy positivas y las deseamos el éxito que merecen.
-Para ustedes tiene que ser una auténtica tortura...
-Tenemos personas que están soportando una gran presión y están en tratamiento médico. Se te pone la carne de gallina cuando lees los informes de los psicólogos y psiquiatras. Convivir con ellos es bajar al mundo de la depresión, de la desesperación. Pensar que te pueden derribar la vivienda es una tortura constante y tremendamente injusta. Tengo miedo de lo que pueda hacer alguna persona desesperada que piensa que lo ha perdido todo.
-Supongo que AMA agrupa a todo tipo de personas...
-Ahora somos 2.569 socios. Nuestra media de edad supera los 50 años. La mayoría son abuelos y abuelas que nunca merecieron ser maltratados, después de toda una vida trabajando. El pasado 1 de octubre murió a los 48 años Daniel Paternain, nuestro responsable de comunicación y gran amigo.
-¿Qué programa de movilizaciones tienen para este año?
-Tenemos previsto hacer nuestras marchas anuales, tanto en tren como andando, hasta las instituciones, así como encerrarnos en los ayuntamientos e incluso hacer huelgas de hambre. También queremos editar un libro contando nuestra historia y poner en marcha una emisora de radio. Seguiremos pidiendo justicia.
22.01.08
DAN SOLUCION A MIL VIVIENDAS EN MALAGA
MARBELLA
Las resoluciones del TSJA dan alivio a los dueños de mil viviendas con sentencia firme de derribo
PP y PSOE aplauden la suspensión de las demoliciones hasta que haya un PGOU y ambos se atribuyen el mérito. La plataforma de afectados celebra que la Justicia y las administraciones «comiencen a dar soluciones».
18.01.08 -
CRISTINA GONZÁLEZ
DERRIBO. Vista del edificio Belmonsa, sobre el que pesa una sentencia firme anulando la
licencia. / J-L
LAS CLAVES
¿Qué dice el TSJA?: Tras la petición del Ayuntamiento, en época de la gestora, de dejar en suspenso la ejecución de la sentencia de derribo de una construcción -opinión a la que se sumó posteriormente la Junta como administración que denunció las licencias- el alto tribunal andaluz emite varios autos en los que acepta esperar a que el nuevo PGOU esté en vigor para decidir sobre el derribo.
¿A quién afecta?: Las resoluciones son sobre la nave de La Juanita, un bloque en Trapiche y seis viviendas en Miraflores, sobre los que pesa una sentencia firme anulando la licencia, pero la tesis será la misma en los posteriores incidentes de ejecución presentados por el Consistorio.
¿Cuántas viviendas se encuentran en esta situación?: Actualmente el TSJA tramita procedimientos de ejecución de más de 40 sentencias firmes que anulan otras tantas licencias. Afectan a un millar de viviendas.
¿Cuál será el siguiente paso?: Cuando esté aprobado el nuevo Plan, el Ayuntamiento tendrá que informar al TSJA de las viviendas que se regularicen, la mayoría, y de la imposibilidad de ejecutar la sentencia en esos casos y el tribunal decidirá en consecuencia.
Los propietarios de las mil viviendas ilegales sobre las que pesan una sentencia firme de derribo respiran desde ayer algo más tranquilos.
Las últimas resoluciones del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en las que se suspende la ejecución de órdenes de demolición hasta que el nuevo PGOU esté en vigor, han dado un balón de oxígeno a los dueños de estos inmuebles, que desde hace meses veían pender sobre su cabeza, como una auténtica espada de Damocles, la dinamita. «Va a dar mucha tranquilidad a muchas familias que estaban con la desazón de no saber por dónde van las cosas», señaló ayer José Ortiz, portavoz de la plataforma contra los derribos, tras conocer la postura de los jueces, acorde con los intereses que defienden.
Tras meses de demandas para que se clarificara el futuro de estos inmuebles, construidos merced a licencias ilegales otorgadas durante el gilismo y que en la mayoría de los casos encontrarán acomodo en el nuevo planeamiento mediante el sistema de compensaciones, Ortiz cree que se está poniendo algo de cordura a la situación. «Las cosas poco a poco se tienen que ir arreglando y tanto la Junta como el Ayuntamiento y los jueces tienen que dar salida a esta situación porque nosotros no hemos cometido ningún delito y no se puede ir a las bravas, demoliendo», subraya el portavoz de la plataforma, a su vez propietario de un inmueble con sentencia firme de derribo sobre la mesa: el edificio Banana Beach.
Solicitud de la gestora
Pero no sólo los afectados valoraron ayer los últimos autos del TSJA. El propio ex presidente de la comisión gestora y comisionado de la Junta en la Costa del Sol, Diego Martín Reyes, recordó que fue él mismo y el que fuera vocal de Urbanismo de la gestora, Rafael Duarte, quienes solicitaron al alto tribunal andaluz que se dilatara la orden de demolición hasta que el planeamiento estuviera aprobado. «La decisión más razonable era no adoptar ninguna decisión», valoró.
Explicó que en ningún caso la Junta, al pedir que se suspenda la demolición, ha cambiado de postura. «Planteamos en cinco sentencias un incidente de ejecución pidiendo que se suspendiera y el TSJA lo remitió al Gobierno andaluz, que como denunciante de las licencias tenía que solicitar la ejecución, para que se pronunciara», abundó.
La postura, a la luz de los citados autos, fue respaldar la tesis de la gestora. Matizó, con todo, que el juez no entra a valorar si se demolerá o no, sino que «le parece bien esperar».
«Ahora siento que aquella decisión que tomamos fue la adecuada. Teníamos la intranquilidad de haber acertado y ahora la tranquilidad de que sí», afirmó, al tiempo que puntualizó que siempre que se cumplan las compensaciones para regularizar las viviendas ilegales «no habrá amnistía, aunque el problema es que creo que el Ayuntamiento no quiere que haya compensaciones». En este caso, dijo, sí se invitaría a la infracción.
PSOE y PP coincidieron ayer por su parte en celebrar los fallos del TSJA, aunque entraron en un cruce de declaraciones para atribuirse el mérito de las resoluciones.
El concejal socialista Javier de Luis criticó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por afirmar que ha sido el único partido en defender esa postura, «algo rotundamente falso».
Puso el acento en que fue el vocal de Urbanismo Rafael Duarte (PSOE), en época de la gestora, el que introdujo este elemento en la petición del alto tribunal andaluz para que se ejecutaran las sentencias.
Mientras, la alcaldesa mostró una «gran satisfacción» por lo que calificó como una «vuelta al sentido común».
Además de informar de que en las últimas horas se habían recibido en el Ayuntamiento dos autos similares que posponen la ejecución del derribo de un bloque en Trapiche y seis viviendas en Miraflores, que se suman al primero de la nave de La Juanita, insistió en que la tesis que siempre ha defendido el Ayuntamiento «era esperar a pedir las demoliciones hasta que no se viera si de verdad van a quedar fuera de ordenación esas viviendas, que han estado en situación de irregularidad».
25.01.08
Arcadas en el Alto del Cuco
25.01.2008 -
JOSÉ IGNACIO ARMINIO ROIZ
Los cientos de afectados por la anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco (398 viviendas), en Boo de Piélagos, intercambiamos información y nos desahogamos en un foro de Internet. Mucha de nuestra rabia contenida va dirigida contra la asociación ecologista Arca, a la que uno de nosotros, el palentino Oscar, denomina 'arcadas' (movimientos violentos del estómago, anteriores o simultáneos al vómito). Esos 'cuatro amigos', como ellos mismos se definen, están haciendo sufrir a más de mil familias inocentes en Cantabria, sobre cuyas viviendas pesa orden de derribo.
Con el objetivo de crear inseguridad jurídica en la costa, según ellos mismos han confesado públicamente, han presentado denuncias contra urbanizaciones, siempre de forma indiscriminada y sin avisar a los futuros compradores de las viviendas. Ese ir sembrando víctimas inocentes nos recuerda más al terrorismo que al ecologismo.
En el caso del Alto del Cuco, aseguran, sin pudor, que llevaban 13 años intentando dinamitar el proyecto, tiempo más que suficiente para avisarnos en una de sus muchas apariciones en los medios de comunicación.
Pero esos 'cuatro amigos', que dicen financiarse con las cuotas de sus socios y tienen buenos amigos en el actual Gobierno de Cantabria, prefirieron seguir causando víctimas inocentes.
Ahora que los otros culpables del desastre del Alto del Cuco (la multinacional Fadesa, el Ayuntamiento de Piélagos y el Gobierno regional) tratan de rectificar y consensuar un nuevo plan parcial, estos 'justicieros', que, por supuesto, no se arrepienten de nada, han dicho públicamente que allí no quieren ver ni un solo ladrillo, aunque es una finca urbanizable.
Y lo afirman 'cuatro amigos' cuyo presidente dicen que posee un chalet supuestamente ilegal en Villaverde de Pontones. Pero ellos no son los únicos que nos producen vómitos, porque los otros implicados en la 'batalla' del Alto del Cuco tampoco nos avisaron.
Los políticos, que ahora tratan de rectificar, estaban tan ocupados en darse caña -el ya famoso 'y tú más'- que se olvidaron de utilizar una de sus muchas ruedas de prensa para advertirnos de que allí era peligroso depositar los ahorros de toda una vida. Los políticos, elegidos y pagados por nosotros, se olvidaron de que su misión es defender los intereses de la gente y no los suyos.
También nos provoca náuseas la actitud impresentable de la empresa constructora, Fadesa, que, pese a estar obligada por la Ley, tampoco nos avisó de que había denuncias. Su presidente, Fernando Martín, nos prometió en abril del año pasado que todo estaría solucionado en cuestión de semanas, pero no ha vuelto a dar la cara. Eso sí, se sigue negando a devolvernos el dinero, pese a no poder cumplir los contratos.
Nuestro único consuelo son los avales, que vamos ejecutando, poco a poco, con ayuda de los abogados. Ya quisieran para sí ese consuelo los cientos de familias que son propietarios de viviendas (ellos sí firmaron las escrituras) sobre las que pesa orden de derribo.
Igualmente, queremos remarcar las arcadas que nos produce ver el Alto del Cuco así, una ladera destruida en la que, según los planos sobre los que compramos las viviendas, iba a construirse una urbanización modélica, con todos los papeles en regla y todo tipo de servicios.
Por último, aunque también nos provoque vómitos y mucha pena, nos hacemos una pregunta muy importante: ¿Dónde está la Justicia en Cantabria?. Miles de personas sufrimos una tortura diaria por ilegalidades que han cometido otros.
29.01.08
Ellos son los CONDENADOS
Nosotros sufrimos la pena
Compramos viviendas legales, GOBIERNO y AYUNTAMIENTOS son declarados CULPALBES y convierten nuestras casas en ilegales, con orden de derribo y nuestras vidas en una pesadilla
HAY QUE BUSCAR SOLUCIONES NO CONFLICTOS
Todos tenemos derecho a equivocarnos, incluso el presidente de ARCA, por ello pedimos a esta Asociación que sea parte de la solución a la injusticia que se vive en nuestra comunidad, que no sea parte del problema
El Parlamento de Cantabria en la sesión del 17.12.07 ha instado al Gobierno para que busque soluciones legales para los afectados por las sentencias de derribo.
Esperamos que otras instituciones como El Gobierno de Cantabria, los Ayuntamientos implicados y la justicia puedan mostrar esta misma sensibilidad, para que entre todos hagamos desaparecer de nuestra comunidad esta situación que nunca debió existir.
Hay soluciones, como las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que se suspende la ejecución de órdenes de demolición de más de 1.000 viviendas para esperar a la aprobación de nuevas normas urbanísticas...
31.01.08
El otro día y por casualidad cayó en mis manos un ejemplar de la revista integral, esta revista recuerda años de juventud, allá por los finales de los 70 y el inicio de los 80, era casi una lectura obligada para los “progres de la época”. Si aquellos de largas melenas y patillas interminables con pantalones de campana y chaqueta de pana.
El integral ha sido una revista que cambio el desayuno, enseñándonos el muesli, que nos hizo a todos ecologistas de bolsillo o de maceta, uno siente que algunos ideales se van cayendo, olvidando o simplemente estamos tan ocupados que no hay tiempo para ellos; así que al volver a leer esta revista he sentido añoranza de ese pasado, que ya empiezas a recordar en blanco y negro, pero también la ilusión de contemplar a un viejo amigo, es más yo pensaba que esta publicación había pasado a mejor vida, me alegro de que todavía algunos mantengan la llama y pido perdón por mi ignorancia.
En esta revista, he leído un artículo que me ha parecido cuanto menos curioso, venía a decir, que cuando dos incidentes se producen de forma sincronizada, hay una relación entre ellos.
Ernesto Sábato planteaba que la coincidencia que se produce en distintas personas tiene más que ver con su afinidad que con el azar. Así nos relataba como dos amigos que ha estado unidos y luego se van a un país lejano, por difícil que nos pueda resultar, tendrán una alta probabilidad de volver a coincidir, eso es consecuencia de que ambos tienen gustos y costumbres comunes, pueden ir la mismo tienda de música e incluso a la misma sección, al mismo restaurante, vamos que el que se encuentren y digan “pero hombre que casualidad tu aquí”, a veces no es tanta casualidad.
Por otra parte, quien no tiene unos vecinos de aquellos que dices serán invisibles los del 5 C , están a unos pocos metros de tí y nunca coincides con ellos, serán por que trabajan a relevos y los horarios no son compatibles, por los gustos que son muy diferentes, será que simplemente son invisibles para nosotros.
Bueno de estos queremos hablar, de aquellos para los que somos invisibles, de los que nunca nos ven, de los que a pesar de tener responsabilidades nunca nos han tenido en cuenta ya que no hemos existido para ellos.
Puede, que muchas cosas, que achacamos a la suerte a veces mala o buena, a veces, tienen poco que ver con eso y mucho con los intereses de terceras personas.
Uno puede comprar un vivienda totalmente legal, pagar su hipoteca, vivir en su mundo con su familia y un día leer, en la prensa local, que tu vivienda tiene una sentencia de derribo, dices pero como puede ser esto, esto no puede pasar a mí, vamos parece que me ha mirado un tuerto.
Bueno, vamos a ver, quien es el tuerto que nos ha mirado. Primero había unos señores con muchas ganas de ganar dinero fácil, que crearon una constructora con un sólo fin llevárselo todo, aunque sea crudo, que por supuesto, para ellos los compradores eran invisibles, vamos que sólo veían el dinero que les entregaban para pagar las viviendas.
Por otra parte había unos responsables políticos que ocupaban puestos importantes, Alcaldes, Concejales de Urbanismo, Miembros de Comisiónes Regionales de Urbanismo… en fin, señores que estaban en puestos para permitir a los anteriores realizar sus negocios poco o nada legales.
Estos a los ciudadanos sólo los veían cada cuatro años, cuando les tenían que pedir el voto en la campaña electoral, y así es difícil identificarse con ellos, con alguien que ves cada cuatro años, pues eso, no te da tiempo a tener confianza, además estos no te pagan las copas, ni quizás algunos caprichos más difíciles de justificar.
Vamos que estos son de los se van a Pekín y entre millones y millones de chinos se encuentran, vamos que si se encuentra, comparte aficiones, restaurantes, tiendas algunos con más intimidad entre ellos también algún que otro prostíbulo.
Hay hilos invisibles para los demás que unen mucho a otros, hay pistas que nos conducen a personas y lugares, pero que los demás tardamos a veces muchos años en darnos cuenta, a veces nunca nos damos cuenta de que existen.
Pero donde más nos perdemos es en qué hilos invisibles mueven a quienes tenían la obligación constitucional de vigilancia de los derechos de los ciudadanos, no sólo no la han cumplido, sino que han sido parte importante en la situación de injusticia en la cual se encuentran actualmente más de mil familias.
Por último, que pinta en todo esto una asociación que hace de Comisión Regional de Urbanísimo diciendo, a través de sus denuncias selectivas, donde se puede o no construir en Cantabria.
Amigo lector, ¿quién nos mueve los hilos?.
05.02.08
Estimados Amigos:
El domingo un muy amplio grupo de socios de AMA nos reunimos en Argoños para dar información sobre nuestra situación, así como, para planificar las actividades que realizaremos a lo largo del año 2008.
Se informó del acuerdo del Parlamento de Cantabria valorando muy positivamente tanto el acuerdo, como el hecho de que el mismo se haya producido por unanimidad de todos los Parlamentarios.
Para nuestra Asociación el consenso y el diálogo son nuestro medio de trabajo, he invitamos a todos a recorrer este camino justos.
Ha pasado ya más de un mes de mismo, esperamos que su mandato al Gobierno de Cantabria de buscar una solución rápida y legal, para todos los afectados, se este trabajando en el mismo, tanto desde la Consejería de Vivienda y Urbanismo, como la Consejería de Presidencia y Justicia den los pasos necesarios para hacer viables el acuerdo del Parlamento de Cantabria.
Por otra parte también hemos informado del auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un auto por el cual este Alto Tribunal da una moratoria para que se solucionen los problemas de legalidad que tienen más de 1000 viviendas con sentencias firmes de derribo en Marbella.
El citado auto hace referencia a nuevas normas urbanísticas que puedan hacer viable la legalidad de las viviendas.
Para nosotros es importante la sensibilidad de los jueces hacia las personas que somos totalmente inocentes y el hecho de tomar medidas que no contribuyan a aumentar su desamparo y sufrimiento.
Es muy importante la coordinación entre instituciones, así el Parlamento de Cantabria que pide soluciones y el Gobierno seguro está buscando las mismas, por también es necesario que la justicia ayude para poder entre todos conseguir esa ansiada solución que todos buscamos.
Sería imperdonable que haya soluciones y que las mismas llegarán cuando sea imposible su aplicación, por ello hacemos una llamamiento a la responsabilidad de todos.
La Asociación AMA trabajará con todas sus fuerzas y con todos los que quieran escucharnos, daremos a conocer nuestras propuestas, informaremos a todos de la situación de injusticia que sufren nuestras familias, para ello durante el año 2008 realizaremos un serie de actividades con el siguiente calendario orientativo de actividades:
MARZO renovación de Dirección de AMA y replantación del Bosque de AMA
ABRIL Boceto del libro “Historia de un Injusticia” que con base en el blog de AMA y con la colaboración de Ramón estamos preparando.
JULIO IV Marcha a Santander posiblemente los días 25 y 26 de Julio
SEPTIEMBRE puesta en marcha de la emisora de AMA si conseguimos los permisos pertinentes
OCTUBRE II Tren de los Inocentes
DICIEMBRE celebración del I aniversario del acuerdo del Parlamento de Cantabria
Además de todas las actividad enunciadas anteriormente realizaremos manifestaciones puntuales, encarteladas, ciclos de conferencias, información a través del
Blog de AMA Por una Cantabria más justa
y de nuestra página web www.inocentesdecantabria.galeon.com
para dar a conocer nuestra situación.
Así este mismo Domingo se pegaron carteles (realizados por Ángel) por todo Argoños dando información, y poco a poco lo iremos realizando por todos los pueblo de Cantabria, esta misma semana un grupo de socios de AMA realizará también pegada de carteles en Castro, y así sucesivamente hasta informar al máximo de ciudadanos posibles de nuestra situación y del coste que tiene para todos el derribo de viviendas de inocentes.
Tampoco descartamos acciones más fuertes si la situación lo requiere.
Por otra parte se ha pedido a todas las urbanizaciones que se pongan señales visibles de la situación que estamos sufriendo teniendo como referencia lo realizado en Arnuero.
Desde la dirección de AMA queremos agradecer el apoyo que estamos recibiendo de todos y que se pone de manifiesto en la asistencia tanto en nuestras movilizaciones, como a nuestras reuniones, por ello pedimos a todos el mantener este grado de compromiso que hará posible que entre todos consigamos nuestros objetivos.
Gracias amigos.
08.02.08
FELIZ CUMPLEAÑOS ADRIANA, FELIZ CUMPLEAÑOS FAMILIA
Me cuentan que había una vez en un pequeño pueblo de Cantabria una niña de ojos grandes y tierna mirada, que a su abuelo ayudaba a cuidar los animales, que jugaba correteando por el campo.
Esta niña era totalmente feliz con su familia, hasta que un día se entero que, no sabe muy bien quien, querían derribar la casa de su abuelito, esta niña de grandes ojo y mirada tierna, le dijo a su abuelo que no se preocupara que como ellos eran muchos, sus padres, hermanos, tíos, primos y muchos, muchos amigos nunca dejarían que destruyeran el sueño de su abuelo.
Ella levaba las banderas de AMA, gritaba legalización es la solución, le habían contado que con la legalización ya no tirarían la casa de su abuelo.
Un día a su madre le dijeron si eso no era utilizar los niños y su madre que es un madre coraje les contesto “no utilizo a mis hijos les quiero demasiado, pero es mi deber de madre enseñarles a defender lo suyo, a luchar contra la injusticia, a ser solidario con los demás, pero sobre todo a ser buenas personas”.
Madre coraje es una habitual de nuestro blog y ahora que va hacer 6 años del nacimiento de una de sus hijas queremos felicitarla a ella, por enseñar a los demás como se defiende a la familia, como se es solidario desde la amabilidad y la dulcura, o desde la fuerza y el compromiso.
También queremos felicitar a esa pequeña amiga de grandes ojos y tierna mirada por llevar un trozo de felicidad al corazón de su abuelo, que puede tener muchos problemas, pero con una familia como la suya sabe que siempre estarán a su lado.
Al abuelo se le cae... mirando a sus nietos jugando en el jardín, el abuelo es todo corazón y lo pone a disposición de su familia, pero también a disposición de los demás, sí hace falta cualquier cosa allí esta el abuelo para decir " en que puedo ayudar".
El abuelo ....
Un beso muy fuerte para Adriana que su cumpleaños este lleno de la felicidad que ella da a los demás, un abrazo para la familia Arnal que es un modelo de cómo defender sus ideas, sus sueños y su hogar.
Con abuelos así, con madres corajes, con nietos llenor de ilusión, seguro, seguro que con el apoyo de todos, El Gobierno, Ayuntamiento, La Justicia, logran lo que se merecen vivir felices en su hogar con su familia y amigos.
Bueno, que feliz cumpleaños amiga Adriana (¿qué falta una vela?, es la de la ilusión que la apagas tu todos los días con el aliento de tu sonrisa)
Gracias Familia.
13.02.08
EL URBANISMO, UNA RAMA DESCUIDADA DE LA CRIMINOLOGÍA
con la corrupcion URBANISTICA perdemos todos,
todos somos victimas
1.- lAS FAMILIAS que compran una vivienda con los ahorros de todo una vida, y ven como luego la misma puede ser declara ilegal, sin ellAs tener culpa de nada
2.- TODOS LOS CIUDADANOS QUE VEN COMO SE DETERIORA SU ENTORNO PARA BENEFICIO DE UNOS POCOS.
3.- TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE TIENE QUE PAGAR, VIA IMPUESTOS, LAS INDEMNIZACIONES POR LAS ACTUACIONES IRREGULARES Y DELICTIVAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
4.- LA CREDIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES QUE CON LA CORRUPCION URBANISTICA HACE QUE LOS CIUDADANOS DESCONFIEN DE LOS QUE GESTIONAN LOS RECURSOS PÚBLICOS. LO QUE SE LLAMA "POLITICA DEL PELOTAZO" Y QUE NO ES OTRA QUE COSA QUE QUITAR RECURSOS PUBLICOS PARA CONVERTIRLOS EN PRIVADOS.
5.- PERO SOBRE TODO PIERDEN NUESTROS HIJOS QUE SE ENCONTRARAN UN SOCIEDAD EN MUCHO PEOR QUE LA QUE RECIBIERON NOSOTROS RECIBIMOS.
Desde luego ese Articulo de sr. Andres pedreño da lugar a la reflexión sobre las conexiones entre la corrupcion y el urbanismo, sea en murcia, en marbella o en cantabria
El urbanismo, una rama descuidada de la Criminología
ANDRÉS PEDREÑO Miembro del Foro Ciudadano
Murcia hoy dota de razón al anuncio de los Situacionistas en el París de 1961: el urbanismo contemporáneo debe someterse a la lupa del criminólogo y del penalista. Lo que estamos conociendo de muchos municipios murcianos desmiente el supuesto 'carácter aislado' de tal o cual caso de corrupción, como argumentan defensivamente desde el Gobierno regional de Ramón Luis Valcarcel. No son hechos aislados, pues no son únicamente individuos los materiales que componen la corrupción urbanística. El enfoque individualista debe dar paso a una sociología de la corrupción urbanística, como nos proponía recientemente el Foro Ciudadano en un debate sobre la cuestión, en la cual tal fenómeno quede definido como una acción socialmente estructurada e institucionalmente construida.
En los casos de corrupción que conocemos, una apreciación salta inmediatamente a la vista. Hay en todos ellos una precisa división social del trabajo en la cual una variopinta gama de agentes con funciones socialmente definidas ha requerido movilizarse para el ejercicio de la corruptela: alcaldes y concejales recalificadores; promotores y propietarios; periodistas locales que silencian; entidades financieros prestamistas o 'limpiadoras'; notarios y registradores de la propiedad, arquitectos municipales, jefes de la Policía Local, etc. Es decir, auténticas tramas, o mejor dicho redes con papeles y funciones bien delimitadas, y que cruzan de arriba abajo el espacio social.
Redes que tienen una historia, y además una larga historia en el tiempo. En esas redes duraderas los individuos se suceden, pero las posiciones y las funciones permanecen. Los individuos son contingentes, pero la división social del trabajo es necesaria. Es interesante reconstruir la historia de vida de estas redes: ¿cómo y dónde empezó todo? ¿cómo se constituyó? ¿cuál es la trayectoria familiar y profesional de cada uno de los implicados? El caso Fabra en Castellón es emblemático: se trata de una auténtica dinastía familiar que lleva sucediéndose en la Diputación de Castellón desde que Victorino Fabra Gil fallecía en 1907 siendo presidente. Su actual sucesor en la familia, el actual presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ha multiplicado su patrimonio personal desde que accedió al poder en 1995, así como sus acciones en Bolsa. La Agencia Tributaria ha detectado 600.000 euros no justificados por Fabra. 26 asesores nombrados a dedo (y 700.000 euros destinados a pagarles en sueldos), gastos en 2003 de 165.00 euros en comidas y 26.000 en entradas para los toros.
Comidas y entradas para los toros: normalmente los miembros de la red de corrupción tienen una intensa vida social. Es así como se forman las clientelas y simpatías sociales. Estos días leemos las divulgadas mediáticamente conversaciones telefónicas relacionadas con las alcaldías de Fuente Álamo y Torre Pacheco. Muy relevantes de lo que es la Murcia de hoy la reacción del candidato número dos de la lista del PP al Congreso por Murcia, Vicente Martínez-Pujalte: "Los vecinos de Torre Pacheco y Fuente Álamo volverán a votar al PP" (La OpiniÓn, 5/II/2008). Impresiona esta certeza. Pero sabemos que en toda red corrupta hay un mecanismo de usurpación del poder público, poniendo el capital político al servicio del interés privado; y un mecanismo de redistribución social del beneficio, el cual suele amortizarse con el respaldo del voto de los electores.
Álvarez Junco denominó a la corrupción "la política en la penumbra". Cuando se crean y arraigan espacios de opacidad dentro del sistema democrático, la democracia se torna inviable. La dinámica de SICILIANIZACIÓN de Murcia nos lleva por derroteros de perversión de la democracia, impidiendo cualquier proyecto de región social y ambientalmente sostenible.
Me parece que para entender la sociología de la corrupción urbanística hoy es interesante establecer un paralelismo con el fenómeno del caciquismo decimonónico de la Restauración: "Cacique es la persona que ejerce el poder político en un
18.02.08
¿EL CUCO, ARNUERO, ARGOÑOS, LIENCRES, POR QUÉ SIEMPRE SE OLVIDAN DE LAS VICTIMAS,?
LO ÚLTIMO PARA LLORAR
- Las mismas personas que construyeron El Encinar, empeñadas en derribarlo, esto es una locura o un mal sueño.
- Las Llamas, terreno urbano, siguen empeñados en derribar, ¿quizás para hacer más negocio con nuevas viviendas en el mismo sitio?.
Por favor un poco de justicia, un poco de cordura, un poco de sensatez.
Por otra parte, aparecen como rosquillas los blogs que tratan el tema de las elecciones, pero se acuerda alguien de las víctimas que han producido.
ARNUERO
Inmobiliaria Arnuero manifiesta su disposición a derribar 'El Encinar'
Se allana el camino para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, en relación con los apartamentos ilegales construidos en la Playa de la Arena
16.02.08 -
ROBERTO ALONSO
Vota
Bloque de apartamentos de la urbanización 'El Encinar', en la Playa de la Arena. / M. DE LAS CUEVAS
Inmobiliaria Arnuero, promotora de los 144 apartamentos de El Encinar, ubicados en Isla y construidos por Cenavi, ha manifestado al Ayuntamiento de Arnuero su voluntad de ejecutar la sentencia de derribo que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y ratificó el Tribunal Supremo. Inmobiliaria Arnuero es propietaria de varios apartamentos de esta comunidad, y hasta que no se derriben los apartamentos no podrá cobrar las indemnizaciones que ha dictado el juez y que en un principio deberán pagar el Ayuntamiento y el Gobierno regional.
El concurso para derribar la primera y la segunda fase de El Encinar y regenerar la zona, que afecta a 24 apartamentos que no se llegaron a terminar de construcción, ha quedado desierto de forma definitiva, según un informe del secretario municipal. A esta demolición se presentaron tres ofertas y, tras ser adjudicado a la empresa navarra Erri-Berri, sus responsables decidieron no acometer el derribo, algo en lo que también coincidieron las otras dos ofertas que se presentaron.
El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, declaró ayer que «ahora estamos en manos del juez, quien decidirá los pasos a seguir».
La Llama II, en Argoños
Asimismo, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado el pasado 6 de febrero el anuncio promovido por el Ayuntamiento de Argoños en relación con la subasta para el derribo de 22 viviendas unifamiliares adosadas de la urbanización Las Llamas II, ubicadas en El Portillo y que cuentan con sentencia firme de demolición del Tribunal Supremo. El precio de licitación es de 363.771 euros y el plazo de ejecución es e cinco meses. Los interesados disponen de 26 días para presentar sus ofertas.
«La convocatoria de esta subasta se lleva a cabo siguiendo las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para hacer cumplir una sentencia», explicó el alcalde, Juan José Barruetabeña. Recientemente, el Ayuntamiento de Argoños convocó un concurso para ejecutar el derribo de 19 viviendas de la urbanización Las Llamas I, pero el Consistorio lo dejó desierto debido a que no se presentó ninguna oferta.
El TSJC reitera la nulidad del Plan de El Cuco al resolver un recurso del Gobierno
Nunca entenderé que seamos y nos definamos como los que tenemos la justicia más garantista algunos incluso dicen del mundo mundial, a pesar de ello, cada vez que aparece un auto sobre la situación de las familias que pueden ver derribadas sus viviendas, nadie se acuerde de ellas de los derechos de estas familias.
¿Qué han hecho estas familias para ser invisibles para la justicia y a las demás administraciones?,
¿Qué han hecho estas familias para que sean maltratadas sentencias tras sentencias, auto tras auto, resolución tras resolución?.
¿Por qué siempre tienen que vivir en una eterna tristeza, en la desesperación permanente?
¿Por qué siempre se olvidan de los mismos?
Estas familias no han cometido ningún ilícito, no pueden ser condenadas y olvidadas por las Administraciones que encima son las culpables de este desastre (Justicia, Gobierno y Ayuntamiento)
Por favor, un poco de sensatez, de justicia y quizás un poco de sensibilidad hacia estas personas que les aseguro que tienen corazón.
FADESA vendió esto, si es culpable que pague
EL AYUNTAMIENTO aprobó el Plan Parcial, si es culpable que pague él
EL GOBIERNO dio el VºBº al Plan Parcial y a través de Medio Ambiente su bendición a este Plan, si es culpable que pague él.
Pero quién nunca debe pagar esta situación son las familias que no son culpables de nada.
El TSJC reitera la nulidad del Plan de El Cuco al resolver un recurso del Gobierno
La Sala reproduce los mismos argumentos que en marzo de 2007 sirvieron para fallar en contra de la actuación urbanística (401 viviendas)
Final del formulario
Las obras están paradas desde julio y Fadesa se niega a devolver el dinero a los afectados. / DM
La construcción de 401 viviendas en el Alto del Cuco supone un impacto brutal en el paisaje, que vulnera la Ley del Suelo de Cantabria. Esto lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en marzo de 2007, tras anular el Plan Parcial del sector 2 de Piélagos, aprobado en marzo de 2004 por el pleno del Ayuntamiento de Piélagos, que preside Jesús Ángel Pacheco (PP), y que fue recurrido por la asociación ecologista ARCA, y lo ha ratificado ahora, al resolver el recurso en el mismo sentido presentado por el Gobierno de Cantabria.
Ambas sentencias reiteran el impacto que la construcción de esas viviendas ha supuesto en una zona cuyos valores ambientales y paisajísticos son «dignos de protección». No en vano ha trasformado la ladera sur del monte a base de grandes desmontes y taludes, una actuación urbanística que ha supuesto, en palabras del tribunal, una «dentellada» al monte Picota que le ha «desfigurado» completamente. Entiende la Sala que las medidas correctoras previstas ni minimizan ese impacto paisajístico ni lo palian.
La consecuencia directa de la primera sentencia fue la paralización de las obras en julio. El TSJC sólo autorizó, con carácter excepcional, a petición de la empresa constructora Fadesa, la ejecución de una serie de trabajos de conservación para evitar que las aguas de escorrentía arrastren los taludes y muros verdes. Mientras tanto, los propietarios afectados se debaten entre la incertidumbre y la desilusión, porque cualquier solución al caso se prevé a largo plazo. Algunos perjudicados han comenzado a ejecutar los avales para recuperar el dinero invertido. La promotora, que se niega a devolverles el dinero, dice que trabaja en distintas alternativas, todas ellas en estudio.
La nueva sentencia del tribunal, que reproduce prácticamente la anterior, recoge además otras infracciones en el Plan Parcial. Así, se construyen calles con pendientes medias del 8%, que en algunos casos llegan al 25%, cuando la ley autonómica sobre barreras arquitectónicas prohíbe en Cantabria que las rampas de peatones superen el 6% de inclinación; las pendientes de los espacios verdes dedicados a parques y jardines oscilan entre un 6 hasta un 10%, llegando alcanzar en la zona central el 40%; ubica las áreas de recreo y espacios infantiles en zonas con pendientes de entre 24 y el 33%, de modo que su utilidad es «nula o muy reducida» y no reserva la cantidad de suelo mínima exigida para equipamientos públicos.
Finalmente, el tribunal alude a las «motivaciones políticas y electorales» que el Ayuntamiento de Piélagos atribuyó al Gobierno regional en relación con este recurso, para concluir que la Sala se atiene «al ámbito de control revisor» de la jurisdicción contencioso administrativa, «resolviendo cuestiones de estricta legalidad y derecho».
La Sala reproduce los mismos argumentos que en marzo de 2007 sirvieron para fallar en contra de la actuación urbanística (401 viviendas)
Las obras están paradas desde julio y Fadesa se niega a devolver el dinero a los afectados. / DM
La construcción de 401 viviendas en el Alto del Cuco supone un impacto brutal en el paisaje, que vulnera la Ley del Suelo de Cantabria. Esto lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en marzo de 2007, tras anular el Plan Parcial del sector 2 de Piélagos, aprobado en marzo de 2004 por el pleno del Ayuntamiento de Piélagos, que preside Jesús Ángel Pacheco (PP), y que fue recurrido por la asociación ecologista ARCA, y lo ha ratificado ahora, al resolver el recurso en el mismo sentido presentado por el Gobierno de Cantabria.
Ambas sentencias reiteran el impacto que la construcción de esas viviendas ha supuesto en una zona cuyos valores ambientales y paisajísticos son «dignos de protección». No en vano ha trasformado la ladera sur del monte a base de grandes desmontes y taludes, una actuación urbanística que ha supuesto, en palabras del tribunal, una «dentellada» al monte Picota que le ha «desfigurado» completamente. Entiende la Sala que las medidas correctoras previstas ni minimizan ese impacto paisajístico ni lo palian.
La consecuencia directa de la primera sentencia fue la paralización de las obras en julio. El TSJC sólo autorizó, con carácter excepcional, a petición de la empresa constructora Fadesa, la ejecución de una serie de trabajos de conservación para evitar que las aguas de escorrentía arrastren los taludes y muros verdes. Mientras tanto, los propietarios afectados se debaten entre la incertidumbre y la desilusión, porque cualquier solución al caso se prevé a largo plazo. Algunos perjudicados han comenzado a ejecutar los avales para recuperar el dinero invertido. La promotora, que se niega a devolverles el dinero, dice que trabaja en distintas alternativas, todas ellas en estudio.
La nueva sentencia del tribunal, que reproduce prácticamente la anterior, recoge además otras infracciones en el Plan Parcial. Así, se construyen calles con pendientes medias del 8%, que en algunos casos llegan al 25%, cuando la ley autonómica sobre barreras arquitectónicas prohíbe en Cantabria que las rampas de peatones superen el 6% de inclinación; las pendientes de los espacios verdes dedicados a parques y jardines oscilan entre un 6 hasta un 10%, llegando alcanzar en la zona central el 40%; ubica las áreas de recreo y espacios infantiles en zonas con pendientes de entre 24 y el 33%, de modo que su utilidad es «nula o muy reducida» y no reserva la cantidad de suelo mínima exigida para equipamientos públicos.
Finalmente, el tribunal alude a las «motivaciones políticas y electorales» que el Ayuntamiento de Piélagos atribuyó al Gobierno regional en relación con este recurso, para concluir que la Sala se atiene «al ámbito de control revisor» de la jurisdicción contencioso administrativa, «resolviendo cuestiones de estricta legalidad y derecho».
20.02.08
INVITACION A TODOS A SER PARTE DE LA SOLUCION
Desde AMA siempre hemos tenido voluntad de consenso de buscar soluciones aportando nuestras ideas escuchando, con todo respeto, las de los demás.
Sólo hay algo que no ofrece duda alguna, más de 1000 familias son totalmente inocentes y están pasando por una situación desesperada que no se merecen.
Pongámonos todos a trabajar, aquí no sobra nadie, hay que dar una solución y tiene que ser como dice el Parlamento una solución legal y en el menor tiempo posible.
Por ello, con la puerta que ha abierto el Parlamento, por unanimidad, entremos todos para dar esa solución definitiva, las familias lo necesitan y con la ayuda de todos lo conseguiremos.
TE INVITAMOS A SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
PARLAMENTO DE CANTABRIA :(QUE YA NOS HA DICHO LO QUE HAY QUE HACER)
AYUNTAMIENTOS IMPLICADOS :(APORTANDO SOLUCIONES A TRAVES DE PGOU, PLANES PARCIALES, ESPECIALES, ESTUDIOS DE DETALLE, CESIÓN DE SUELO PARA APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS...)
GOBIERNO DE CANTABRIA (MEDIANTE EL CUMPLIENTO DEL MANDATO DEL PARLAMENTO, PRESENTAR UN SOLUCION LEGAL PARA TODOS Y EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE)
JUSTICIA: (SIENDO FLEXIBLE EN SU APLICACIÓN, AYUDANDO EN LA RESOLUCION DE LAS SITUACIONES INJUSTAS , TOMANDO MEDIDAS CAUTELARES QUE HAGAN POSIBLE QUE CESE EL SUFRIMIENTO DE ESTAS FAMILIAS)
EL DEMANDANTE: (ARCA, APORTANDO SUS PUNTOS DE VISTA PARA LA SOLUCION DE UNA SITUACION FRUTO DE SUS DEMANDAS )
AMA: MEDIANTE EL DIALOGO Y LA APORTACIÓN DE IDEAS QUE FACILITEN EL ACUERDO, ENSEÑANDO LAS HERIDAS PRODUCIDAS A TANTA GENTE INOCENTE Y SOBRE TODO ENCONTRAR MEDIDAS QUE HAGAN QUE CESE ESTA INJUSTICIA
.
POR ULTIMO, TU AMIGO LECTOR, MEDIANTE TU APOYO, PORQUE TODOS ESTAMOS DE ACUERDO, QUE LOS CULPABLES TIENEN QUE SER LOS PAGUEN ESTA SITUACIÓN. TAMBIEN PEDIMOS TU PRONUNCIAMIENTO, PARA APOYAR UN SOLUCION PARA TODOS, QUE DESPUES DE LA RESOLUCION DEL PARLAMENTO DEL CANTABRIA, DONDE TODO NUESTROS RESPRESENTANTES HAN SIDO CAPACES DE PONERSE DE ACUERDO, SEGURO QUE CON TU APOYO CONSEGUIRMOS ESA ANSIADA SOLUCION.
POR UNA CANTABRIA MAS JUSTA
UNA SOLUCION PARA TODAS LAS FAMILAS
Preocupación en AMA por el interés en derribar El Encinar
Los Afectados por Sentencias de Derribo se reunirán el viernes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia
19.02.2008 -
R. ALONSO
Antonio Vilela. / CELEDONIO
«Existe preocupación en los afectados porque mientras se busca una solución, existe interés por derribar El Encinar, en Isla, y se convocan los concursos para adjudicar las demoliciones», declaró ayer el presidente de la Asociación Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, quien señaló que desconocen los planes del Gobierno de Cantabria para solventar la situación. Vilela recordó que el pasado 17 de diciembre, el Parlamento de Cantabria, por unanimidad y con los votos del PP, PRC, PSOE, instó al Ejecutivo autonómico a buscar una solución rápida y legal, y luego se deberá estudiar la posibilidad de su ejecución.
Los responsables de AMA formularon ayer una invitación a la asociación ecologista ARCA para que se sume al acuerdo del Parlamento cántabro para buscar una solución y acabar con el sufrimiento de las víctimas durante tantos años. «Espero que haya sensatez en los medios judiciales para evitar que se beneficie a quien ha fomentado la construcción de El Encinar. Las cosas se han hecho muy mal, pero espero que no tanto», recalcó Vilela.
Representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración se reunirán el próximo viernes, día 22, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa. «Le comunicaremos que en Andalucía, el TSJC ha emitido una resolución para evitar que se derriben 1.000 viviendas antes de comprobar que los planes urbanísticos pueden buscar una solución», explicó Antonio Vilela, quien destacó la buena disposición con que Tolosa ha acogido sus demandas en las reuniones que han mantenido.
Entre sus próximas actuaciones figura la celebración de reuniones con los consejeros de Justicia, José Vicente Mediavilla, y Obras Públicas y Urbanismo, José María Mazón. Los afectados por sentencias de derribo preparan también un calendario de movilizaciones para la Semana Santa que incluiría encierros en ayuntamientos de la región.
23.02.08
POR FAVOR, QUE SE PONGAN TODOS A TRABAJAR
AMA INSTA A TODOS LAS INSTITUCIONES A COLABORAR PARA SOLUCIONAR, EN MENOR TIEMPO POSIBLE, LA GRAVE SITUACIÓN QUE SUFREN MÁS DE 1000 FAMILIAS EN NUESTRA COMUNIDAD.
Esta mañana (viernes 22/02) y por espacio de más de una hora una comisión de AMA compuesta por Paco Laín (Arnuero) Marcos Campo (Piélagos) Teo Arnal (Argoños) y Antonio Vilela Presidente de AMA se han reunido con Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Los Representantes de AMA han expuesto al máximo responsable de la justicia en Cantabria su preocupación por el avance de los procesos jurídicos que pueden llegar al derribo de nuestras viviendas, como la licitaciones que actualmente se están realizando.
Desde AMA no acabamos de comprender que el Parlamento de Cantabria por unanimidad haya aprobado, una proposición no de ley, por lo cual pide al Gobierno de Cantabria una solución, rápida y legal para todas la victimas de las sentencias de derribo, con fecha 17 de Diciembre ,y que a fecha de hoy los afectados no conocemos los planes del Gobierno para el cumplimiento de esa resolución del Parlamento.
Nuestra preocupación viene por el hecho de que los procesos de derribo avanzan y sobre el cumplimiento de la resolución del Parlamento no tenemos noticias, por lo cual se puede llegar al absurdo que cuando el Gobierno presente su Plan para la solución de esta situación las viviendas ya estén derribadas.(a no ser que ese sea el plan)
El Presidente del TSJC, Cesar Tolosa, nos ha comunicado la necesidad de enviar información, resoluciones, planes, y toda la documentación que tenga incidencia en nuestra situación, ya que que los jueces necesitan herramientas para poder tomar decisiones, los mismos no pueden actuar por artículos de prensa o por declaraciones, sino sólo por lo que se presente a los mismos y puedan tener en cuenta por su base legal.
Por ello, AMA va a pedir al Parlamento que envíe la proposición aprobada a todos los juzgados donde se haya procedimientos que afecten a las familias con viviendas con sentencias de derribo, así mismo va a pedir a los Ayuntamiento implicados que presenten sus propuestas e iniciativas y al Gobierno de Cantabria que envíe los actos que ha realizado y va ha realizar para cumplir con la proposición del Parlamento.
Por otra parte AMA seguirá con sus movilizaciones para pedir una solución justa para todas la familias e instará a los Ayuntamientos y Gobierno de Cantabria para que cumplan los compromisos que tienen con estas familias y con el Parlamento de Cantabria.
Finalmente AMA solicitará entrevistas con los máximos responsables del Gobierno de Cantabria a su Presidente Miguel Angel Revilla, al Consejero de Presidencia José Vicente Mediavilla y al Consejero de Vivienda Ordenación del Territorio y Urbanizamo José María Mazón. así cmo la todos los alcades de los ayuntamiento implicados, necesitamos que todos se pongan a trabajar hay una oportunidad única a través de la puerta abierta por El Parlamento de Cantabria y entre todos tenemos que conseguir que desaparezca está situación tan injusta, que nunca debió de existir.
El TSJC pide información sobre los derribos
Su presidente, César Tolosa, recibió ayer a los afectados por las sentencias
23.02.2008 -
R. ALONSO
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, comunicó ayer a los representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), en el transcurso de una reunión, que se le debe informar desde las instituciones de las posibles soluciones a las sentencias de derribo de sus viviendas. AMA asegura que debe presentarse en los juzgados esta información para que el juez disponga de una herramienta con la que analizar la situación. Así lo aseguró el presidente de este colectivo, Antonio Vilela, quien se reunió con César Tolosa, acompañado por Paco Lían, de Arnuero; Marcos Campos, de Piélagos, y Teo Arnal, de Argoños.
El Parlamento de Cantabria instó recientemente al Gobierno regional, por unanimidad, a que busque una solución a esta situación, legalizando las viviendas que pueda. Además, los ayuntamientos implicados están intentando incluir soluciones urbanísticas a las demoliciones en sus Planes Generales de Ordenación Urbana.
Por este motivo, el colectivo solicitará a las consejerías de Vivienda y Justicia, y a los alcaldes de los ayuntamientos implicados, Argoños, Arnuero, Piélagos y Escalante, que remitan sus decisiones a los juzgados.
Hoy, reunión en Argoños
Hoy, sábado, miembros de la asociación se reúnen con el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, para transmitirle esta iniciativa y su intención de encerrarse de nuevo en el Ayuntamiento antes de Semana Santa, como una medida de presión para reivindicar una solución a la situación que padecen desde hace varios años.
AMA expuso a Tolosa la posibilidad de esperar a que se busque una solución a las viviendas antes de seguir con los trámites de sus derribos. «Ese caso se ha dado en Andalucía, donde la Junta y el Ayuntamiento de Marbella lo demandaron al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad», explicó Vilela. El presidente de AMA tampoco entiende que el Gobierno de Cantabria haya recurrido las sentencias de indemnización por daños morales a los afectados. Por último, Vilela expresó su satisfacción por el buen trato que les dispensó César Tolosa, aunque señala que «no por ello deja de aplicar la Ley».
27.02.08
NO DERRIBOS DE FAMILIAS INOCENTES
El tiempo va pasando, las familias cada vez más desesperadas viendo como licitan sus viviendas para el derribo.
Pedimos a las instituciones que no miren para otra parte, que es la hora de actuar, que después de la propuesta no de ley del Parlamento de Cantabria estamos ante una situación única para resolver, definitivamente, esta injusticia que dura tanto años en nuestra comunidad.
La responsabilidad del Gobierno en cumplir los mandatos del Parlamento, que no dejen pasar el tiempo, que se pongan de verdad a trabajar más de mil familias se merecen que el acuerdo del Parlamento se haga realidad y haya un solución legal para todos.
El día 15 de Marzo en los Ayuntamiento de Arnuero y Argoños te esperamos necesitamos de tu ayuda, para que Gobierno, Ayuntamientos y Justicia no se olviden sus obligaciones, ven a nuestras concentraciones, manifestaciones y al encierro.
Te esperamos
Gracias por tu ayuda.
29.02.08
ENCIÉRRATE Y MANIFIÉSTATE CONTRA EL DERRIBO DE VIVIENDAS DE INOCENTES
Conde Pumpido Fiscal General del Estado ha pedido a los fiscales "que estén siempre más cerca de los intereses de los agredidos que los agresores y de los estafados que de los estafadores". y añadimos nosotros, de las víctimas que de sus verdugos, de los maltratados que de los maltratadores.
05.03.08
DERECHO A LA CRITICA O VICTIMA Y APALEADO
El derecho a la discrepancia y a la crítica
VICTIMA Y APALEADO
Nos comentan amigos del Alto del Cuco que se han llevado un buen disgusto, ya que las víctimas parecemos los verdugos. En los últimos días, la Guardia Civil se ha puesto en contacto con algunos afectados y les ha imputado varios delitos: injurias, amenazas y calumnias.
Todo es fruto de la denuncia que presentó el presidente de Arca contra nosotros en abril del año pasado, denuncia que desconocíamos.
Al parecer, a Arca no le gusta nuestro abogado, nuestra forma de defendernos, nuestras opiniones... Les parecía poco lo que nos habían jodido y decidieron denunciarnos por lo que escribíamos en nuestro foro, ese que utilizamos entonces y seguimos utilizando ahora para contarnos nuestras penas, para informarnos, para hablar entre nosotros...
Es decir, al cabo de un año nos enteramos de que a los que ha estado investigando la justicia no es a los que nos han jodido vivos, es A NOSOTROS.
Pero ¿en qué país vivimos? Y que quede muy claro que la Guardia Civil sólo cumple órdenes y no tiene culpa de nada.
Eso sí, que quede muy claro también que mientras nos han estado investigando a nosotros, no han podido investigar las estafas, las redes de pederastas y demás delitos que se cometen en Internet.
Esto es una vergüenza.
Desde AMA queremos manifestar el apoyo a todas estas personas que además de ver como les roban el patrimonio de sus familias, tienen que soportar el ser tratados como delincuentes.
No acabamos de entender a aquellos que tienen tanta sensibilidad con las flora y la fauna y sin embargo están amargando la vida a personas honradas.
Hola Amigos:
Mi nombre es Antonio y desde esta tribuna de libertad ofrecida por el Diario Montañés quiero contaros la historia de una injusticia que se está cometiendo actualmente en nuestra comunidad.
Las víctimas de las sentencias de derribo llevamos más de una década esperando de las diferentes administraciones una solución definitiva, sabiendo que en cualquier momento nuestros hogares pueden ser destruidos por la piqueta de la injusticia.
Esta situación está deteriorando y minando nuestra salud, ocasionando sucesos verdaderamente penosos, como consecuencia de la angustia y el estrés que llevamos viviendo durante tantos años.
Este colectivo se encuentra totalmente indefenso, no siendo ni parte en los procesos judiciales, donde todo se ha solventado entre los denunciantes una Asociación y los condenados (las Administraciones).
Los tribunales, a través de 21 sentencias, han condenado a la Administración y en un caso concreto se ha pedido por parte del TSJC que se abran diligencias informativas por si los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo han podido incurrir en algún delito penal.
Sólo pedimos poder vivir en nuestros hogares comprados de buena fe.
En www.inocentesdecantabria.galeon.com puedes tener más información de nuestra situación.
04.10.06
Con motivo del homenaje a nuestros mayores escribimos el presente texto y Beatriz 13 años nieta de María le hizo ese dibujo.
La Asociación AMA, que agrupa a más de 500 familias, que han sufrido de una manera muy intensa la injusticia producida por actuaciones de las Administraciones Públicas que condenan sus viviendas al derribo.
AMA hace una mención especial a la situación en que se encuentran los mayores. Ellos que con los ahorros de toda una vida de la actividad laboral han comprado su vivienda y que ahora ven cómo la misma se encuentra en peligro.
Muchos son los miedos, sinsabores, incomprensiones; muchas las noches sin dormir, cuántas reuniones con abogados, peritos, ayuntamientos, etc. Su único "pecado" ha sido comprar una vivienda que las administraciones les habían asegurado que eran legales, para después, esas mismas administraciones, decirles que tienen que derribarlas.
Este colectivo es especialmente sensible, sufriendo en sus carnes, además de la injusticia, la soledad. Quienes tienen el deber de defender sus derechos, los poderes públicos, no sólo no lo han hecho, sino que son los culpables de su situación.
Ni ellos ni ninguna persona de buena voluntad puede entender que trabajes toda tu vida para que, sin haber cometido delito alguno, quieran acabar con tu casa.
Las depresiones, el estrés y otras situaciones críticas se repiten en este colectivo sin que por parte de los Poderes Públicos se de una respuesta a esta situación.
En algunos casos estas personas llevan más de 10 años viviendo con este miedo y esta tensión, sin poder disponer de su patrimonio, ni para una operación o para ayudar a aquel hijo que se ha quedado en el paro o que lo necesita. Pero esos poderes públicos dicen que no se ha producido el daño.
¿Cómo es posible que esté sucediendo esto?. Se conoce a los culpables, los que han cometido los delitos, faltas, errores... pero esa gente no tiene ningún proceso pendiente. Sin embargo, nuestros mayores todos los días se acuestan pensando que puede ser mañana cuando alguien llame a su puerta para decirle que van a derribar su vivienda, su hogar, construido con el trabajo y amor de toda una vida.
En más de una década que llevan con esta situación algunos ya nos han dejado, otros están en una situación muy difícil, y los más jóvenes empezamos a peinar canas con este problema, las que nos salen con el paso del tiempo y sobre todo las que nos producen los disgustos de vivir día a día esta situación tan incomprensible e injusta.
El martes pasado María, de 68 años, me decía: "¿Qué hemos hecho mal, Antonio?, mi marido ni quiere hablar de este tema, está totalmente deprimido, apenas sale de casa, y se echa la culpa no sabe si de su mala suerte o de no tener valor para hacer una barbaridad".
Las lágrimas de María no las verán ni los responsables políticos, ni los jueces, ni los que dicen que el daño no se ha producido, ni siquiera sus abogados, pero a los que sabemos de la bondad de María y de esta injusticia sí que nos llega a lo más intimo.
Por ello, con todo nuestro sentimiento pedimos justicia para estos amigos que como María lloran su pena en soledad. Les han robado la ilusión, pero que al menos sientan el cariño de los que les comprendemos y diciéndoles que no están solos.
Por último, agradecerte toda mostrar de solidaridad con este colectivo que simplemente quiere vivir en su hogar.
05.10.06
El amigo Pablo nos cuenta como el disparate urbanístico de nuestra comunidad, donde unos pocos se aprovechan política y económicamente y los demás sufrimos las consecuencias de sus actos.
¿Qué está pasando en Argoños?
Corren tiempos agitados para el urbanismo desaforado, ese que ha llenado de ladrillos y hormigón muchos (quizás demasiados) enclaves de la geografía peninsular, con especial incidencia en las zonas litorales.
Los recientes acontecimientos de Marbella, con el encarcelamiento de varios responsables municipales y el nombramiento de una "junta municipal de crisis", unido a la propuesta de designación de 25 fiscales especiales encargados de investigar posibles casos de delincuencia urbanística, han llevado a las primeras páginas de la prensa escrita y a todos los programas radiofónicos y televisivos un problema nacional que era "vox populi" y del que las máximas instancias administrativas, las que teóricamente velan por los derechos de cada uno de nosotros, "no se habían enterado".
Las actuaciones realizadas (y alguna más que a buen seguro llegará a poco diligentes que sean los fiscales especiales de reciente nombramiento) eran necesarias sin duda: por un lado, para esclarecer situaciones de enriquecimiento escandaloso, difícilmente justificable e inexplicables con la ley en la mano; y por otro, para tranquilizar a la ciudadanía, que veía como una situación de flagrante ilegalidad no tenía ninguna repercusión jurídica.
De alguna manera, los ciudadanos de a pie necesitábamos alguna prueba de que no se puede actuar de espaldas a la ley de forma indefinida. Ahora nos toca esperar para ver como evolucionan los acontecimientos y observar si, al final, todos esos fuegos artificiales de la televisión, radio y prensa escrita se concretan en algo.
En este maremagnum mediático algunos echamos en falta una referencia directa a lo que está sucediendo en Cantabria, que en muchos aspectos recuerda a lo visto en Marbella y otras ciudades del litoral español. Cada vez que oímos/leemos este tipo de noticias afloran en nuestra mente imágenes de Argoños, Liencres, Arnuero y nos preguntamos con incredulidad cómo es posible que municipios tan pequeños como Argoños acumulen tal cantidad de sentencias definitivas de derribo; cómo es posible que, siendo los condenados las distintas administraciones, no haya pasado nada, ni una dimisión, ni un solo expediente disciplinario. Sencillamente nada. Aún más, los responsables municipales siguen actuando como si la cosa no fuera con ellos.
En este contexto el caso del ayuntamiento de Argoños resulta especialmente llamativo. Lleve más de 5 años a la espera de que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sea aprobado (antes estuvo el PGOU del 2001 del 2003...). Pero en el último año se han aprobado múltiples los cambios del PGOU en los plenos municipales y el mismo número de veces dicho plan ha sido rechazado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno de Cantabria. La situación es difícilmente aceptable porque existe constancia de que la CROTU ha realizado indicaciones claras y precisas de los aspectos a subsanar en cada una de las versiones presentadas del PGOU de Argoños y que las soluciones propuestas por la CROTU han sido consensuadas con el Ayuntamiento.
Como ciudadano particular me cuesta demasiado aceptar que una vez consensuadas las modificaciones del PGOU, ese plan sea rechazado Reiteradamente por la CROTU. La única explicación que se me ocurre es pensar que el Ayuntamiento de Argoños introduce "a última hora" modificaciones de "cosecha propia" que romperían los acuerdos consensuados con la CROTU. Reconociendo mi desconocimiento en temas jurídicos, me pregunto si no es ya el momento de que el Gobierno de Cantabria tome cartas en el asunto y se adopten decisiones firmes que impidan esta pérdida de tiempo y de recursos cuyos únicos beneficiarios no están del todo claros y que implican un evidente menosprecio y desacato de las directrices emanadas directamente del gobierno de Cantabria.
Parece que el problema se podría resolver como en Marbella, desmantelando algunos plenos municipales y encarcelando a algunos de sus responsables. Quizás esas decisiones deban adoptarse, quizás en algunos caso debieran haberse adoptado antes. Sin embargo, en toda esta situación existen unos actores de los que nadie parece acordarse. Si claro, me refiero a los propietarios de las viviendas denunciadas por irregularidades de tipo urbanístico y sobre las que, en muchos casos, pesan sentencias de derribo. Recuérdese que estos momentos el ayuntamiento de Argoños está sentenciado a derribar más de 250 viviendas. En la mayoría de los casos (quizás en todos, pero dejemos un margen de error) son sentencias en las que los propietarios han sido espectadores pasivos de lo que estaba sucediendo. Compraron sus viviendas cumpliendo todos los requisitos legales y económicos que las distintas administraciones y los constructores les indicaron. Posteriormente se enteraron de que, a pesar de tener "todos los papeles en regla", sus urbanizaciones habían sido denunciadas por alguna organización ecologista que no había registrado la denuncia, con la evidente mala fe que ello conlleva, porque no existía manera alguna de que los compradores conocieran la existencia de tales denuncias. Sin poder personarse en los procesos judiciales subsiguientes, fueron viendo como en las distintas denuncias el ayuntamiento y/o la Diputación iban siendo condenados. Paradójicamente y ante el estupor e incredulidad de los propietarios, las penas de tales condenas (cuyos destinatarios eran el ayuntamiento de Argoños y/o la Diputación de Cantabria) no repercutían en los condenados sino en los propietarios de las viviendas, que iban viendo como las sucesivas sentencias condenaban dichas viviendas a la piqueta.
A día de hoy nadie entiende como, habiendo cumplido escrupulosamente todos los requisitos legales para la adquisición de sus viviendas, penden sobre las mismas sentencias de derribo. Y lo que es aún más grave, no se puede comprender como las administraciones local y regional no solucionan de un vez este problema, ignorando los cientos de familias que sufren a diario la inseguridad de ver sus viviendas con sentencias de derribo, sin entender el juego de dichas administraciones.
Ojala la cordura y el sentido común se abran paso en esta maraña de intereses urbanísticos y políticos y se nos permita seguir disfrutando y respetando esta maravillosa tierra y sus gentes.
Pablo Bahillo
Cerca de 2500 personas estamos pendientes de estas reuniones y de las gestiones del Gobierno y Parlamento de Cantabria, de los Ayuntamientos y de las resoluciones de los jueces para que resuelvan un problema que ellos han creado, ya que las 21 sentencias firmes de derribo condenan a la Administración (Gobierno de Cantabria y Ayuntamientos).
Esta situación está ocasionando un graves daños tanto morales como físicos: deteriorando y minando nuestra salud, son tantos años, que el daño que se nos esta ocasionando además de totalmente injusto en muchos casos puede llegar a ser irreparable.
Los culpables de esta situación no sufren ni el peso de la justicia, ni reparan el daño ocasionado, y los inocentes sufrimos años tras años las consecuencias de sus actos.
La preocupación de AMA por los últimos autos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC está teniendo pidiendo solo la ejecución de derribos, cuando hay otras posibilidades dentro de legalidad vigente.
Otras comunidades donde el problema es mucho mayor, por ejemplo en Andalucía donde Concha Caballero en sede parlamentaria cifra en más 150.000 las viviendas ilegales (frente a las 500 en Cantabria) están solucionando estos problemas y siempre respetando a las víctimas ¿qué ocurre en Cantabria para que en 10 años no se haya solucionado el problema de ninguna vivienda?.¿por qué en Cantabria no hay responsables de esta situación?.
Por último desde AMA queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos para que no se consumen daños irreparables para la Comunidad CantabrIa.
09.10.06
¿QUIÉN HACE JUSTICIA EN CANTABRIA?
Estimados amigos:
He leído un comentario en el que se pregunta ¿quién hace justicia en nuestra comunidad?, si los jueces no reciben a las victimas y los culpables de esa situación nos son juzgados por los jueces.
Mañana se celebra el acto de apertura año judicial 2006-2007 donde el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Cesar Tolosa Tribiño presidirá el citado acto, al que asistirán entre otros la Fiscal Jefe del TSJC Pilar Martín Nájera, el Presidente del Gobierno de Cantabria Miguel Ángel Revilla.
Esperamos que en este año judicial la víctimas tengamos el reconocimiento de sus Señorías y que se haga justicia como dice el nombre de nuestro blog "POR UNA CANTABRIA MAS JUSTA".
La realidad es que quien aplica la ley, todos lo tenemos claro, es la justicia a través de sus órganos correspondientes.
Pero aplicar las leyes no es sinónimo de hacer justicia, todo norma tiene sus interpretaciones y en el caso de las sentencias de derribos en Cantabria, se han aplicado esas normas sin tener en cuenta al 3º perjudicado, a la víctima, al que no ha hecho otra cosa que comprar de buena fe una vivienda, muchas veces con el ahorro de toda una vida, que las instituciones le han dicho que era totalmente legal, para posteriormente declara la ilegalidad de la misma.
Si cualquiera de nosotros haríamos algo parecido a lo que ha realizado la Administración, estaríamos hablando de un delito tipificado el código penal como delito de estafa.
Si la Administración nos ha estafado, ¿por qué los jueces no han protegido los derechos de las víctimas?.
La Comisión Regional de Urbanismo durante cerca de 8 años ha aprobado normas que sus consecuencias han sido 21 sentencias de derribo, que afectan a más de 2500 personas en nuestra comunidad.
Si la Administración ha sido condenada en 21 sentencias, ¿por qué los fiscales y los jueces no han encontrado responsabilidad de los condenados?, ¿quizás es que obraban de buena fe?, pero si no hay dolo por lo menos debería haber culpa, ya que sino no se dictarían sentencias condenatorias.
¿Cómo es posible que casi el 70% de la casas con sentencias de derribo las constructoras hayan desaparecido?, pero no se las ha tragado la tierra, han desparecido con quiebras fraudulentas o culpables dictadas por jueces.
¿Cómo es posible que nadie haya investigado que conexión existe entre las constructoras con las sentencias de derribo? y los que ha dado las licencias, los que han aprobado los planes urbanísticos, los estudios de detalle, los que desde la Comisión Regional de Urbanismo han aprobado todo este desastre, o estamos ante un casualidad,
O quizás haya muchas personas con demasiada responsabilidad que han mirado para otra parte.
Pero a pesar de todo lo dicho la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cada vez que dicta un auto es para meter miedo a las víctimas, para decir que sus casas hay que tirarlas lo antes posible.
Ellos no habrán visto las lágrimas de María y la injustita que con este colectivo se está cometiendo, quizás estén por encima del sufrimiento y del drama humano, o simplemente las justicia y la ley no tiene nada que ver.
10.10.06
Y ENTRE LOS TRES LES DIMOS UNA PALIZA
Nos comenta Julia parafraseando a Gila y a nuestro amigo Fernando:
21 SENTENCIAS QUE CONDENAN A LA ADMINISTRACION Y NI UN INCULPADO, NI UNA DIMISIÓN.
Y QUIEREN TIRAR LAS CASA DE INOCENTES.
Me recuerda el sucedido GILA :
Estaba el AYUNTAMIENTO "PRESUNTAMENTE" PREVARICANDO.
Llegó EL GOBIERNO Y DIJO esto no puede ser A POR ELLOS
y se unió al Ayuntamiento y siguieron "PRESUNTAMENTE" PREVARICANDO.
y por último LLEGO LA JUSTICIA y DIJO ESTO ES INCONCEBIBLE, NO SE PUEDE PERMITIR, ES INCONSTITUCIONAL, INTOLERABLE, ¡¡COMO SE PUEDE TIRAR LOS VIVIENDAS DE INOCENTES VICTIMAS DE LA ADMINISTRACION!!.
Y ENTRE LOS TRES ESTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION (Ayuntamientos, Gobierno y Justicia)"PRESUNTAMENTE" LES DIMOS, les dimos A LOS INOCENTES, LES DIMOS HASTA CANSARNOS.
Y ACABAR PSIQUICA Y FISICAMENTE CON ELLOS Y para terminar DERRIBAMOS SUS CASAS.
Hay humoristas que definen la realidad como nadie.
23.10.06
DESDE LA DESESPERACION
El sábado en Argoños vivimos una muestra de la solidaridad de los afectados y amigos de otras urbanizaciones, convocados a través de AMA, con los amigos de Las Llamas I que debido a los últimos autos de los Tribunales, lo están pasando muy mal.
Desde la desesperación de esta buena gente, pudimos ver en sus ojos la pena y la impotencia ( reflejadas en estas fotos de Roberto).
por la actuación del Ayuntamiento de Argoños, del Gobierno y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad.
Los medios de comunicación que cubrieron esta concentración nos dejaron entre otras las siguientes crónicas:
El 15% del suelo urbano del municipio tiene edificaciones con sentencia de demolición
Afectados por sentencia de derribo protestan por el caso Las Llamas I,
R. BEDIA.
Algo menos de un centenar de personas asistieron ayer a la concentración convocada en Argoños por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para protestar por la última sentencia de derribo que afecta a 19 viviendas unifamiliares situadas en la Urbanización Las Llamas 1, de Argoños,
El presidente de AMA, Antonio Vilela, se dirigió a los afectados por megafonía para explicar que el apoyo de la asociación a afectados de pequeñas urbanizaciones se justifica en su desamparo y su debilidad, "para que sientan que cuentan con el apoyo del resto de víctimas de la Administración y que no están solos".
Las cuatro 'sentencias de derribo que pesan sobre Las Llamas 1, a ejecutar antes de 2007,
"condenan al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno de Cantabria, y por esto el Gobierno debe poner medios a los sufrimientos de los propietarios" mediante la inclusión de las partidas presupuestarias precisas para las indemnizaciones.
En opinión de Vilela, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria es la que "mira hacia otra parte ordenando los derribos" y no tiene en cuenta los acuerdos tácitos suscritos entre los demandantes, la Asociación Ecologista Arca, y los afectados 256 viviendas con sentencia de derribo que tiene este Ayuntamiento, lo que supone más del 15% de sn suelo urbano.
Los afectados de la Urbanización Las Llamas 1 serán los primeros en ver demolidas sus viviendas de entre las 21 urbanizaciones con sentencia de derribo que existen en Cantabria emitidas por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia y que afectan a unas 2.500 personas afectados.
Puso como ejemplo las propuestas de derribo realizadas por el Ayuntamiento de Argoños con el beneplácito de Arca
Según Vilela, en ninguna sentencia se ha señalado responsables políticos de la situación, como lo pueden ser a su juicio el actual presidente del Gobierno Cántabro, Miguel Ángel Revilla, que ocupaba el cargo de consejero de Obras y Urbanismo en la anterior legislatura, o la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, que era concejal en el Ayuntamiento de Piélagos cuando se construyeron las 88 viviendas en ese municipio ahora afectadas por sentencia de derribo.
También tienen en su opinión culpa los tribunales de Justicia de la región, "porque en ninguna de las sentencias se cita como culpables a los constructores que han desaparecido con quiebras fraudulentas".
"Sólo estamos pagando las víctimas, los que hemos comprado una vivienda sin saber nada", y por eso Vilela reclamó ayer una legislación que obligue a conocer la situación legal de una propiedad antes de su adquisición.
Una de las soluciones propuestas por AMA es la legalización de las construcciones demandadas, "tal y como se ha hecho en otros supuestos", señaló Antonio Vilela, quien explicó que en los años que llevan abiertos los procesos, se han producido dos casos de suicidio entre los afectados y muchos han debido acudir a tratamiento psicológico, "aunque es muy difícil demostrar que hayan sido por la tensión y la ansiedad que nos produce esta situación de indefensión e injusticia".
El próximo 25 de octubre, la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo (CROTU) celebrará una reunión para analizar el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, que se encuentra en la cuarta exposición pública y que muestra, a juicio de Vilela, "una situación ridícula al utilizarse planos de 2003 en los que no aparecen hasta diez urbanizaciones ya construidas".
Gonzalo Seller
Nueva concentración de los afectados por sentencias de derribo
Está previsto que la primera urbanización sea demolida.
Los vecinos de la urbanización Las Llamas I de Argoños, con 19 viviendas afectadas por una sentencia de derribo, volvieron ayer a concentrarse junto a sus casas ante la inminente llegada del plazo de demolición de las mismas, que según el auto judicial deberá realizarse a lo largo de 2007.
En esta protesta estuvieron acompañados por miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por más afectados con sentencias de demolición en los barrios de Pueblo del Mar I (78 viviendas), Las Llamas II (22), Las Llamas III (16), Camino del Portillo (14), Cuetos (8), La Llana I (91) y La Llana II (8), todas ellas situadas en Argoños, uno municipios más pequeños de Cantabria y con un 15% de sus 5,5 kilómetros cuadrados envuelto en fallos judiciales.
Los portavoces de AMA denunciaron la «poca sensibilidad» de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). «ARCA, promotora de la denuncia, llegó a un acuerdo con los ayuntamientos para demorar un poco el derribo, pero la jueza instó a que se hiciera en el menor plazo posible», apuntaron.
Para ellos, el Gobierno «debe dejarse de buenas palabras y actuar. Es hora de poner dinero y hacer uso de los aprovechamientos urbanísticos», que permitirían ofrecer a los afectados una alternativa a su vivienda ilegal.
Además, los vecinos denunciaron que las constructoras de las viviendas «han desaparecido con quiebras fraudulentas» y los responsables aún no han pagado. Entre ellos, los portavoces de AMA señalan al actual portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga. Esta última, dicen, «se niega incluso a recibirnos».
«Tiene que haber una modificación legislativa para que lo que ha ocurrido aquí no vuelva a pasar, ni en Cantabria ni en España», reclamaron.
Un juez ordena adelantar a 2007 el derribo de19 viviendas ilegales en Argoños.
La medida afecta por primera vez a apartamentos habitados
JOSÉ DOMÍNGUEZ
Las 19 viviendas de la promoción Las Llamas I de Argoños deberán ser derribadas antes de que acabe 2007. El juez confirma así la postura del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que hace un mes instó al Ayuntamiento de la localidad a acelerar los trámites para derruir 74 apartamentos que, en un primer fallo, podían seguir en pie como máximo hasta 2017. De cumplirse la orden que el juzgado de instrucción ha remitido a sus dueños ya en tres ocasiones, serán los primeros pisos habitados en España demolidos por resolución judicial en suelo urbano.
Alrededor de 250 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer junto a estas viviendas para exigir soluciones. «Estamos machacados por el Gobierno, los Ayuntamientos y los jueces», protestó su presidente, Antonio Vilela. Según reiteró, las sentencias que declaran ilegales más de 530 inmuebles en Cantabria «responden a irregularidades cometidas por el Gobierno regional y las instituciones locales, no por las víctimas que destinamos a estas casas nuestros ahorros».
Impacto paisajístico.
El representante vecinal exigió al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, «que cumpla la promesa de reunirnos para buscar soluciones que nos hizo hace dos meses». «Nos dijo que pondría a trabajar a su Gobierno para solucionar esta situación», lamentó.
AMA insiste en que la legalización de estos inmuebles puede llegar con la modificación de los planes urbanísticos municipales.
En Argoños podría regularizarse el 95% de las 262 casas afectadas. «Pero el juez insiste en un derribo que, para colmo, en este caso responde a viviendas condenadas por su impacto paisajístico, cuando con posterioridad se han construido otras dos urbanizaciones delante de ellas», recriminó.
Los escándalos urbanísticos
REPORTAJE
500 viviendas con fecha de caducidad
Dieciséis urbanizaciones ilegales construidas en varias localidades del litoral cántabro serán derribadas a partir de noviembre
NATALIA JUNQUERA - Santander
"Esto iba camino de ser Benidorm", afirma Miriam García, directora de Urbanismo
Los 2.500 afectados piden una ley 'de punto final' que legalice sus viviendas
La publicidad de la promotora anunciaba así la urbanización en 1991: "Con todas las ventajas que siempre ha soñado: un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar. Un privilegio que Cenavi, Proyectos y Desarrollos Inmobiliarios pone a su alcance". Hoy, el residencial El Encinar, en Arnuero (Cantabria) es ilegal y está a punto de ser derribado por una sentencia del Tribunal Supremo.
El Encinar va a ser la primera de las 16 urbanizaciones (casi 500 viviendas) con sentencia firme de derribo por estar construidas sobre suelo no urbano (caso de El Encinar), vulnerar la ley de costas o el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). De modo que en estos momentos hay 500 familias en Cantabria esperando con angustia la llegada de las excavadoras, que se producirá previsiblemente a principios de noviembre en Arnuero, según el alcalde, José Manuel Igual (PP). Todos los afectados se han unido en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
El bosque que habían de disfrutar "en la intimidad" los vecinos de la urbanización de Arnuero, según el folleto de promoción, es un encinar protegido por el Gobierno regional con un nivel 5 -el máximo- en la escala de valoración del Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Cantabria. Mientras, y por extraño que parezca, el centenar de familias que compraron allí un apartamento de 48 metros cuadrados, con su bosque, su playa y su ría incluidos, sigue pagando su hipoteca.
"Compré la casa en 1991 y firmamos la escritura en abril del 1994. Cuando empezamos a oír que los ecologistas de Arca (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) habían puesto una demanda diciendo que la urbanización era ilegal, fuimos a preguntar qué pasaba al ayuntamiento. Nos enseñaron las licencias; 'todo en regla, señora', decían. En Cenavi, lo mismo: 'Esa demanda no va a ninguna parte. Esté tranquila'. Como tampoco nos iban a devolver los 4 millones y medio de pesetas [27.000 euros] que habíamos puesto de señal, firmamos. Al mes siguiente salió la sentencia que anulaba las licencias de construcción y que decía que mi casa era ilegal", relata Mercedes Díaz desde su apartamento de El Encinar.
"Llevamos peleando 13 años y el desgaste es enorme. Hay mucha gente en tratamiento por depresión. Ha habido muchas separaciones de parejas que se acusan uno al otro de dejarse engañar al comprar la casa e incluso dos casos de suicidio. Es imposible decir que la culpa es de esto, pero algo tendrá que ver", explica Antonio Vilela, presidente de AMA.
Vilela vive en otra urbanización moribunda: Las Llamas, en Argoños, el ayuntamiento más pequeño de Cantabria, con 5,5 kilómetros cuadrados. Más del 15% de su territorio tiene sentencias de derribo pendientes, según el presidente de AMA. Arca ha ganado 10 demandas contra otras tantas urbanizaciones en el municipio, en total, 247 viviendas. "Todas tienen que estar demolidas en 2007", explica Vilela.
Los procesos jurídicos son complejos. Tanto, que se han demorado más de una década. En el caso de El Encinar, se resumen en lo siguiente: los terrenos (rústicos) se recalificaron directamente como urbanos, en lugar de urbanizables. Inmobiliaria Arnuero compró el suelo. El Ayuntamiento otorgó las licencias de construcción, de la que se encargaría Cenavi (hoy propietaria de Inmobiliaria Arnuero) y el Gobierno regional dio su visto bueno. La urbanización se puso en marcha con todo el respaldo legal (municipal, regional y del Registro de la Propiedad).
Pero estaba mal hecho. Años después de que 13 militantes de Arca pasaran dos noches en la cárcel por encadenarse a las excavadoras cuando empezaba la construcción de El Encinar, el Tribunal Supremo confirmó su ilegalidad y aceleró su derribo. "Nos encarceló la juez de Santoña. Cuando me vieron aparecer, los presos se lo tomaron de guasa. Soy funcionario de prisiones y los veía todos los días. Todavía me lo recuerdan", afirma José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.
La mayoría de los vecinos de El Encinar son vizcaínos. Adquirieron su apartamento como segunda vivienda animados por la puesta en servicio de la autovía Bilbao-Santander en 1995, que ponía "el privilegio" de un bosque privado a tiro de piedra. Arnuero tiene menos de 2.000 habitantes en temporada baja y cerca 15.000 en verano. La demanda turística ha propiciado la construcción de 28 hoteles, 17 de ellos en la misma calle, una avenida que lleva el nombre de Juan Hormaechea ex presidente del Gobierno regional y condenado a 14 años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos. Uno de los hoteles más populares del municipio se encuentra sobre la playa entorpeciendo las vistas de los vecinos de la urbanización que se derribará, pero correrá mejor suerte que ésta.
El coste de la demolición de las 144 viviendas asciende a 1,3 millones de euros y el Ayuntamiento de Arnuero está condenado a pagarla. "Francamente, me hubiese gustado invertir el dinero en otras muchas cosas que necesita este municipio. Esto es una situación heredada", lamenta Igual. Quien ocupaba la alcaldía cuando se empezó a construir El Encinar, José Luís Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. "En la calle corre el rumor de que podría presentarse a las próximas elecciones porque cumple su condena de inhabilitación. Es un rumor muy vivo y podría ser muy cierto", añade Igual.
Para que el presupuesto anual de Arnuero (tres millones de euros) no sufra demasiado, el tribunal les ha permitido demoler la urbanización en 16 fases (ocho de derribo y otras ocho de regeneración). La primera fase, la que comienza en noviembre, comprende dos bloques de viviendas que están deshabitadas. "Luego vendrán todas las demás. Ya tenemos ahorrados en la hucha 600.000 euros", explica Igual.
La empresa constructora Cenavi se presentó recientemente al concurso para demoler las mismas viviendas que había construido, lo que provocó la indignación de los vecinos de El Encinar. "Somos tan víctimas como los vecinos. Hemos dejado sin vender 44 apartamentos y todo esto ha dañado nuestra imagen. Nos presentamos al concurso de demolición para que no quedase desierto y estamos pensando pedir una indemnización de 3.000 millones de pesetas [18 millones de euros]", relata un consejero delegado que prefirió ocultar su nombre. Finalmente, perdieron el concurso porque su presupuesto era más caro.
Los 2.500 afectados por los derribos piden que se haga "borrón y cuenta", que se legalicen sus viviendas y que, a partir de ahora, se intente hacer las cosas bien. "Los políticos se nos abrazan cada vez que nos ven como si se nos hubiera muerto un pariente, pero luego no hacen nada. En principio, todos los grupos parlamentarios están a favor de una ley de punto final que legalice estas 500 viviendas. Nos dijeron que el servicio jurídico del Gobierno de Cantabria iba a estudiarlo, pero todavía no nos han comunicado nada", explica Vilela.
Arca teme que la propuesta de AMA salga adelante, porque supondría tirar por tierra el trabajo de tantos años. "Los alcaldes de Cantabria aprendieron el negocio de las promotoras en la época de Juan Hormaechea (ex presidente cántabro). Venían con el constructor a querernos e informarnos de que con la urbanización equis iban a ganar tanto y que estaban dispuestos a llegar a cualquier acuerdo con nosotros. Era todo muy burdo. Ahora el modelo es más sofisticado, pero es muy difícil romper la dinámica", explica Herrera.
"Cuando llegué a mi cargo hace tres años y medio, esto iba camino de convertirse en Benidorm. El Plan de Ordenación del Litoral evitará que estas cosas vuelvan a pasar, aunque la presión económica sigue siendo muy fuerte. Ahora la gente es más sensible, pero me sigue sorprendiendo que haya quien demande casas al borde del mar o campos de golf donde no hay agua", explica Miriam García, directora general de Urbanismo de Cantabria.
Sólo una vez que se hayan demolido todas las casas, los propietarios podrán solicitar indemnizaciones, porque la sentencia dice que para valorar las compensaciones tiene que haberse producido un "daño efectivo". De momento, los vecinos sí han recibido compensaciones por daños morales: 12.000 euros para los que tenían allí su primera vivienda y 9.000 para los que la utilizaban como segunda. Mercedes Díaz señala el paisaje de El Encinar. "Esto fue lo que nos enamoró. Compramos la casa de buena fe, con todos nuestros ahorros. Estaba todo en regla: la licencia, la cédula de habitabilidad...", repite una vez más. "No le deseo lo que estamos pasando ni a mi peor enemigo".
25.10.06
NATALIA
Hay que reconocer el trabajo periodístico de Natalia, que desde AMA agradecemos, sólo algunas pequeñas puntualizaciones
1ª A las víctimas de las sentencias de derribo compramos una viviendas legales y así lo certificaron los diferente administraciones, pedimos que esas administraciones pongan los medios para que sigan siendo legales, esa es su responsabilidad.
2ª Nosotros no queremos tirar por tierra el trabajo de nadie, pero seguro que hay medios para que se respete el trabajo de ARCA y a la vez se reconozcan los derechos de las víctimas de las sentencias de derribo.
3ª Todos saben quienes son los responsables (Pte. de la Comisión Regional Urbanismo y miembros de la misma, Alcaldes y Equipos de Gobierno de los diferentes Ayuntamientos, y quien no lo son la víctimas, por lo cual no se pueden cargar a éstas con el castigo de derribar su viviendas.
4ª No se puede convertir a las víctimas en culpables y decir que eso es hacer justicia.
5ª Si los inocentes hiciéramos lo que ha realizado los poderes públicos en Cantabria estaríamos procesados por Estafa, Apropiación Indebida, Hurto, Robo, y sin embardo se quiere derribar las viviendas de inocentes. Los que han cometido los delitos siguen en sus puestos en los Ayuntamientos y en el Gobierno de Cantabria.
Por último decir que hay inexactitudes en algunas cifras y referencias pero consideramos que son fruto de una información muy amplia que difícilmente se puede condensar en un artículo.
Gracias Natalia por acercarte a todos y enseñarnos que si todos: los demandantes, los demandados y las víctimas pudiéramos tener ese acercamiento posiblemente conseguiríamos soluciones y contribuir a hacer UNA CANTABRIA MAS JUSTA
31.10.06
JUSTICA
En declaraciones a los periodistas tras la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz para la promoción de actividades ante el bicentenario de la Constitución de 1812, Hernando indicó que en nuestro ordenamiento jurídico prevalece el sistema de justicia rogada, 'lo que quiere decir que los jueces actúan en virtud del principio de impulso procesal de las partes'.
Por ello, aseguró que si el Ministerio fiscal o las partes que se consideran perjudicadas o denunciantes no instan al derribo de las edificaciones ilegales, 'los tribunales no lo deben acordar de oficio'.
Así, lamentó que 'muchas veces el problema radica no tanto en el derribo como en el coste' y explicó que una construcción que se ha declarado ilegal 'a posteriori', implicaría una responsabilidad de la Administración Pública concedente de la autorización para edificar, por lo que habría que resarcir al propietario de esa edificación, 'ya que empezó a construir en virtud de un acuerdo municipal o regional'.
Nuestro comentario:
Hernando (CGPJ) fija condiciones tribunales acuerden derribos
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, aseguró hoy que si el Ministerio Fiscal o las partes denunciantes no instan al derribo de una construcción ilegal, los tribunales 'no lo deben acordar'. así si el Ministerio fiscal o las partes que se consideran perjudicadas o denunciantes no instan al derribo de las edificaciones ilegales, 'los tribunales no lo deben acordar de oficio'.
En definitiva, que la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el tema de las fechas fijadas por las partes para el derribo de viviendas en Argoños, donde ARCA y el Ayuntamiento han fijado un fechas con aquidiscencia de las partes, la Sala no debe intervenir, ni modificar las mismas, sin embargo la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Cantabria hace lo contrario de lo que le ordena su órgano de gobierno.
En fin que a perro flaco...
02.11.06
MIGUEL ANGEL REVILLA SE PRONUNCIA
MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE DE CANTABRIA
El Presidente del Gobierno de Cantabria Miguel Ángel Revilla en declaraciones a Televisión ha manifestado el 1/11/2006:
Que los afectados por las sentencias de derribo no tienen culpa de nada y que comprende su situación, ya que él se pone en su lugar.
Que los Planes Generales de Ordenación Urbana pueden subsanar los errores anteriores y legalizar las viviendas.
Estas declaraciones junto con las emitidas por la agencia EFE donde manifestaba:
Que ponía su Gobierno a trabajar para buscar soluciones legales a la situación de los afectados.
Que la situación por la que están pasando los afectados es muy difícil y manifestaba su compromiso de búsqueda de soluciones.
Así mismo el Sr. Revilla ha recibido a los miembros de AMA en dos ocasiones:
02/02/2006
Miguel Ángel Revilla, se reunión con una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración después de la reunión comentó:
Hay que ponerse siempre en el pellejo de los dramas de otros, ellos no tienen la culpa de lo que ha pasado, comprendo la situación de esta gente que ha comprado un piso con la mejor voluntad de su vida, y asegúro que le tienen a él y a su gobierno a su disposición.
Donde hay problemas hay que buscar soluciones estamos en permanente contacto a través de la Conserjería de Presidencia y Ordenación del Territorio y Urbanismo con los ayuntamientos implicados para buscar soluciones desde los planeamientos urbanísticos de los citados ayuntamientos.
12/09/2006
Miguel Ángel Revilla, se reunió ayer con una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), para tratar el problema, que afecta a más de 2.000 personas.
El mandatario anunció que la semana que viene se producirá un nuevo encuentro con los afectados y un grupo de expertos en urbanismo del Ejecutivo. Asimismo, Revilla insistió en que las soluciones pasan por el intercambio de aprovechamientos urbanísticos, en el caso de Arnuero, y en el desarrollo de nuevos planes generales que legalicen las viviendas de Argoños y Piélagos.
Por cierto que estamos esperando la citada reunión, pero sobre todo esperamos que estas palabras del Presidente del Gobierno de Cantabria tengan consecuencias reales, ya que no podemos esperar más, hay que pasar de las palabras a las realidades los derribos son inminentes, y hay que acabar con esta situación de injusticia que dura más de 10 años.
07.11.06
El presidente de ARCA, implicado en un posible delito urbanístico
Canales y otras dos personas vinculadas a la organización construyeron en un terrero rústico y en pleno monte unas viviendas de segunda ocupación
DIEGO RUIZ/SANTANDER
La vivienda de Canales se
encuentra en Riocueva, un lugar
de Villaverde de Pontones.
María Antonia Sainz Quintana -esposa de Gonzalo Canales, presidente de ARCA-; Belén de la Lastra, una de las procuradoras que habitualmente trabaja para el grupo ecologista, y José Antonio Losada Armada, cuñado de la anterior, podrían estar implicados en un asunto que 'huele' igual de mal que muchos de los llevados adelante por ARCA, relacionados precisamente con la construcción ilegal en Cantabria. Propietarios de tres viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico -extrañamente recalificado- en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) podrían ser autores de una infracción urbanística, tal y como ha denunciado un grupo de cántabros afectados por una orden de derribo contra sus viviendas, promovida por ARCA, y que están representados por el despacho de abogados madrileño Estudio Legal Castelló 95. La denuncia, presentada el 7 de septiembre de este año, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, está admitida a trámite.
Sainz Quintana -en régimen de bienes gananciales con Canales-, De la Lastra y Losada adquirieron hace algunos años tres parcelas en una finca de 21.469 metros cuadrados en el lugar conocido como Riocueva o Llanceras, en Villaverde de Pontones, en pleno monte, calificada como suelo rústico, y sin ningún tipo de servicios. Allí, los tres propietarios que se conocían perfectamente construyeron irregularmente, según la denuncia presentada, tres casas unifamiliares en parcelas de superficies de 5.191 metros cuadrados, 5.884 y 6.816, respectivamente. Se trata de viviendas de segunda ocupación, que habitan en periodos de vacaciones y los fines de semana.
La infracción
El anterior titular de la finca, según la documentación que consta en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, había solicitado una licencia de segregación que no le fue concedida por el Ayuntamiento. A la vista de esto, los tres propietarios actuales tramitaron de forma separada pero prácticamente simultánea sendas autorizaciones para construir en suelo rústico, conforme al artículo 44.2 apartado 2 del Reglamento de Gestión Urbanística del 78, vigente en esa época. Los hechos se remontan a finales del 97 o comienzos del 98, cuando las comunidades autónomas gestionaban las nuevas normas urbanísticas.
Para el despacho de abogados madrileño que tramita el caso, «estos propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que en la finca no había vivienda alguna cuando estaban gestionando las tres suyas y existía otra ya construida legalmente años antes. Si hubieran realizado la tramitación conjuntamente, la Comisión Regional de Urbanismo no les hubiera permitido construir y es que en el citado artículo 44.2 se insiste en el peligro de la formación de nuevos núcleos de población. Para ello, y sabiendo lo que hacían, falsearon además la realidad con mediciones inexactas». Con la nueva ley, tampoco podrían
haber construido en este lugar y este dato lo conocían.
Durante el inicio de toda la tramitación, el proyecto tuvo siempre el informe negativo del arquitecto municipal, pero al ser cesado en su cargo y sustituido por otro técnico, al poco tiempo, se les concedió el permiso municipal, no sin cierta sorpresa.
El momento.
El caso, actualmente, se encuentra sub iúdice en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander. En un principio, se puso de manifiesto en el Ayuntamiento la presunta infracción urbanística y al considerar éste que todo era legal, se interpuso una demanda por vía judicial admitida a trámite.
«Se trata de una gran incongruencia -dicen los abogados madrileños- por parte de los autores del presunto delito. De estas infracciones hay muchas en España e incluso en Cantabria, pero muchas veces no son imputables a los propietarios de las viviendas. Sin embargo, estas tres personas incurren en la infracción al ser los promotores de las obras. Además, se trata de gente que ha perseguido y denunciado actuaciones similares a la suya».
Sanciones
La sanción para esta infracción urbanística es, para los abogados de Marcos Campos y el resto de los denunciantes, la demolición de lo construido, ya que se parte de unos datos totalmente falsos.
Investigan por hacerse chalés en suelo rústico a ecologistas que piden derribos en Cantabria
Afectados por las sentencias de demolición llevan a los tribunales a miembros de Arca al construirse tres casas cerca de Noja sin respetar en su opinión las normas urbanísticas
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico de la localidad cántabra de Ribamontán al Monte, cerca de Noja. El proceso no dejaría de ser uno más de los muchos abiertos en la comunidad vecina de no ser porque los dueños de las viviendas son la esposa del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, una de las procuradoras que trabaja habitualmente para el grupo y un familiar de ésta.
La denuncia fue interpuesta por varios afectados por las sentencias de derribo que pesan sobre 16 urbanizaciones de la costa cántabra. Da la casualidad de que fue precisamente Arca el colectivo que promovió las decisiones de demoler las viviendas por haber sido construidas bajo graves irregularidades urbanísticas. El pasado septiembre, los demandantes pusieron en conocimiento del juez la existencia de tres edificios edificados «con dudosa legalidad» en terreno rústico.
Marcos Campos, promotor de la demanda, relató que los tres implicados «adquirieron hace años una finca rústica de 21.469 metros cuadrados en una zona conocida como Riocueva y en pleno monte». El anterior dueño del terreno había intentado segregarlo en distintas parcelas. Esta operación permitiría eludir el apartado 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística de 1978, vigente hasta finales de los 90 y que rige la operación del miembro de Arca, por el cual se permite edificar una vivienda en una parcela rural siempre y cuando no haya más en la misma finca.
La reparcelación de la zona, sin embargo, nunca fue aprobada por el Ayuntamiento de Ribamontán. «Aun así, Canales y los otros dos implicados solicitaron en un breve plazo de tiempo y de forma consecutiva permisos para construir tres casas en otras tantas parcelas de entre 5.000 y 6.800 metros cuando legalmente sólo existía una finca», detalló Campos.
Actuación «fraudulenta».
«Primero pidió la autorización el presidente de Arca, y se la dieron. Luego, los otros dos consiguieron el visto bueno, dado que no había pasado el tiempo suficiente para que la primera casa estuviese levantada. De esa forma burlaron el artículo 44.2», advirtió el demandante, afectado por una sentencia de derribo en Liencres. Según el despacho de abogados que tramita la querella, «los propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que no había vivienda alguna, cuando sabían que se estaban gestionando las tres suyas».
La denuncia también refleja otras irregularidades, como «la diferencia entre el proyecto presentado en el Ayuntamiento y el resultado final». Los demandantes llevan «dos años investigando este asunto», que reconocen no habrían «movido de no estar implicada la asociación que exige que se derriben nuestras casas». En ese tiempo, «el Consistorio se ha negado a facilitarnos documentación, por lo que el juez se la acaba de exigir de forma oficial», desveló Campos.
Un portavoz de Arca tachó ayer de «sarta de mentiras» todas estas acusaciones. «Esta denuncia es consecuencia de estar al frente de la lucha contra la corrupción urbanística en Cantabria. Llevamos tiempo sufriendo amenazas y ésta es una más. No tenemos que dar explicaciones sobre cómo se han comprado nuestras casas. ¿Faltaría más!», exclamaron los dirigentes del grupo ecologista.
12.11.06
¿QUE INJUSTICIA?
Este artículo explica la situación de injusticia que vivimos.
¿Con qué intención el demandante (ARCA) no registra la demanda?, quizás para que no se enteren los ciudadanos inocentes que compran una vivienda.
El Sr. Gonzalo Canales en declaraciones a EFE dice literalmente que su organización creó intencionadamente inseguridad jurídica. ¿quizás para hacer una ley a su medida como ha sido el POL?.
De ello presume públicamente.
Es ARCA el culpable de este situación, lo que si es un cooperante necesario, pero las 21 sentencias nos dicen claramente quienes son los culpables, en todos las sentencias se condena a la Administración (Ayuntamientos y Gobierno de Cantabria) no hay dudas ellos son los culpables, ellos lo responsables y por ello tiene que dar una solución a la víctimas inocentes.
La piqueta amenaza a varias urbanizaciones de Cantabria
MÁS DE 2.000 VECINOS EXIGEN AL GOBIERNO AUTONÓMICO UNA SOLUCIÓN PARA EVITAR QUE DERRIBEN SUS CASAS POR UN DELITO AJENO
JAVIER G. GALLEGO
Imagine que al abrir el periódico lee que su casa, recién construida y que acaba de comprar, va a ser demolida porque alguien (no usted) ha cometido un delito urbanístico.
Esto es lo que le pasó a Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), y a las cerca de 2.000 personas que forman este colectivo de Cantabria, creado para tratar de frenar la demolición «injusta» de sus viviendas.
En esta Comunidad hay 21 urbanizaciones sobre las que recaen sentencias firmes de derribo debido a unas irregularidades urbanísticas que se cometieron durante su construcción. En total, la amenaza de demolición planea sobre 600 viviendas de los municipios de Arnuero, Argoños, Piélagos, Escalante y Comillas y los vecinos afectados se aferran a sus últimas esperanzas para evitar que sus casas queden reducidas a escombros.
«Nosotros no somos los culpables, pero vamos a ser los más perjudicados, sólo pedimos que pague quien tiene la responsabilidad», exige Antonio Vilela.
Pero, ¿qué se debe hacer con unos inmuebles que han sido levantados ilegalmente? La Asociación de Defensa de Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) denunció hace más de 15 años los primeros casos de corrupción urbanística en la Comunidad y las investigaciones posteriores demostraron que estas viviendas no cumplían con la normativa que regula el impacto paisajístico.
Demanda sin registrar
Cuando los inquilinos compraron sus viviendas, la demanda no había sido registrada y ninguno de ellos tenían constancia de que sobre sus recién estrenadas casas podría caer una sentencia de demolición. Después de varios recursos y apelaciones, el TSJ de Cantabria decretó el derribo y está previsto que a principios de 2007 caigan las primeras casas del municipio de Arnuero.
Desde AMA piden que se subsane de otra manera la negligencia de la Administración y los ayuntamientos implicados, a quienes consideran los culpables por licitar unas obras ilegales: «La mayoría de estos casos tienen una solución más sencilla que la demolición y bastaría con modificar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) para legalizar esta situación», dice Vilela, quien pide que en los casos en los que sea inevitable la demolición «se les de a los vecinos otra vivienda de las mismas características y precio».
El Gobierno autonómico, a través de su consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, ha manifestado su voluntad de que se encuentre una solución ajena al derribo y señala que desde la pasada legislatura «no se ha dictado ninguna sentencia como ésta». También el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha mandado un mensaje tranquilizador a la asociación en las reuniones que han mantenido hasta ahora y asegura que se agotarán todas las vías posibles antes de empezar con las demoliciones.
Y entre tanto, los vecinos siguen con sus manifestaciones y reivindicaciones para exigir «menos palabras, más hechos y justicia para que no se prive de un derecho como la vivienda a personas inocentes.
SOLUCIONES SR. PRESIDENTE – MANIFESTACIÓN
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha convocado una manifestación para el domingo 19 de noviembre a las 12 horas por el pueblo de Argoños, bajo el lema: DERRIBO NO, JUSTICIA SI, con la cual quiere poner de manifiesto la situación de abandono de las víctimas de las sentencias de derribo.
Pese a la palabras del Presidente del Gobierno de Cantabria en el sentido de que las víctimas no tiene culpa de nada y hay que ponerse en su pellejo, así como que con los Planes Generales que subsanarán errores urbanísticos la realidad es que actualmente no hay ni un solo afectado que haya visto solucionado su situación de injusticia.
De que sirven las palabras del Sr. Revilla si luego su Gobierno no da soluciones, el pasado 12 de Septiembre representante de AMA nos reunimos con el Sr. Presidente y no dudamos su afecto y calida acogida, pero lo que no vemos por ninguna parte son las soluciones, nuestras casas están apunto de empezar a derribarse y las palabras no parecen suficiente para parar las excavadotas, si entre todos no somos capaces de buscar soluciones derribarán nuestras viviendas.
Sr. Presidente nos dijo que en una semana nos reuníamos otra vez, ya que el Consejero de Presidencia por motivos personales no pudo asistir a esa reunión , pero han pasado dos meses y todavía no tenemos ni fecha de reunión con su Gobierno, este tiempo es un tiempo muy valioso para buscar soluciones, no podemos mirar para otro lado, ni los afectos, ni la sociedad cantabra nos perdonarían el que no seamos de buscar esas soluciones que todos sabemos que existen, y por ello dilapidemos los recursos de nuestra comunidad.
Sr. Presidente se necesita el coraje político para tomar decisiones, aunque a veces nos cueste, pero lo más innoble es la injusticia y son ya demasiados los años que llevamos sufriendo las consecuencias de las condenas impuestas a su Gobierno y a los Ayuntamientos.
¿Cómo es posible que el PGOU de Argoños lleve dos años en la CROTU, que haya sido aprobado en cuatro plenos del Ayuntamiento con sus respectivas exposiciones publicas y que actualmente ni este aprobado, ni conozcamos ese Plan General?.
En Arnuero no dormimos esperando que en cualquier momento se produzcan derribos. En Argoños el miedo a perder nuestras viviendas ha aumentado considerablemente con los últimos autos de un TSJC que no tiene piedad de las víctimas. Por último en Liencres pasa el tiempo ni una sola propuesta, ni una sola iniciativa.
¿Cuántos escritos hemos presentado a su Gobierno, al Parlamento, a los distintos Partidos Políticos?. Seguimos sin respuestas, sin soluciones, Gobernar es sobre todo tomar decisiones y hay que reconocer que contra esta situación de injusticia (ciudadanos inocentes soportando la condena impuesta a la Administración) su Gobierno no ha cumplido, mucho más Sr. Presidente cuando Ud. conoce perfectamente nuestra situación y su responsabilidad, tanto por sus cargos al frente del urbanismo de nuestra comunidad como por las reuniones que ha mantenido con nosotros. ¿Por qué no se toman decisiones?.
Sr. Presidente tenemos que judicializar todo, tiene que ser los jueces quienes Gobiernen nuestra comunidad a través de sus sentencias.
Ud. sabe el dolor que está causando esta situación, por favor ponga fin al mismo, su Gobierno es responsable y su responsabilidad es dar una solución a los ciudadanos de nuestra comunidad, eso es Gobernar Sr. Presidente.
Siempre nos ha tenido y nos tiene para colaborar para lograr una Cantabria más justa.
14.11.06
¡¡ BASTA YA !!
Basta ya de promesas incumplidas
Basta ya de desprecios de representantes públicos.
Basta ya de amenazar con derribar las viviendas de inocentes
Basta ya de sufrimientos provocados por los poderes públicos
Basta ya de sentencias que recaen sobre las víctimas
Basta ya de corrupción urbanística
Basta ya de culpables que no reciban su pena
Basta ya de mirar para otra parte, para quien tiene la responsabilidad de dar soluciones
Basta ya de noches sin dormir
Basta ya de tanta injusticia
Ven a gritar ¡¡ BASTA YA ¡! de tanta injusticia a la
Manifestación convocada por AMA para el Domingo 19 de Noviembre a las 12 horas por el pueblo de Argoños, bajo el lema: DERRIBO NO, JUSTICIA SI, con la cual quiere poner de manifiesto la situación de abandono de las víctimas de las sentencias de derribo.
17.11.06
QUERIDOS AMIGOS:
Nosotros no tenemos enemigos, sólo algún Sr. que puede estar poco informado.
Últimamente hay cosas que parecen el mundo al revés, hemos podido conocer por lo medios de comunicación que la Asociación denunciante de las sentencias de derribo, se postula como guarda espaldas de una constructora, para que derriben las viviendas de vecinos inocentes con una media de edad superior a los 60 años.
También como las explicaciones por irregularidades urbanísticas pasan por atacar a los demás, a los medios de comunicación “campaña orquestada por el grupo Vocento”.
A las víctimas de sus demandas se les trata como matones “claro, amenazan con defender sus vivienda con todos los medios que nos da el Estado de Derecho”.
Al Parlamento de Cantabria si aprueba una ley, que haga justicia con las víctimas de los errores de los poderes públicos, los epítetos que dedican definen la forma de actuar.
Ya estamos soportando como víctimas las penas que le corresponden a otros, y ahora tiran nuestro hogares pero nosotros personas pacificas, ciudadanos que no estamos condenados por ningún delito y tenemos que soportar que algún amigo mal informado nos intente poner fama de motones.
La prudencia ha sido una constante desde el nacimiento de AMA, donde siempre hemos manifestado el intento de buscar soluciones con todos los estamentos públicos y privados siempre tendremos la mano tendida aunque haya actuaciones como la siguiente:
El Sr. Canales admite que, "aunque resulte maquiavélico", ARCA ha intentado generar inseguridad jurídica en la costa de Cantabria por la vía de no desvelar nunca hacia dónde iba ir su siguiente recurso, pero recalca que lo ha hecho para que se aprobara un Plan de Ordenación del Litoral.
La inseguridad jurídica de la que habla el Sr. Canales es lo que provocado años de sufrimiento tanta gente inocente y el posible derribo de sus viviendas.
Nosotros tenemos claro quien es el culpable de esta situación el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos todos ellos condenados por la justicia, pero hay quien a pesar de llamarse ecologista, cuando pasa por el bosque sólo ve leña para hacer fuego.
Aquí tienes nuestra mano para sumarte al grupo de amigos que queremos una Cantabria más justa.
20.11.06
NO DERRIBOS -- SI JUSTICIA
Bajo una pertinaz lluvia más de 200 personas nos manifestamos por las calles de Argoños, bajo el lema: NO DERRIBOS, SI JUSTICIA los gritos salían del alma clamando justicia y la legalización de nuestras viviendas. Caminando paraguas en ristre y con unas camisetas amarillas donde se podía leer LEGALIZACION SOLUCION – CULPABLES CASTIGO - INOCENTES VIVIENDAS.
A las 12 de la mañana desde la sede de AMA lentamente nos dirigimos a la rotonda de Argoños, la comitiva la encabezaban dos grandes pancartas Gobierno Culpable más de 2000 víctimas pedimos LEGALIZACION de nuestras viviendas.
Los más jóvenes hacían sonar sus silbatos, los más veteranos gritaban a pulmón abierto Cantabria 2ª Marbella, Gobierno Culpable – Gobierno Responsable, ¿Alcalde donde esta el Plan General?,
Llegamos a la Rotonda de Argoños donde se nos unió amigos del pueblo y la comitiva se fue estirando calle arriba en dirección al Ayuntamiento los gritos cada vez mostraban una mayor intensidad, un mayor dolor. La cortina de lluvia iba empapándonos poco a poco de fondo el sonido ronco de la voz a través de un megáfono REVILLA MOJATE, REVILLA MOJATE – AYUNTAMIENTO CULPABLE ¿Dónde ESTA EL PLAN GENERAL?. Y sobre todo el estribillo LEGALIZACION ES LA SOLUCION.
Por fin llegamos al Ayuntamiento y en un emotivo acto gritamos todos juntos nuestro especial BASTA YA.
¡¡ BASTA YA !!
Basta ya de promesas incumplidas
Basta ya de desprecios de representantes públicos.
Basta ya de amenazar con derribar las viviendas de inocentes
Basta ya de sufrimientos provocados por los poderes públicos
Basta ya de sentencias que recaen sobre las víctimas
Basta ya de corrupción urbanística
Basta ya de culpables que no reciben su pena
Basta ya de mirar para otra parte, para quien tiene la responsabilidad de dar soluciones
Basta ya de noches sin dormir
Basta ya de tanta injusticia
21.11.06
REVILLA: LOS CIUDADANOS NO PUEDEN ESTAR INDEFENSOS
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) pide al presidente de Cantabria que cumpla su palabra.
Pese a la palabras del Presidente del Gobierno de Cantabria en el sentido de que las víctimas no tiene culpa de nada y hay que ponerse en su pellejo, así como que con los Planes Generales que subsanarán errores urbanísticos la realidad es que actualmente no hay ni un solo afectado que haya visto solucionado su situación de injusticia.
De que sirven las palabras del Sr. Revilla si luego su Gobierno no da soluciones, el pasado 12 de Septiembre representante de AMA nos reunimos con el Sr. Presidente y no dudamos su afecto y calida acogida, pero lo que no vemos por ninguna parte son las soluciones, nuestras casas están apunto de empezar a derribarse y las palabras no parecen suficiente para parar las excavadotas, si entre todos no somos capaces de buscar soluciones derribarán nuestras viviendas.
Sr. Presidente nos dijo que en una semana nos reuníamos otra vez, ya que el Consejero de Presidencia por motivos personales no pudo asistir a esa reunión , pero han pasado dos meses y todavía no tenemos ni fecha de reunión con su Gobierno, este tiempo es un tiempo muy valioso para buscar soluciones, no podemos mirar para otro lado, ni los afectados, ni la sociedad cantabra nos perdonarían el que no seamos capaces de buscar esas soluciones que todos sabemos que existen, y por ello dilapidemos los recursos de nuestra comunidad.(más de 100.000 de las antiguas pesetas por familia).
Sr. Presidente se necesita el coraje político para tomar decisiones, aunque a veces nos cueste, pero lo más innoble es la injusticia y son ya demasiados los años que llevamos sufriendo las consecuencias de las condenas impuestas a su Gobierno y a los Ayuntamientos.
¿Cómo es posible que el PGOU de Argoños lleve dos años en la CROTU, que haya sido aprobado en cuatro plenos del Ayuntamiento con sus respectivas exposiciones publicas y que actualmente ni este aprobado, ni conozcamos ese Plan General?.
En Arnuero no dormimos esperando que en cualquier momento se produzcan derribos. En Argoños el miedo a perder nuestras viviendas ha aumentado considerablemente con los últimos autos de un TSJC que no tiene piedad de las víctimas. Por último en Liencres pasa el tiempo ni una sola propuesta, ni una sola iniciativa.
¿Cuántos escritos hemos presentado a su Gobierno, al Parlamento, a los distintos Partidos Políticos?. Seguimos sin respuestas, sin soluciones, Gobernar es sobre todo tomar decisiones y hay que reconocer que contra esta situación de injusticia (ciudadanos inocentes soportando la condena impuesta a la Administración) su Gobierno no ha cumplido, mucho más Sr. Presidente cuando Ud. conoce perfectamente nuestra situación y su responsabilidad, tanto por sus cargos al frente del urbanismo de nuestra comunidad como por las reuniones que ha mantenido con nosotros. ¿Por qué no se toman decisiones?.
Sr. Presidente tenemos que judicializar todo, tiene que ser los jueces quienes Gobiernen nuestra comunidad a través de sus sentencias.
Ud. sabe el dolor que está causando esta situación, por favor ponga fin al mismo, su Gobierno es responsable y su responsabilidad es dar una solución a los ciudadanos de nuestra comunidad, eso es Gobernar Sr. Presidente.
Siempre nos ha tenido y nos tiene para colaborar para lograr una Cantabria más justa.
El cartel de la última movilización de AMA seguimos esperando a que el Presidente cumpla su palabra.
El Diario Montañés 23.11.06
Argoños
Ayuntamiento y Gobierno indemnizarán a los propietarios de Pueblo del Mar I
El TSJC contempla cantidades de entre 9.000 y 12.000 euros para 70 familias por daños morales y recoge jurisprudencia de la urbanización El Encinar
R. A./ARGOÑOS
El Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno de Cantabria deberán de indemnizar conjuntamente a los propietarios de la urbanización Pueblo del Mar I, en Argoños, sobre los que pesa una sentencia firme de derribo sin ejecutar, con 12.000 euros en concepto de daños morales si se trata de la primera vivienda y de 9.000 euros si es la segunda residencia, eso sí, en cualquiera de los casos si la propiedad se adquirió antes del 23 de mayo de 2000, fecha en que se anuló la licencia de la urbanización.
Así lo ordena la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en una sentencia hecha pública ayer, que recoge jurisprudencia en la línea de otro fallo judicial de marzo de 2005, que también condenaba al Ayuntamiento de Arnuero y al Gobierno regional a idénticas indemnizaciones por daños morales a los propietarios de la urbanización El Encinar de Arnuero.
La sentencia, remitida íntegramente por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), explica que de las 78 familias que reclaman indemnizaciones, tienen derecho a recibir contraprestaciones por daños morales unas 70, dejando a otras ocho fuera porque adquirieron la vivienda «asumiendo el riesgo de que se trataba de inmuebles litigiosos», es decir, después del 23 de mayo de 2000.
Así, el TSJC estima que los propietarios de la urbanización Pueblo del Mar I, promovida por la empresa Satec SL, vienen padeciendo a cuenta de la sentencia de derribo «zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de sus viviendas», reconociendo su derecho a un «resarcimiento económico» por daños morales.
En cuanto a las indemnizaciones por la pérdida propiamente de las viviendas, la Sala, presida por María Teresa Marijuán, concluye que dado que las demoliciones no se han producido todavía, «será en el momento en que se lleve a cabo la orden de demolición cuando podrán determinarse en su integridad los perjuicios causados».
El Ayuntamiento de Argoños otorgó la licencia de construcción a dicha urbanización el 4 de noviembre de 1997, siendo revocada «en primera instancia» el 23 de mayo de 2000, si bien la Sala también condena al Gobierno de Cantabria a pagar solidariamente las indemnizaciones porque dicha nulidad de licencia se basaba también en la «aprobación de un estudio de detalle que territorialmente afecta a tres municipios diferentes y de lo cual es responsable también la Administración regional».
«Tremendamente bajas».
Además, critican que las indemnizaciones morales se limiten hasta la fecha del 23 de mayo de 2000, «ya que los compradores lo hicieron de buena fe después de esa fecha».
Desde AMA se lamenta también que se considere que el daño material no es efectivo hasta el derribo de las viviendas, «cuando no podemos disponer de nuestro patrimonio y las viviendas hipotecariamente no tienen valor».
«No entendemos cómo puede haber una situación irregular tan clara y que no haya ningún responsable de la misma por ninguna parte», afirma AMA, pues «se condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños, y nadie es responsable de esas actuaciones no ajustadas a derecho».
eL CORREO 23.11.06
VIZCAYA
Una nueva sentencia reconoce daños morales por los derribos de Argoños
Los propietarios critican la baja cuantía de las indemnizaciones, que oscilan entre los 9.000 y 12.000 euros
HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha cuantificado de 9.000 a 12.000 euros el daño moral sufrido por los 78 propietarios de casas condenadas al derribo en la urbanización Pueblo de Mar de la localidad cántabra de Argoños. La indemnización más baja será para aquellos afectados que hacen uso del piso como segunda vivienda. La sentencia condena al Gobierno regional y al Ayuntamiento a pagar dichas cuantías a «todos aquellos que adquirieron la propiedad antes de mayo de 2000».
El fallo judicial va en la línea de los otros dos dictados con anterioridad. Hace dos años, la sala tasó en las mismas cantidades los daños psicológicos padecidos por los habitantes de la urbanización El Encinar de Arnuero. A mediados de este año, el mismo tribunal aplicó idéntico baremo para un matrimonio de Leioa que compró una casa en la promoción Las Llamas, también en Argoños. «Es la tercera pero no será la única. Casi todos los residentes han solicitado daños morales. El dictamen de de Arnuero sentó jurisprudencia, así que suponemos que las próximas que salgan serán iguales», adelantó el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela.
«Tremendamente bajas»
Como representante de los afectados por las 16 sentencias de derribo emitidas por el Supremo contra urbanizaciones de toda Cantabria, Vilela calificó la decisión judicial de «positiva». «Vuelve a dejar de manifiesto que los culpables de esta situación han sido, en este caso, el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Argoños», manifestó el representante de los afectados, quien recordó que «ambas administraciones deberían trabajar para legalizar nuestras casas».
No obstante, el portavoz del grupo, que engloba a 2.000 personas, en su mayoría vizcaínos, insistió en que las indemnizaciones «son tremendamente bajas después de tantos años padeciendo una injusticia». «Son otro daño moral más. Qué poco vale el dolor y el sufrimiento de las víctimas», lamentó. El responsable de AMA tampoco entiende que se limiten los pagos a quienes compraron sus viviendas antes de mayo de 2000. «Los que adquirieron inmuebles después de esa fecha también lo hicieron de buena fe», advirtió.
De nuevo, uno de los aspectos que más ha dolido a los afectados es que el Tribunal Superior de Justicia vuelve a certificar que las indemnizaciones por daños patrimoniales no les serán abonadas hasta que sus casas hayan sido reducidas a escombros. «Los propietarios de Argoños no han sido despojados de sus viviendas, cuyo valor de mercado deberá calcularse en el momento en que su demolición se lleve a cabo», apunta el fallo.
Precisamente, hace escasas semanas el mismo órgano judicial apremió al Ayuntamiento de Argoños para que ejecutase las sentencias de demolición en 2007. La petición causó gran malestar entre los propietarios, que recordaron que el Supremo daba de plazo para los derribos hasta 2018.
DEIA 23.11.06
Un juez sentencia que se indemnice por «daños morales» a vecinos de Argoños
El Gobierno cántabro y el Consistorio abonarán a los propietarios entre 9.000 a 12.000 euros
R. Martín Bilbao
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado «solidariamente» al Gobierno de esta comunidad autónoma y al Ayuntamiento de Argoños a indemnizar a 70 vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I «por daños morales». De esta forma se resuelve el recurso presentado por los afectados ante la sentencia firme de derribo de sus viviendas.
Ambas instituciones deberán abonar a los propietarios que escrituraron los inmuebles antes del 23 de mayo de 2000 doce mil euros en los casos en los que se considera como primera vivienda y que suponen el 20% de esta urbanización. Sin embargo, el resto de los dueños, que utilizan los inmuebles como segunda residencia, recibirán nueve mil euros.
En esta resolución se ha tenido en cuenta que los dueños «no han sido despojados de sus viviendas». Así, «debe calcularse su valor de mercado en el momento en que el derribo se lleve a cabo», cuestión que los vecinos «lamentan», según su portavoz, Antonio Vilela. También consideran «muy bajas» las cantidades dictadas. Además, «no entienden» que las indemnizaciones se limiten al año 2000, situación en la que se encuentran ocho vecinos, «ya que los compradores las adquirieron de buena fe después de esa fecha».
Piden al Tribunal Superior de Justicia que «proteja» sus derechos con «sentencias acordes a la situación». Vilela añade que «no entienden que no haya ningún responsable por ninguna parte». Por último, insta al Ejecutivo cántabro «a tomar decisiones rápidas» y a «invertir» en las urbanizaciones para que «cumplan la legalidad».
24.11.06
CONDENAN AL GOBIERNO DE CANTABRIA POR 2ª VEZ EN 72 HORAS
EN EL PLAZO DE 72 HORAS
CONDENADO POR 2ª VEZ GOBIERNO DE CANTABRIA
Y EL AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA
URBANIZACION DEMANDATE : LAS LLAMAS II
Datos de la Sentencia dictada el siete de noviembre de 2006 siendo ponente la Magistrada María Teresa Marijuan Arias
Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por los propietarios de la Urbanización LAS LLAMAS II Argoños (22 viviendas) contra el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Argoños. Acción de responsabilidad patrimonial
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 130/2004
Notificada: 23-11-2006
En los Fundamentos de derecho aparece
"El capitulo de daños morales vienen determinados por la padecimientos psíquicos y psicológicos de toda índole de los cuales es plenamente consciente esta Sala por su situación de zozobra que permanece hasta lo fecha de hoy".
Debe dejarse constancia que sus propietarios no han sido despojados de sus viviendas, DEBIÉNDOSE CALCULARSE SU VALOR DE MERCADO AL MOMENTO EN QUE SU DEMOLICIÓN SE LLEVE A CABO.
En fallo
Que debemos condenar y condenamos solidariamente al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños
POR LA CUAL TENDRÁN QUE SATISFACER LAS INDEMNIZACIONES DE :
12.000 EUROS POR DAÑOS MORALES TENIENDO LOS PROPOPIETARIOS LA CONDICIÓN DE 1ª VIVIENDA.
9.000 EUROS A LOS PROPIETARIOS DE 2ª VIVIENDA
DESDE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS
POR LA ADMINISTRACIÓN (A.M.A.) CONSIDERAMOS
Que después de está 2ª condena en la plazo de 72 horas y las 4ª condena que recibe el Gobierno de Cantabria en años y medio , tienen que depurarse responsabilidades políticas de actuaciones contrarias a Derecho de los órganos del citado Gobierno.
Que la situación de víctimas de la Administración de este colectivo representado por AMA es algo que ha quedado potente en todas las sentencias y que tiene que dar lugar a una reflexión por parte de los poderes públicos y los demandantes del drama social que estamos viviendo tiene que cesar ya.
Que instamos al Gobierno y al Parlamento de Cantabria a que tomen decisiones políticas para que los que se adquirió siendo legal vuelvo a serlo y acabemos con este sufrimiento y con esta injusticia.
Que los recursos de los ciudadanos de Cantabria tiene que dedicarse a su bienestar social y no a derribar viviendas de inocentes,
Que el coste del derribo de la viviendas y sus indemnizaciones correspondientes supondría el pago a través de impuestos de más de 100.000 de las antiguas pesetas por familia de nuestra comunidad y que Ayuntamiento como el Argoños y Arnuero pagan de su arcas las indemnizaciones estarían sin presupuesto municipal más de 20 años, los responsables municipales de esta situación tendrían que dar muchas explicaciones tanto a la justicia como a los ciudadanos.
El Sr. Revilla y la Sra.Gorostiaga son responsables políticos de esta situación, el Sr.Revilla además tiene responsabilidad directa de sus actuación en anteriores Gobiernos entre ellos Presidente de la Comisión Regional de Urbanismo , y aunque en ocasiones ha mostrado su voluntad de solucionar este grave problema aunque por el momento no hay ningún resultado. La Sra. Gorostiaga ni recibe a las víctimas, ni cumple su palabra.
Por último pedimos a los diferentes estamentos de las justicia que la víctimas no paguen los posibles delitos, faltas, negligencias o errores de los responsables políticos.
28.11.06
GOBIERNO DE CANTABRIA SEGUIMOS ESPERANDO
SEGUIMOS ESPERANDO
Por muy increíble que nos parezca al resto de los mortales el Gobierno de Cantabria sigue sin dar ninguna respuesta a pesar de ser condenado dos veces en 72 horas.
Quizás piensen que escondiendo la cabeza el problema no existe, o quizás les da tanta vergüenza que un Gobierno este condenado por producir daños morales a sus ciudadanos que no tienen palabras para pedir perdón a los mismos.
¿Qué puede hacer un ciudadano cuando su propio Gobierno es quien le maltrata y le produce daños morales?, quizás sólo gritar su situación de injusticia.
¿Qué puede hacer la justicia cuando un Gobierno produce daños morales a los ciudadanos? quizás investigar como se han producido, por que se han producido, quienes son los responsables de los mismos.
¿Qué pueden hacer la oposición al Gobierno? quizás pedir una comisión de investigación, quizás pedir la dimisión de los responsables políticos. quizás presentar iniciativas que resuelvan esta situación.
Pero lo realidad es que el Gobierno de Cantabria, la oposición, la justicia lejos de buscar soluciones para acabar con el maltrato a los ciudadanos están mirando hacia otra parte, que pase el tiempo que se oculte el problema, que se pudran las víctimas.
Dolores Gorostiaga Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, dice a las víctimas que las va a ayudar, las va a recibir, que impulsará iniciativas para acabar con el problema que a ella le parece complicado. Ni conocemos sus iniciativas, ni ha recibido a los afectados. Seguimos esperando.
Miguel Ángel Revilla Presidente del Gobierno de Cantabria recibe a las victimas el 2 de septiembre comenta que en una semana habrá una reunión para buscar soluciones, seguimos esperando.
Martín Berriolope Portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Cántaro, este representante público nos dijo que había que solucionar este problema de una vez, que esto no podía seguir así, que le dejáramos 15 días que tenía que realizar unas consultas con las Asesorías Jurídicas del Parlamento y sobre todo del Gobierno de Cantabria. Este encuentro se ha producido hace más de medio año. Seguimos esperando.
José Vicente Mediavilla Viceconsejero de Presidencia Ordenación del Territorio y Urbanismo nos comentó hace dos años que los Planes Generales era la herramienta para solucionar nuestra situación. Seguimos esperando.
Las víctimas cada vez estamos en una situación más desesperada, el drama humano que hay detrás de cada familia que lleva tantos años sufriendo la tortura de que puedan derribar tu vivienda, tu hogar , el fruto del esfuerzo de muchos años y en casos de toda una vida laboral.
En tiempo pasa, pasan los días , los meses , los años y las víctimas seguimos esperando.
Sólo pedimos justicia, poder vivir en nuestras casas.
01.12.06
EL DIARIO MONTAÑES PUNTUALIZA A ARCA
¿Somos todos iguales ante la Administración?
¿Qué diría ARCA si los implicados fueran otros?
Esperamos el fallo de la justicia, pero algunos comportamientos pueden ser censurados por la ética de los comportamientos
INFORMACION PUBLICADA EN EL DIARIO MONTAÑES
Ribamontan al Monte
El juez inicia la investigación sobre las viviendas de Villaverde de Pontones
El Ayuntamiento envió al letrado instructor del caso toda la documentación. Una de las casas pertenece al presidente de ARCA, Gonzalo Canales
REDACCIÓN/SANTANDER
Marcos Campo, promotor del recurso contra el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte por la construcción supuestamente irregular de dos chalets en Villaverde de Pontones, propiedad del presidente de ARCA y dos personas cercanas a la asociación ecologista, señala que «en ningún momento dudamos que dispongan de permisos y licencia que avalen sus construcciones, pero sí dudamos del proceso llevado a cabo para obtener los mismos. Lo que nos llama la atención es la forma poco ortodoxa que se ha empleado para solicitar todos los permisos». El Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, municipio en el que se encuentran las casas, ha remitido al juez que lleva el caso toda la documentación requerida por este para comenzar a tramitar el contencioso.
Según Campo «tres amigos decidieron construirse otras tantas viviendas unifamiliares en una parcela de 20.000 metros cuadrados en suelo rústico y en mitad de un pequeño bosque. Sabedores de que al tratarse de suelo no urbanizable, ese proyecto así planteado no prosperaría, porque sería ilegal, estos tres amigos, buenos conocedores de los procedimientos legales, idearon una estrategia para burlar la ley».
«En efecto -continúa- fraccionaron la parcela rústica en cuatro trozos mediante un proceso de segregación y a continuación tramitaron, cada uno de ellos separadamente pero en conjunto, en un lapso de tiempo de menos de un mes, tres solicitudes de autorización de edificación en parcela rústica mediante el procedimiento del famoso artículo 44.2. En cada una de esas peticiones nada decían de las otras dos viviendas. Primero, una tramitación sin mencionar las dos siguientes. Al cabo de unos días, otra petición sin mencionar la ya realizada ni la que faltaba. Y por fin, unas semanas más tarde, la tercera solicitud que, por supuesto, no mencionaba las dos primeras realizadas. De esta manera, la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) de entonces analizó de manera separada los tres proyectos, en diferentes plenos y sin advertir, se supone, que las tres viviendas se construían formando una pequeña y 'coqueta' urbanización en mitad de un bosquete, en pleno suelo no urbanizable y sobre un terreno que originalmente constituía una única finca rústica».
«La solicitud se llevó a cabo a través del 44.2, artículo de la Ley del Suelo de Cantabria vigente hasta el año 2001 y que la asociación ecologista ARCA, presidida por el señor Gonzalo Canales Celada, ha criticado de forma insistente durante muchos años, desarrollando una intensa campaña de críticas hacia la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) y las autorizaciones para la construcción de viviendas en suelos rústicos. ¿No es así señor Canales?, y eso lo sabe en Cantabria todo el mundo y, para los desmemoriados, están las hemerotecas. Pero sin embargo, el presidente de dicha asociación, Gonzalo Canales, y alguno de sus colaboradores, no han dudado en utilizarlo para provecho propio, quedando de manifiesto la capacidad para manipular esta situación en su interés personal», señala Campo.
También denuncia «las dificultades que nos ha puesto el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte para facilitarnos los documentos relativos a las licencias en cuestión y viendo como la coincidencia de que la arquitecto municipal de este Ayuntamiento es la misma que llevó a cabo el proyecto de construcción de las viviendas de La Arena, en Isla, y que como todos sabemos estas viviendas tienen sendas sentencias de derribo promovidas por la asociación ecologista ARCA, no nos queda más que dudar del proceso en cuestión. Serán los jueces quienes dictaminen si el procedimiento planteado de la forma en que ha sido llevado a cabo es o no es correcto. Y en ello estamos».
Finalmente, señala que «ya sabemos que disponen de permisos y licencias y no por ello tienen que ser todo lo legales que quieren dar a ver. ¿Acaso no existen otras urbanizaciones denunciadas por ARCA que también poseen autorizaciones de la Comisión Regional de Urbanismo y licencias municipales en toda regla bajo el amparo de Normas Subsidiarias y Planes Generales aprobados por la CRU y no por ello ustedes dejan de mantener contenciosos de forma continua y demagógica por su parte? Aún así, ustedes quieren dar a ver que están siendo acosados por poderes políticos y mediáticos y yo les digo que están totalmente equivocados. Simplemente somos una serie de personas cansadas de su falso ecologismo y demagogia insostenible y deseamos denunciar este hecho que es doblemente inmoral por tratarse de quien se trata ya que utilizan una máxima que es la 'ley del embudo': ancho para ustedes y estrecho para el resto».
Ribamontan al Monte
REDACCIÓN/SANTANDER
Los promotores de este polémico caso, admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, han contratado los servicios de un ingeniero para intentar demostrar que las tres viviendas de Villaverde de Pontones no se ajustan al proyecto solicitado al Ayuntamiento. A través de una fotografía aérea, superponiendo el plano y utilizando el sistema SigPac, se ve como una de estas casas ocupa parte de las tres parcelas segregadas, en lugar de una sola, la suya, y como otra segunda no cumple con la distancia necesaria con otra parcela ubicada a su lado. El camino proyectado y solicitado al Ayuntamiento también se ha modificado, como puede verse en este documento aéreo.
En este sentido, Marcos Campo señala que «con la imagen anticipada de esa foto ¿habría considerado la CRU que la actuación se ajustaba a la ley? No lo sabemos, los promotores de este conjunto de tres viviendas evitaron un procedimiento que eludía este análisis».
«La imagen superpuesta del conjunto de viviendas y del plano en el que se dibujan fincas resultantes después de ser troceada la finca original, es más expresiva que todo lo dicho hasta ahora. Ni siquiera se ha respetado formalmente la segregación planteada puesto que una de las vivienda se ha construido fuera de su trozo de parcela».
04.12.06
CORRUPCION URBANISTICA EN CANTABRIA
Estimado amigo:
Estas intervenciones, que te relato a continuación, se realizaron en sede Parlamentaria, no tienen desperdicio y hablan por si sólo de la actuación del Gobierno de Cantabria.
Por favor si tienes un poco de tiempo no te lo pierdas hablan por si sólo de catadura moral de algunas personas que actualmente ocupan puestos de responsabilidad.
Aunque nos parece increíble esto es lo que se decía en el Parlamento de Cantabria hace casi 6 años.
La realidad es que después de tanto tiempo no hay ni una sola familia que haya visto resulta su situación.
El número de sentencias de derribo ha aumentado
El PSOE que presenta esta proposición estando en la oposición ahora en el Gobierno su Vicepresidenta ni recibe a los afectados.
El Gobierno de Cantabria ha sido condenado en 4 sentencias por los daños morales ocasionados a los ciudadanos, ni una respuesta, ninguna responsabilidad política y lo que es más importante ninguna solución a esta fecha.
Y el Partido Popular cierra los ojos aunque todos los Ayuntamientos son gobernados por el mismo.
No hay nada más duro que poner a algunos ante el espejo.
SESION PLENARIA ORDINARIA
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Se abre la sesión:
PUNTO 01.-
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY, Nº. 107,
RELATIVA A SENTENCIAS DE ILEGALIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CANTABRIA,
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PSOE-PROGRESISTAS (BOPCA
Nº. 678, DE 27.07.2001). [43.PL.S.097.107]
PRESIDENTE:
EXCMO.SR. D. RAFAEL DE LA SIERRA GONZÁLEZ
SECRETARIA: SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ
PARLAMENTARIO DEL PSOE-Progresistas:
SR. D. MIGUEL ANGEL PALACIO GARCÍA. (Actual Presidente del Parlamento de Cantabria)
INTERVENCIÓN
- D. MIGUEL ANGEL PALACIO GARCÍA.
1.- La gestión en URBANISMO va mal.
Somos RÉCORD nacional,
NOTICIA nacional,
TRISTE noticia nacional.
Todo ello por el número de sentencias negativas en Cantabria, en contra de los PLANEAMIENTOS y de las NORMAS URBANÍSTICAS.
El Presidente del Gobierno Regional en su reportaje en el Diario Montañés aludió a que quería que Cantabria en dos años se pusiera al frente de España.
Pues en este punto ya hace tiempo que lo ha conseguido.
Habrá que enviar este RECORD al guiness
(número de sentencias en una Comunidad)
(y número de sentencias en un municipio en relación a su extensión y habitantes)
2.- Le corresponde al GOBIERNO GARANTIZAR que los planeamientos municipales son LEGALES; ésa es la COMPETENCIA del Gobierno.
Además de DEFENDER LOS INTERESES SUPRAMUNICIPALES, GARANTIZAR que cuando un Ayuntamiento presenta su planeamiento, sea LEGAL.
Es competencia del Gobierno garantizar que el derecho a construir que reconocen las LICENCIAS, tiene un soporte de: SEGURIDAD JURÍDICA SOPORTE DE LEGALIDAD.
Numerosos saneamientos aprobados por el Gobierno han sido ANULADOS por los Tribunales, por ilegales.
3.- La realidad: 17 sentencias de derribo que afectan a 486 y las indemnizaciones superan los 7.000 millones de pesetas.
Es un problema de ENVERGADURA y corresponde al Gobierno SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
Que ha hecho el Gobierno hasta ahora:
NADA. NADA. NADA. NADA
4.- La competencia del Gobierno era y es: GARANTIZAR QUE LOS PLANES GENERALES, QUE LAS NORMAS, CUMPLAN LA LEY.
El Gobierno piensa que la GESTIÓN es buena, el Consejero también, pero es una gestión condenada por los Tribunales y que genera grandes perjuicios económicos a los AYUNTAMIENTOS, EMPRESAS CONSTRUCTORAS, PROPIETARIOS DEL SUELO Y A LOS AFECTADOS.
5.- - HAY 486 FAMILIAS AMENAZADAS DE DERRIBO. IMPORTANTÍSIMO:
· HAN COMPRADO DE BUENA FE, NOS PODÍA HABER OCURRIDO A CUALQUIERA. LA VIVIENDA.
· TENÍA LICENCIA DEL AYUNTAMIENTO, EL GOBIERNO DE CANTABRIA LE HA CONCEDIDO LICENCIA DE HABITABILIDAD. LA VIVIENDA ESTÁ REGISTRADA Y ESCRITURADA.
· Y LA MAYOR PARTE DE ELLAS HIPOTECADAS.
· Y SE ENTERAN POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE HAY UNA SENTENCIA DE DERRIBO.
· NADIE LES INFORMA DE NADA, NADA, NADA, NADA, NADIE LES DICE NADA.
· LES INVADE LA ANGUSTIA, LA PREOCUPACIÓN, NO PUEDEN VENDER EN CASO DE NECESIDAD LA VIVIENDA, EMPIEZAN A DEAMBULAR DE OFICINA EN OFICINA, DE ABOGADO EN ABOGADO.
· Desembolsando miles de pesetas, y a largo plazo.
· YO CREO SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS,......., QUE SI UN PROBLEMA LO HA GENERADO LA ADMINISTRACIÓN............
· ¡¡¡ EN SU CONJUNTO, TIENE QUE SER LA ADMINISTRACIÓN QUIEN LO SOLUCIONE.!!!!!!.
6.- LOS PROPIETARIOS SON INOCENTES EL GOBIERNO, LA ADMINISTRACIÓN, TENDRÁ QUE PROTEGER Y DEFENDER A ESTOS CIUDADANOS Y TENDRÁ QUE EVITAR LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.
FUE EL GOBIERNO EL QUE DIO EL SELLO DE LEGALIDAD A ESE PLAN GENERAL, Y EL AYUNTAMIENTO EL QUE CONCEDIÓ LA LICENCIA.
POR TANTO, EL GOBIERNO DEBE PONER EN MARCHA LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA DEFENDER A ESTOS PROPIETARIOS.
7.- PROPUESTA: ¿QUÉ HACER CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS?:
QUE EL GOBIERNO CREE UN SERVICIO DE:
- ASESORAMIENTO
- AYUDA
- INFORMACIÓN
PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES LEGÍTIMOS QUE A ESTOS CIUDADANOS LES CORRESPONDAN.
8.- SR. PRESIDENTE. ¿qué dicen las sentencias?
En términos homologables: que los planes generales son ilegales y como consecuencia permiten licencias ilegales.
Porque se han calificado suelos urbanos que no lo eran y porque no se han tenido en cuenta las Normas de protección del paisaje.
INTERVENCIÓN B.
D. SANTOS FERNÁNDEZ REVOLVO GRUPO PARLAMENTARIO
REGIONALISTA.
1.- Sin lugar a dudas se puede calificar como caos urbanístico del Gobierno de Cantabria.
La Comisión Regional de Urbanismo ha fracasado en la gestión de sus competencias.
2.- MEJORAS. LO QUE RATIFICA Y AFIRMA QUE HASTA AHORA SE ESTABA HACIENDOMAL Y FALTABAN BUENOS GESTORES.
- LEY DEL SUELO.
- DOS NUEVOS ARQUITECTOS.
- NUEVO INGENIERO DE CAMINOS.
- DOS NUEVOS ASESORES JURÍDICOS.
- SUBVENCIONAR AYUNTAMIENTOS PARA ELABORAR NUEVOS PLANES CONFORME A LA LEY DEL SUELO.
INTERVENCIÓN C.
D. VELASCO PÉREZ GRUPO POPULAR.
1.- Se debería llevar a todos, incluidos los órganos de justicia, a encontrar una línea homogénea de interpretación con el resto del Estado Español, que garantice un trato igual ante situaciones iguales.
Se aplica distinta interpretación de lo que se denomina conceptos jurídicos indeterminados.
2.- Ley del Suelo. Aprobada por unanimidad.
El Gobierno se comprometió a su aplicación sin pausa, para que sea instrumento de normalización y desarrollo del territorio de Cantabria.
*** SR. PALACIO, LAS PERSONAS, LAS EMPRESAS, LAS INSTITUCIONES AFECTADAS POR ESTAS SENTENCIAS NO NECESITAN DE EJERCIOS DEMAGÓGICOS PARA ESCURRIR EL BULTO, COMO USTED HACE.
LO QUE NECESITAN SON SOLUCIONES, SOLUCIONES. Y EN ESE CAMINO DE BUSCAR SOLUCIONES ENCONTRARÁ AL GOBIERNO Y A LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE LE APOYAN.
ESPERO QUE TAMBIÉN A USTED Y SU GRUPO POLÍTICO.
(Y YO SIN SABER QUE EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES TENDRÍAMOS AL GRUPO POPULAR Y AL GOBIERNO).
INTERVENCIÓN A-1.
SR. PALACIO GARCÍA GRUPO PSOE-PROGRESISTAS.
1.- Hay un Ayuntamiento que tiene 10 sentencias de derribo. Argoños. Lo protege el Partido Regionalista.
2.- El hecho es que hay 486 familias angustiadas. Hoy se somete a votación el que se abra una oficina de información, de asesoramiento, de ayuda.
Nosotros sí, Ustedes no, porque no quiere que a esas personas se les asesore y se les ayude.
Son propuestas razonables.
3.- SEGURO QUE SI LES PREGUNTAMOS A LOS AFECTADOS SI QUIEREN ESA OFICINA DE INFORMACIÓN, NOS VAN A DECIR QUE SÍ. PUES VOTEMOS QUE SÍ.
4.- SI PREGUNTAMOS A LOS AYUNTAMIENTOS NOS VAN A DECIR QUE SÍ.
5.- LO QUE QUEREMOS CUANTO ANTES ES RESTABLECER EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
VOTACIÓN
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 24
===================================
Sobran los palabras se juzgan por si mismas.
Que pena 6 años después estamos mucho peor.
11.12.06
LA CONSTITUCION NOS DA LA RAZON
LA CONSTITUCIÓN GARANTIZA NUESTROS DERECHOS
¿HA RESPETADO LA ADMINISTRACIÓN (GOBIERNO DE CANTABRIA Y AYUNTAMIENTOS) LA CONSTITUCIÓN?
¿HAN RESPETADO NUESTROS DERECHOS E INTERESES LEGITIMOS. ?
Artículo 24 DE LA CONSTITUCIÓN
Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
NOSOTROS NO HEMOS PODIDO DEFENDER NI NUESTROS DERECHOS, NI NUESTROS INTERESES LEGÍTIMOS, NO HEMOS PODIDO SER PARTE EN EL PROCESO.
SE CONDENA A LOS PODERES PÚBLICOS, PERO INJUSTICIAS DE LA VIDA A TIRAR NUESTRAS VIVIENDAS
¿Dónde ha estado la tutela de nuestros derechos?
Artículo 25 DE LA CONSTITUCIÓN
- Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento
NOSOTROS NO HEMOS COMETIDO DELITO ALGUNO, NI POR ACCIÓN, NI POR OMISIÓN, SOLAMENTE HEMOS PAGADO NUESTROS IMPUESTOS.
Y COMO PREMIO DE BUENOS CIUDADANOS LA
ADMINISTRACIÓN QUIERE DERRIBAR NUESTRAS
VIVIENDAS
Artículo 33 DE LA CONSTITUCIÓN
2. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
SIN COMENTARIOS LO DICE TODO AL ARTICULO 33
Artículo 47 DE LA CONSTITUCIÓN
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación
LOS PODERES PÚBLICOS TIENEN QUE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
EN NUESTRO CASO, LOS PODERES PÚBLICOS CONDENADOS, Y ENCIMA QUIEREN DERRIBAR NUESTRA VIVIENDA.
Artículo 51 DE LA CONSTITUCIÓN
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos
LOS PODERES PÚBLICOS, CONDENADOS EN 21 SENTENCIAS FIRMES
¿CUMPLEN EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y LOS AYUNTAMIENTOS LA CONSTITUCIÓN?
SOMOS VICTIMAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y POR ELLO
¡¡ PEDIMOS JUSTICIA!!
17.12.06
MAS DE 200 PERSONAS PIDEN JUSTICIA EN ARGOÑOS
Bajo un intensa lluvia más de 200 personas recorrieron las calles de Argoños pidiendo
NO DERRIBOS, NO DERRIBOS
LEGALIZACION, LEGALIZACION, LEGALIZACION
QUEREMOS NUESTRAS CASAS, QUEREMOS NUESTRAS CASAS.
GOBIERNO CULPABLE = GOBIERNO RESPONSABLE
POR JUSTICIA SOCIAL - NO DERRIBOS EGALIZACIÓN ES LA SOLUCIÓN
Se reunieron afectados de Liencres, Arnuero y Argoños que gritaron contra la situación de injusticia que viven más de 2500 personas por culpa de:
GOBIERNO DE CANTABRIA
DE LOS AYUNTAMIENTO IMPLICADOS
DE LOS JUECES QUE NO CONDENAN A LOS CULPABLES, NI HACEN JUSTICA CON LAS VICTIMAS.
DE ARCA POR OCULTAR SU DEMANDAS Y UTILIZAR A LOS AFECTADOS COMO REHENES
PARA LOGRAR SU OBJETIVOS
En el acto final recordamos como las víctimas seguimos sufriendo los daños morales y patrimoniales mientras los culpables viven cómodamente sin ninguna responsabilidad.
¿QUÉ HACE LA FISCALIA?
¿QUÉ HACE LA OPOSICIÓN?
¿QUÉ HACE EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR ESTA INJUSTICIA
¿Cuando el Gobierno de Cantabria asumirá su responsabilidad y legalizará todas las viviendas?
Gracias a todos los que
Han participado en la manifestación y han aguantado el chaparrón.
A todos los que nos han ayudado a organizar la misma
A todos los que divulgan nuestra situación de injusticia.
A los que pese a no estar nos han mandado sus mensajes de ánimo.
A todos los que luchan por una Cantabria más justa y solidaria.
22.12.06
La adjudicataria de las demoliciones de Arnuero estudia rechazar la obra
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
La empresa Erri Berri, que resultó adjudicataria del derribo de los dos primeros bloques de viviendas condenadas a la piqueta en la urbanización El Encinar de Arnuero, estudia abandonar el proyecto. Según reconoció ayer un portavoz de la firma Navarra, «cuando nos presentamos al concurso nadie nos informó de la historia que hay tras las demoliciones».
«Nadie nos dijo que había vecinos afectados, ni que existía una plataforma que se oponía, ni nada de eso», aseguraron. Así, ante «las presiones recibidas» la empresa «estudia» qué hacer. Erri Berri se hizo con los trabajos de demolición el pasado mes de septiembre por 111.000 euros. Entonces, la constructora compitió con otras dos firmas, una de ellas Cenavi, la misma que edificó la urbanización El Encinar. Precisamente, esa oferta fue la segunda más económica, por lo que, de abandonar Erri Berri, sería Cenavi la encargada de ejecutar el derribo.
'Ley de punto final'.
Los afectados, por su parte, desmintieron haber presionado a la constructora. «Sólo nos hemos puesto en contacto con ellos para comunicarles lo que nos pasaba. Jamás les hemos amenazado», aseguraron los vecinos. Desde la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se mostraron esperanzados ante la posibilidad de que Erri Berri anulase su compromiso.
«A ver si es verdad. Lo hemos dicho miles de veces. Lo que hay que hacer es legalizar, no echar abajo», reclamó el presidente, Antonio Vilela. El Gobierno de Cantabria llevaría a cabo esta alternativa mediante una normativa, actualmente en fase de estudio, que se ha dado en llamar 'Ley de punto final'. No obstante, ARCA, responsable de las denuncias que propiciaron las sentencias de demolición, se han mostrado en contra y ha anunciado que hará lo posible para que los dictámenes se ejecuten. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por su parte, ya ha instado a los ayuntamientos afectados a acelerar la ejecución de los derribos.
Desde AMA pedimos cordura a las instituciones para que no se realicen acciones que supongan daños irreparables.
Hay que agotar todas las vías posibles para solucionar esta situación de injusticia y pueden pasar por:
a) Legalización de las viviendas tomando las medidas pertinentes para proteger el medioambiente.
b) Desarrollar los aprovechamientos urbanísticos e indemnizaciones a que hubiera lugar.
c) Acuerdos con las víctimas
Por ello pedimos a ARCA y a la empresa Erri-Berri (Pueblo Nuevo), con el mayor de los respetos, que sean sensibles al sufrimiento de tanta gente inocente.
A las Instituciones (Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento y al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) acciones positivas y acordes a su responsabilidad en esta situación.
09.01.07
RENUNCIAN A TIRAR VIVIENDAS DE INOCENTES
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) agradece la sensibilidad de los responsables de la empresa ERRI-BERRI que ha renunciado al derribo de las viviendas del Encinar en Argoños, pese ganar el concurso de plicas para su derribo, y la pérdida de la correspondiente fianza, todo ello por el problema social que supone el derribo de viviendas de inocentes.
Arnuero 09-11-2007
El Ayuntamiento anulará a Erri-Berri la adjudicación de derribo de El Encinar
Propondrá a la juez que se ejecuten la primera y segunda fase en 2007
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
El Ayuntamiento de Arnuero abrirá esta semana el expediente para anular a la empresa Navarra Erri-Berri la adjudicación del concurso del derribo de la primera fase de la urbanización El Encinar, según anunciaron los técnicos municipales.
Los beneficiarios de este concurso debieron pronunciarse sobre su ejecución el pasado día 27 de diciembre y todavía no se han puesto en contacto con el Consistorio.
La Alcaldía notificará a los responsables de la empresa la apertura del expediente y se les dará audiencia para que expliquen su posición sobre este asunto.
La resolución de la adjudicación supondrá que la promotora pierda los casi 3.000 euros de fianza que presentó en un primer momento, ya que la segunda fianza, que asciende a 4.400 euros, no se llegó a enviar, puesto que Erri-Berri no firmó el contrato para acometer la demolición.
Según han señalado desde la Alcaldía, la segunda oferta, la UTE formada por Excavaciones Bedia y Cenavi, y la tercera, Fernández Rosillo, no son partidarias de realizar el derribo. En el primero de los casos, según los técnicos municipales, podría existir una incompatibilidad, «ya que Cenavi construyó estos apartamentos y, por lo tanto, es parte interesada en el conflicto». Por estos motivos, el concurso quedaría desierto.
La intención del alcalde, José Manuel Igual (PP), es entrevistarse con la juez que lleva el caso y proponer que en 2007 se convoque el concurso para adjudicar la primera y la segunda fase del derribo y la regeneración de la zona, con un precio de licitación que rondará los 200.000 euros.
De esta manera, se demolerían los dos bloques, uno de 24 apartamentos y el otro de 20, que no se llegaron a concluir y cuya estructura se conserva.
Evitar retrasos.
El objetivo es evitar retrasos y cumplir los plazos marcados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que permitió al Consistorio ejecutar el derribo en ocho fases más las otras rutas de acondicionamiento de la zona.
Sin embargo, los técnicos municipales son partidarios de que en este nuevo concurso, las empresas conozcan de antemano la situación social y urbanística de los apartamentos de El Encinar y de los propietarios y que luego se reserven los datos de las ofertas que se presenten para evitar que sufran presiones.
Desde el Ayuntamiento han asegurado que los responsables de Erri-Berri desconocían el conflicto urbanístico existente en Isla.
Informe jurídico.
El informe definitivo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento se redactará una vez que se haya resuelto la situación de la empresa navarra Erri-Berri, que también cuenta con sede en Bilbao.
Arnuero
La empresa esperaba una solución
R. A./ARNUERO
El gerente de Erri-Berri, Félix Azcona, declaró ayer que hoy, martes, se pondrá en contacto con el alcalde de Arnuero para comprobar si las conversaciones con los afectados han dado su fruto y se llega a una solución. Aunque el plazo para pronunciarse ha finalizado, «dependiendo de las novedades, se tomará una decisión», recalcó Azcona.
El retraso se debe, según el responsable de la empresa, a las vacaciones de Navidad y a que esperaban a que se encontrara una solución por las partes implicadas.
El gerente ratificó que «hemos recibido cartas anónimas y otras firmadas con intimidaciones o pidiendo, por favor, que no se ejecute la demolición».
Félix Azcona aclaró que desconocían el problema social que sufren los afectados, ya que el pliego de condiciones no hacía referencia a ello. «En el caso de conocerlo, no nos hubiéramos presentado», dijo.
12.01.07
NOTA DE PRENSA DE AMA
Nota de Prensa de AMA
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), ante la noticia aparecida en la prensa según la cual la Fiscalía abre una investigación sobre las amenazas a la empresa Erri-Berri, manifiesta:
1.- Que esta Asociación siempre ha actuado dentro de la legalidad vigente, siendo un compromiso de la misma el respeto a ley, ya que ha sido precisamente su trasgresión por parte de los poderes públicos la que ha producido el estado de injusticia que actualmente vive este colectivo.
2.- Desde AMA no comprendemos cómo se puede abrir una investigación por supuestas amenazas cuando ni siquiera la empresa implicada lo ha pedido y, sin embargo, no proceder contra quienes han actuado al margen de las normas establecidas.
3.- Pedimos a la Fiscalía que no convierta a las víctimas en responsables de la actuación errónea de otros organismos como el Ayuntamiento de Arnuero, que no informó a la empresa Erri-Berri del problema de injusticia social que existe con los vecinos del Encinar.
4.- No comprendemos cómo durante más de 10 años, con 21 sentencias de derribo que condenan a la Administración, 4 sentencias que condenan al gobierno de Cantabria y a los Ayuntamientos de Arnuero y Argoños por daños morales a los ciudadanos, más de 2.500 personas afectadas, esta Fiscalía no ha abierto ninguna investigación contra la corrupción urbana en Cantabria que conozca nuestra Asociación.
5.- Para nosotros es increíble que además de sufrir durante tantos años la injusticia por las actuaciones de los poderes públicos, la primera actuación que conozcamos de la Fiscalía sea una investigación a las víctimas.
6.- Esperamos que a la mayor brevedad posible, se esclarezca esta situación ya que la misma produce daño en la imagen de ciudadanos, que bastante soportamos las actuaciones contrarias a derecho de los poderes públicos.
7.- Desde AMA ofrecemos toda la colaboración que precise esa Fiscalía para esclarecer la verdad en el menor tiempo posible, ya nosotros somos los primeros interesados.
8.- Por ultimo, pedimos a la Fiscalía que dedique parte de su tiempo y esfuerzo a investigar la corrupción urbanística en nuestro territorio y a los responsables de la misma, así como a proteger a los ciudadanos inocentes.
15.01.07
Diario Montañés 12-10-07
La AMA dice que actúo dentro de la legalidad con Erri-Berri
R. ALONSO/SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que integra a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas, asegura que ha actuado dentro de la legalidad vigente a la hora de dirigirse a los responsables de la empresa Erri-Berri, adjudicataria del concurso de derribo.
Desde este colectivo no comprenden «cómo se puede abrir una investigación por supuestas amenazas cuando ni siquiera la empresa implicada lo ha pedido y, sin embargo, no se procede contra quienes han actuado al margen de las normas».
El presidente de la asociación, Antonio Vilela, pide a la Fiscalía que «no convierta a las víctimas en responsables de la actuación errónea de otros organismos como el Ayuntamiento de Arnuero, que no informó a la empresa Erri-Berri del problema de injusticia social que existe con los vecinos del Encinar».
La AMA no entiende cómo la Fiscalía, en diez años, no ha abierto ninguna investigación contra la corrupción urbanística en Cantabria.
Por último, los afectados exigen a la Fiscalía que investigue el urbanismo en Cantabria y que protejan a los ciudadanos inocentes.
«Esperamos que, a la mayor brevedad posible, se esclarezca el asunto de Erri-Berri ya que la misma produce daño en la imagen de los ciudadanos», declaró a EL DIARIO MONTAÑÉS Antonio Vilela.
VIZCAYA EL CORREO 12.01.07
Vecinos de Arnuero critican que se investiguen las amenazas a la adjudicataria de los derribos
S. ZUBELDIA/CASTRO
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) calificó ayer de «increíble» que la Fiscalía…
Cabe recordar que la Fiscalía inició sus pesquisas en base a la denuncia que presentó hace unas semanas la asociación ecologista Arca, responsable de las demandas que propiciaron el fallo de demolición contra los apartamentos de Arnuero…
La Asociación, que ha convocado una manifestación contra la corrupción urbanística el próximo 21 de enero a las 12.00 horas en Argoños.
21 SENTENCIA DE DERRIBO, 4 CONDENAS POR DAÑOS MORALES A LOS CIUDADANOS OCASIONADOS POR EL GOBIERNO DE CANTABRIA
¿CUANDO SE VA ACTUAR EN NUESTRA COMUNIDAD?.
"El Confidencial"
La corrupción urbanística empieza a manchar la imagen de España. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.
El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.
Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.
En concreto, se citan nueve formas de operar:
1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.
2. La modificación de los planes es frecuente. En los últimos cuatro años, sólo en Mallorca, los distintos municipios han modificado en 227 ocasiones sus planes urbanísticos.
3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.
4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.
5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.
6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.
7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.
8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.
9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias, siendo el caso de Marbella el más famoso.
Financiación de los partidos políticos
El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”. El informe recuerda el escándalo que se generó en Cataluña después de que el presidente Maragall revelara la existencia de comisiones del 3% en los gobiernos de CiU.
La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.
El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
MIENTRAS EN CANTABRIA LOS QUE TRABAJAN CONTRA LA CORRUPCION URBANÍSTICA SON PERSEGUIDOS:
LA ASOCIACION DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACION EN CONVERSACIONES MANTENIDAS CON LA EMPRESA ERRI-BERRI ÉSTA LE HA COMUNICADO A AMA QUE:
ELLOS NO CONSIDERAN AMENAZAS LAS CARTAS RECIBIDAS, "HAY DE TODO CON MEJOR O PEOR GUSTO PERO NO LAS CONSIDERAMOS AMENAZAS".
ERRI-BERRI NO HA USADO LA EXPRESIÓN AMENAZAS, LAS CARTAS UNAS DESCRIBEN LAS SITUACIÓN DE INJUSTICIA QUE VIVIEN LAS VÍCTIMAS Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DERRIBO, OTRAS SUPLICAN QUE NO DERRIBEN SUS VIVIENDAS E INCLUSO ALGUNAS REMITEN HASTA LA CELULA DE HABITALIDAD,
LA EMPRESA ERRI-BERRI DICE NO VA EMPRENDER ACCIÓN ALGUNA, PESE A QUE SE LES HA INVITADO A ELLO.
TAMBIEN NOS HA INDICADO QUE LAS CARTAS NO HAN TENIDO INFLUENCIA EN SU DECISIÓN.
Y SIN EMBARGO
El Ministerio Público ha abierto diligencias apoyándose en la denuncia que le presentó hace unas semanas ARCA, la asociación ecologista que promovió en los tribunales el recurso contra esa urbanización de 144 apartamentos, una denuncia que después 'se ha visto reforzada por informaciones periodísticas', aseguró hoy a Efe la fiscal jefe de la comunidad autónoma, Pilar Martín-Najera.
La Sra. Martin Najera nos tiene a su disposición, para aclarar esta desagradable cuestión lo antes posible.
Para nuestro colectivo con una edad media superior a 50 años y que hacemos del respeto a la ley y la colaboración con las instituciones nuestra bandera no entendemos:
¿COMO ES POSIBLE QUE LA FISCALIA ABRA UNA INVESTIGACIÓN POR AMENAZAS CUANDO LA PROPIA EMPRESA NIEGA LAS MISMAS?.
¿QUIÉN REPARÁ EL DAÑO CAUSADO POR LA ACTUACIÓN DE LA FISCALIA A LA IMAGEN DE ESTE COLECTIVO DE VICTIMAS DE LA CORRUPCION URBANISTICA?
19.01.07
TODOS CONTRA LA CORRUPCION URBANISTICA
MANIFESTACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
Domingo 21 de enero. 12:00 horas
Salida desde el Parque de Argoños
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) invita a todas las instituciones, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y sobre todo a los ciudadanos a participar en la manifestación de Argoños contra la corrupción urbanística que se va a celebrar el domingo 21 a las 12 horas con salida en el Parque de Argoños y final en el Ayuntamiento.
Muchos son los años de sufrimiento como consecuencia de la corrupción urbanística, personas que ven cómo su vivienda puede ser derribada por la actuación contraría a la ley de las Administraciones y empresarios sin escrúpulos.
Solamente en Argoños, pueblo donde se va a celebrar el domingo la manifestación, existen 10 sentencias de derribo firmes, que afectan a más de 1.000 personas, con 3 constructoras/promotoras que han sido condenadas por quiebra fraudulenta o culpable, y cerca del 15% del suelo urbano con sentencias de derribo.
En Cantabria el total de afectados actualmente es de más de 2.500 con sentencias firmes y cerca de otras 2.000 personas con procesos pendientes, y cada año se siguen sumando nuevos casos, los últimos en los municipios de Castro y Piélagos.
Después de muchos años y muchas promesas a los ciudadanos inocentes seguimos soportando las consecuencias de la corrupción urbanística. Hay casos tan claros que la justicia ha condenado al Gobierno de Cantabria y a los Ayuntamiento implicados por los daños morales.
En toda España la cifra de afectados por la corrupción urbanística puede superar el millón de personas y las instituciones internacionales han tenido que dar un toque de atención al Gobierno Español por la situación actual de corrupción tanto en Administraciones municipales como en las autonómicas.
¿Quién no conoce algún caso de corrupción urbanística?. Pero los grandes olvidados de esta situación son la víctimas de la misma, ciudadanos que han comprado su vivienda de buena fe, y se ven atrapados en una pesadilla por la pérdida de su patrimonio o el derribo de su vivienda.
Por todo ello AMA reitera su invitación a todos los ciudadanos e instituciones a participar en la manifestación contra la corrupción urbanística.
21.01.07
300 PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ARGOÑOS
CON EL LEMA NO A LA CORRUPCIÓN URBANISTICA SE HAN MANIFESTADO MÁS DE 300 PERSONA POR LAS CALLES DE ARGOÑOS.
LEGALIZACIÓN ES LA SOLUCIÓN
CONTRA LAS INJUSTICIA QUE SE ESTA COMETIENDO CON LAS VÍCTIMAS DE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA.
CON GRITOS CONTRA EL GOBIERNO CULPABLE, GOBIERNO RESPONSABLE.
PIDIENDO A LA FISCALIA QUE ACTÚE CONTRA LOS CULPABLES DE LA CORRUPCION URBANISTICA Y PROTEJA A LAS VICTIMAS.
RECORDANDO A GOROSTIAGA SU RESPONSABILIDAD Y MAL COMPORTAMIENTO CON LAS VICTIMAS.
PIDIENDO LA DIMISIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO REVILLA Y GOROSTIAGA
DICIENDO QUE SON VÍCTIMAS DE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA.
SE TERMINÓ LA MANIFESTACION CON GRITOS DE
CONTRA LA CORRUPCIÓN LEGALIZACION DE VIVIENDAS DE INOCENTES
¿QUÉ PEDIMOS? ¿QUÉ PEDIMOS? ¡¡J U S T I C I A !!
SOMOS VICTIMAS DE LA CORRUPCION.
,CORRUPCION URBANSITICA.
AMA ESTUDIARÁ LA PRESENTACION DE QUERELLAS CRIMINALES CONTRA LOS RESPONSABLES DE LA CORRUPCION.
Y ENVIARÁ A LA FISCALIA MÁS DE 10.000 FOLIOS SOBRE LAS CORRUPCION EN CANTABRIA.
29.01.07
¿QUE DELITO HE COMETIDO?
¿Cuál ha sido mi delito?
Escrito por José Luis Tranche García
Carta abierta al señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria:
Ya que a fecha de hoy no hemos recibido contestación a la carta certificada que hace más de dos meses le enviamos y considerando que todo condenado tiene el derecho de saber cuál es el delito por el que se le condena, me animo a plantearle públicamente las siguientes consideraciones y pregunta:
-En 1997 compramos una casita en el término municipal de Argoños, en la Urbanización Pueblo de Mar I, la cual escrituramos en enero de 2000.
-En la mencionada casita pusimos todas nuestras ilusiones y los ahorros de varios años, tanto pasados como futuros, y cuál fue nuestra sorpresa cuando aproximadamente al mes de haber escriturado tuvimos conocimiento de que había una sentencia en la que estaba implicada nuestra vivienda por ciertas irregularidades administrativas, proceso judicial del cual nosotros no tuvimos conocimiento hasta esas fechas Ante una situación tal 'singular' de la que nadie nos había informado (ni constructor ni Ayuntamiento) y que nadie había evitado (consejerías implicadas en temas de vivienda), tratamos de personarnos en el proceso para defender nuestra propiedad y se nos negó esa posibilidad. -A fecha de hoy, la situación es que hay una sentencia firme de derribo en la que se explicita «... condenar a la demolición de lo indebidamente edificado, como consecuencia directa de la declaración de nulidad de la licencia de obras».
-Por todo esto parece claro que van a tirar nuestra casa, para lo cual el Ayuntamiento de Argoños está haciendo una provisión de fondos.
Considerando que la justicia condena a los culpables en relación y proporción con el delito que han cometido, deseo plantearle una única pregunta:
¿Cuál ha sido el delito que mi esposa, mi hija y/o yo hemos cometido?
Esta carta fue escrita en Marzo de 2005 nunca ha tenido contestación.
En Julio de 2006 y en escrito entregado en el registro del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se pidió un entrevista con su Presidente el Excmo. Sr. Cesar Tolosa, después de medio año tampoco hemos tenido respuesta alguna.
05.02.07
UN MILLON DE VICTIMAS
MÁS DE UN MILLON DE PERSONAS SON VICTIMAS DE LA CORRUPCION URBANÍSTICA EN ESPAÑA
La corrupción urbanística en España va adquiriendo unas dimensiones desproporcionadas. Los expertos afirman que lo que sale a la luz es un porcentaje ínfimo del total casos que se estarían dando a lo largo de la geografía española.
La corrupción urbanística es lo que ha hecho que España haya logrado una peor nota que en años anteriores.
EFE | MADRID
La puntuación de España en el índice de percepción de corrupción que elabora la organización Transparencia Internacional (TI) ha retrocedido por segundo año consecutivo, principalmente por el incremento de casos, y su difusión, en el sector urbanístico.
Así se ha puesto hoy de manifiesto en la presentación del informe correspondiente a 2006 que elabora con datos de 163 países esta organización anticorrupción, acto en el que se destacó que este retroceso "es preocupante" y requiere "tomar medidas".
España, que en los dos últimos años había superado el notable, al lograr el 7,1 en 2004 y un 7 el pasado año, ha obtenido una calificación de 6,8 en su lucha contra la corrupción en 2006, por debajo de países como Finlandia (9,6), Islandia (9,6), Singapur (9,4), Australia (8,7), Reino Unido (8,6), Francia (7,4), Estados Unidos (7,3) o Chile (7,3), y por delante de Portugal (6,6), Italia (4,9), Grecia (4,4) o Polonia (3,7).
AMA/Argoños
El número de afectados por corrupción urbanística en todo España según un estudio realizado por la Asociación de Maltratados por Administración supera las 300.000 hay voces cualificadas que hablan de un millón.
Esto por si sólo habla de una legislación inadecuada y de un corrupción en el entorno urbanístico sin igual en toda la Comunidad Europea.
Todos si miramos a nuestro alrededor conocemos casos de vivienda ilegales, el "modus operandi" típico es constructor tal que con el concejal cual y con la ayuda de un amigo en el Gobierno de la Comunidad han pegado un pelotazo.
Y es que en el urbanismo es donde se hace el milagro de los panes y los peces, se juntan el propietario de un terreno rústico y el constructor de antes y le dice “mira tu terreno vale x lo multiplicamos por 50 y todos a repartir, aquí no pierde nadie”.
Pero esto no es verdad, perdemos y perdemos muchos, pierde la comunidad, pierde el medio ambiente, pierden los inocentes que compraran un viviendas y lugar estarán atrapados en un autentica pesadilla , las víctimas de la corrupción urbanística son los ciudadanos, todos, los que de buena fe han comprado sus viviendas con el esfuerzo de una toda una vida laboral y los que con sus impuestos tendrán que pagar las indemnizaciones, las ciudades, el entorno y sobre todo nuestros hijos que sufrirán las consecuencias de un mundo más injusto y menos habitable.
| VIVIENDA ILEGALES | PERSONAS AFECTAS | % de víctimas sobre población por Comunidad Autonoma | |
ANDALUCIA | 151.530 | 606.120 | 8,24% |
|
CANARIAS | 39.840 | 159.360 | 14,99% |
|
MURCIA | 30.690 | 122.760 | 10,25% |
|
VALENCIA | 30.270 | 121.080 | 2,91% |
|
BALEARES | 18.430 | 73.720 | 8,76% |
|
CATALUÑA | 15.220 | 60.880 | 0,96% |
|
GALICIA | 9.835 | 39.340 | 1,46% |
|
MADRID | 4.650 | 18.600 | 0,34% |
|
ASTURIAS | 3.420 | 13.680 | 1,29% |
|
EXTREMADURA | 2.830 | 11.320 | 1,07% |
|
CASTILLA-LEON | 2.485 | 9.940 | 0,40% |
|
CASTILLA-LA MACHA | 2.130 | 8.520 | 0,48% |
|
ARAGON | 1.870 | 7.480 | 0,62% |
|
PAIS VASCO | 1.265 | 5.060 | 0,24% |
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CANTABRIA | 1.140 | 4.560 | 0,85% | Es la única comunidad que no ha resuelto ningún caso (que conozca AMA) |
NAVARRA | 214 | 856 | 0,15% |
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LA RIOJA | 148 | 592 | 0,21% |
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TOTAL | 315.967 | 1.263.868 | 3,15% |
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fuente AMA-2006 |
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Hay normativas que se han demostrado su absoluta ineficacia y la indefensión que producen en todos los ciudadanos.
Hoy cualquiera puede ser una víctima en potencia al comparar una vivienda y aunque sobre la misma pese un denuncia, que puede hacer que la misma t
09.02.07
APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
El Correo 11.02.2007
VIZCAYA
El Gobierno cántabro pide que se reserve suelo para los afectados por los derribos
Los propietarios quieren disponer de nuevas casas antes de que se ejecuten las demoliciones
SONSOLES ZUBELDIA/CASTRO
El Gobierno de Cantabria ha instado a los ayuntamientos con urbanizaciones abocadas a la piqueta a que reserven terrenos legales para que los propietarios afectados por las sentencias de derribo puedan edificar sus casas en otros puntos de estos municipios. Se trata de transferir el aprovechamiento urbanístico a otras zonas. «La idea es que la administración local dé valor al suelo vinculándolo a otro. Ahora deben ser los consistorios los que decidan dónde, cuándo y cómo lo harán», explicó la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Ejecutivo cántabro, Miriam García.
Aunque se trata de una propuesta que ya había sido perfilada con anterioridad, la estrategia del Gobierno regional cobró nueva fuerza durante la reunión que mantuvieron la pasada semana representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y de los propietarios afectados de Arnuero, Argoños y Piélagos con la responsable de Urbanismo. No obstante, el presidente de AMA, Antonio Vilela, reclamó «que no se ejecute ninguna sentencia de derribo hasta que se construyan» las nuevas viviendas. «Es una idea útil y nadie podría oponerse porque cumple la ley vigente para todos los implicados», apuntó.
Cuando el Ejecutivo regional evitó legalizar las casas de Argoños condenadas a la piqueta por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria «por no poder ir en contra de un fallo judicial firme», los afectados vieron cómo se cerraba la puerta a una eventual modificación del planeamiento que solucionara el problema. Por eso, los propietarios reclamaron una reunión entre todas las partes implicadas «para manifestar nuestra preocupación por la grave situación actual y por la falta de acciones por parte del Ejecutivo y el Parlamento de Cantabria».
Cumplir la ley.
Aunque el Gobierno regional apuesta por atajar el problema con la transferencia de los aprovechamientos urbanísticos y la revisión de los distintos planeamientos municipales, la consejera de Urbanismo advirtió de que «la ley hay que cumplirla y las viviendas condenadas deben ser derribadas».
Los representantes de AMA volverán a mantener un encuentro con la Dirección General de Urbanismo el próximo día 22. También esperan una reunión con el Consejero de Presidencia y la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria «para profundizar en la búsqueda de soluciones».
El diario montañés 9 de Febrero de 2007
VIVIENDA/POLÉMICA
El Gobierno regional propone compensar con "aprovechamientos urbanísticos" a los afectados por sentencias de derribo
A traves de los planes generales de cada ayuntamiento
El Gobierno de Cantabria considera que los propietarios de viviendas con sentencia de derribo podrían ser compensados a través del desarrollo de los planes generales de cada ayuntamiento mediante la figura del "aprovechamiento urbanístico".
EFE/SANTANDER
Myriam García
Directora General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria.
La Asociación Maltratados por la Administración (AMA) asegura que ésa es la propuesta que la directora general de Urbanismo, Miriam García, le ha expuesto en la reunión que ha mantenido con su presidente, Antonio Vilela, y con sus delegados en los tres municipios con más viviendas ilegales: Arnuero, Argoños y Piélagos.
La directora general, según AMA, les explicó que esa salida depende de "la voluntad política" de los Consistorios de diseñar en los planes generales o en los planes parciales los aprovechamientos urbanísticos necesarios para compensar a los propietarios de viviendas con sentencia de derribo "que no tengan otra solución".
"En AMA pensamos que los aprovechamientos urbanísticos pueden ser un instrumento útil, pero no el único, para solucionar este grave problema, pero pedimos que se desarrollen los mismos y sobre todo que se presupuesten y pongan los medios tanto económicos como sociales para que en Cantabria no tengamos viviendas ilegales", asegura la asociación en un comunicado.
REALIDADES TANGIBLES
Este colectivo de afectados pide que "se pase del mundo de las ideas al mundo de las realidades tangibles, que den soluciones a las cerca de 2.500 víctimas que viven pendientes del derribo de su hogar y a las muchas más que se pueden sumar a esta situación".
AMA insta al Parlamento de Cantabria a que "dé soluciones" a los afectados, como sostiene que ya han hecho las cámaras autonómicas de Cataluña, Canarias, Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana ante supuestos similares.
"Que no se dé por terminada la legislatura, que se trabaje para resolver el problema de las víctimas de la corrupción urbanística de nuestra comunidad y se den soluciones para los problemas de los ciudadanos de Cantabria", añade la asociación.
14.02.07
EL BOSQUE DE AMA
Las Asociación de Maltratados por la Administración -AMA- está trabajando en un proyecto en el que ha puesto mucha ilusión, es el proyecto del Bosque de AMA, con el mismo pretendemos dar a la naturaleza lo que otros le han quitado, y sobre todo quiere ser un símbolo de la sensibilidad y esfuerzo de la víctimas de la corrupción urbanística para intentar subsanar las actuaciones fuera de la legalidad vigente realizadas al amparo y por las Administraciones Públicas.
El entomólogo Pablo Bahillo de la Puebla Doctor en Ciencias Biológicas ha realizado el presente estudio técnico del Bosque de AMA
BOSQUE
DE
AMA
El proyecto de plantación del bosque de AMA contempla la reforestación con especies autóctonas de una pequeña parcela de terreno situada en el límite municipal de Argoños, Arnuero y Noja
25.02.07
Inaugurado el BOSQUE DE AMA
El Bosque de AMA quiere contribuir a enriquecer nuestra Cantabria Infinita.
Algunos, como los que han realizado el video quieren otras cosas, nosotros nos quedamos con el respeto a todos, con la esperanza de que algún día se haga justicia y con la belleza de nuestra tierra.
Lástima que haya representantes políticos que no están a la altura de los cargos públicos que ostentan y hayan contribuido al descrédito de las instituciones.
Más de 200 personas han participado en la inauguración del Bosque de AMA plantando medio centenar de encinas y laureles.
Las actividades empezaron a las 11 de la mañana con una reunión multitudinaria de AMA donde se dieron las explicaciones de las situación jurídica de las diferentes urbanizaciones y donde se manifestó, la sorpresa y descontento de AMA con la decisión del Gobierno de Cantabria de recurrir los daños morales, pese a las promesas del Presidente del Gobierno de no hacerlo.
A las 12 horas se realizó una Marcha desde la plaza de la villa de Argoños hasta el Bosque de AMA, con pancartas que pedían un solución a la situación de las víctimas de las sentencias de derribo
Gracias a todos por vuestra ayuda para que el Bosque de AMA sea hoy una realidad donde ya están creciendo encinas y laureles, así como nuestra esperanza de que se haga justicia espera crecer con ellos.
02.03.07
CORRUPCION Y LEGISLACION
SE COMENTA QUE EL PROBLEMA DE LA CORRUPCION ES LA FALTA DE LEYES CLARAS QUE IMPIDAN LAS SALVAJADAS REALIZADAS EN EL PASADO.
PERO SOBRE TODO LA FALTA DE ACTUACIÓN CONTRA LOS RESPONSABLES, CONTRA LOS CULPABLES DE ESTA SITACIÓN DE INJUSTICIA.
Probablemente alguna modificación legislativa sería necesaria tanto a nivel de protección de los ciudadanos.
Parece totalmente necesaria un norma que obligue al registro de las demandas, de tal forma que cuando cualquier persona realice las escrituras del inmuebles pueda ser avisado por el notario si sobre el hay alguna carga o esta afectado por alguna demanda.
Hoy en día, si no hay sentencia, no tienes conocimiento de que tienes una demanda sobre tu casa y compras de buena fe, después cuando estas viviendo en ella tranquilamente te enteras, generalmente por la prensa, que tu vivienda tiene una sentencia de derribo, y tu dices pero como, si a mi nadie me ha notificado nada, esto es imposible es un error.
Pero amigo no había error y ya eres un víctima de corrupción urbanística y lo difícil que es salir de esa situación por que las victimas somos sobre todo un estrobo para las administraciones que las maltrata e ignora.
Hay que buscar medios para que las víctimas no acaben pagando las consecuencias de las malas actuaciones de la Administración.
No puede ser que te pases las años amargado y pagando abogados para defender tu patrimonio, tu no has realizado ninguna ilegalidad, sin embargo todos van contra ti, los jueces empeñados en que hay tirar tu vivienda, el Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria que son los condenados y quienes han infringido la ley no quieren saber nada, e intentar torpedear cualquier acuerdo, sólo quieren ganar tiempo para pasar esta patata caliente a otros y que prescriban los posibles delitos, faltas o negligencias así sucesivamente.
Creo que sinceramente el problema de nuestra comunidad no es la falta de legislación, o por lo menos no sólo ese, quizás el gran problema es incumplimiento por los poderes públicos de esa legislación vigente, sino como explicar las 21 sentencias de derribo que condenan a los Ayuntamientos, las 4 sentencias que condenan al Gobierno de Cantabria por daños morales a los ciudadanos, en definitiva que el diagnóstico puede estar claro nuestro mayor problema no son las leyes o normas sino incumplimiento de las mismas, esto no es otra cosa que CORRUPCION URBANISTICA pura y dura.
Sin embargo siendo claro el incumplimiento de la legalidad vigente por nuestros cargos públicos no conocemos actuaciones ni de la fiscalía, ni de los jueces que nos defiendan de actuaciones cuanto menos erróneas o presuntamente delictivas, por lo cual la impunidad en la que se viven estos señores/as en Cantabria es total.
El Presidente del Gobierno era anteriormente Presidente de Comisión Regional de Urbanismo órgano que dio el VºBº a los PGOU, a las NNSS a Planes Parciales y Estudios de Detalle que más tarde los jueces declararon ilegales ¿se conoce alguna actuación judicial contra el Presidente del Gobierno por estos temas?.
La Vicepresidenta y candidata a Presidenta siendo concejal del Ayuntamiento de Piélagos apoyó proyecto ilegales ¿se conoce alguna actuación judicial contra la Sra. Vicepresidenta?.
Se podía seguir con más miembros de Gobierno, pero que suficientemente ilustrativo el de sus máximas autoridades.
La falta de responsabilidad sobre actuaciones fuera de la legalidad, la falta de control de la oposición, ya que el tema de la corrupción urbanística es tremendamente democrático y afecta por igual a todos los partidos políticos, ya que como es “vox populi” han servido y probablemente todavía sirven para financiar muchas campañas quizás también la actual.
Hay manifestaciones como las del presidente de ARCA Gonzalo Canales a la agencia EFE donde lo dice abiertamente y sus fuentes tendrá que esta organización bebe y vive muy cerca de la Administración.
El PP tiene a sus alcaldes de Arnuero, Argoños y Piélagos metidos hasta las cejas en los temas de corrupción urbanística (solamente el Alcalde de Argoños Sr. Joaquín Fernández San Emeterio tiene en su haber el logro de 10 sentencias de derribo).
El PRC era quien como hemos comentado presidía órgano controlador para que no sucedieran todas estas situaciones y ya conocemos el resultado, además aquí para más “INRI” principal responsable es el Sr. Revilla.
El PSOE es un caso curioso en la oposición y a través del hoy Presidente del Parlamento Miguel Ángel Palacio presentó mociones para solucionar, entonces para su partido grave problema de la corrupción urbanística, las actas del Parlamento tienen palabras gloriosas de su Presidente que, una vez en nuevo cargo tuvo un ataque de amnesia y no quiso saber nada del tema, pero quizás el caso más sangrante sea el de la Sra. Gorostiaga que haciendo gala de una hipocresía total prepara su campaña electoral con el tema de las medidas contra la corrupción urbanística como bandera de la misma, pero esta señora es la misma que, ni ha querido recibir a las víctimas de la corrupción urbanística, si la misma que siendo concejal de Piélagos ha tenido actuaciones que hemos relatado anteriormente.
Perdonar que me haya extendido tanto, pero sinceramente nuestra comunidad no se merece tener unos dirigentes que tenemos y de eso tiene responsabilidad la justicia que no actuado y cuando lo ha hecho ya las penas ya habían prescrito.
09.03.07
GOROSTIAGA Y REVILLA
SEÑOR PRESIDENTE CUMPLA SU PALABRA
NUESTRO PRESIDENTE DICE QUE TENEMOS QUE SER INDEMNIZADOS JUSTAMENTE Y SU GOBIERNO RECURRE LOS DAÑOS MORALES
GOROSTIAGA Y REVILLA nuestra pesadilla
Indemnizarán a 15 familias por sufrir exceso de ruido la justicia condena a la Diputación vizcaína a pagar 834.354€ a vecinos de dos edificios de Miribilla, por no poner protección sonora en la variante este.
Las 15 familias de dos edificios de viviendas ubicados en Miribilla le han ganado la batalla al ruido del tráfico. La Diputación vizcaína les deberá indemnizar con un total de 834.354,75 euros por las molestias que les origina el ruido proveniente de la autovía de acceso a Bilbao por Miraflores
Cerca de 10 millones de las antiguas pesetas por familia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado al Gobierno de Cantabria y a los Ayuntamientos de Argoños y Arnuero a indemnizar con 9.000 € a 12.000€ por familia a las víctimas de las sentencias de derribo por los daños morales sufridos durante más de 10 años en algunos casos, con la zozobra de dormir todas las noches pensando que en cualquier momento se podía derribar su vivienda por un delito, falta o negligencia que han cometido otros y sin tener la posibilidad de poder disponer su patrimonio.
La desproporción de las cuantías lo dice todo no hace falta más comentario, por si esto fuera poco, y quizás para hacer más daño a las víctimas el Gobierno de Cantabria recurre la sentencia que le condena a esos daños morales y esto pese, a las reiteradas manifestaciones del Presidente del Gobierno D. Miguel Ángel Revilla, en el sentido que las víctimas no tiene culpa de nada y hay que indemnizarlas justamente.
La Vicepresidenta del Gobierno Dª Dolores Gorostiaga ese personaje que va haciendo campaña poniendo por bandera la honradez en los temas de corrupción urbanística tiene la responsabilidad de recurso presentado por su Gobierno.
¿Qué credibilidad pueden tener estos dos dirigentes políticos?, ¿Qué podemos esperar estos representantes públicos?, ¿Inhabilita la mentira para ser candidata a la Presidencia de nuestra Comunidad?.
Nosotros hemos agradecido las palabras de apoyo del Sr. Revilla a pesar de conocer su responsabilidad directa en este tema, pero lo que no esperábamos es que a las víctimas no dijera una cosa y la actuación de su Gobierno fuera totalmente la contraria.
Y a pesar de todo lo que ha llovido, creíamos ver sinceridad en las palabras y en los gestos de nuestro Presidente, por ello ahora nos duele más.
Para muestra están sus declaraciones a la Agencia EFE diciendo “ pongo mi Gobierno a trabajar para resolver este grave problema”, y después intenta negar a las víctimas 9.000€ por el sufrimiento que él conoce de primera mano.
Fuente Arca
Lo de la Sra. Gorostiaga, es otra cosa, ella nunca quiso saber nada de nosotros, siempre nos vio con algo incomodo que quería quitarse del medio, su postura es de una hipocresía que no tiene límites, la verdad es que nos da incluso miedo, que personas con este talante puedan estar al frente de la institución más importante de nuestra comunidad.
Aquí si que se podía usar ese refrán de "dime de que presumes que te diré de que careces", ya es mala suerte que con toda la buena gente que hay en nuestra comunidad estemos en esta situación.
El objetivo de este colectivo no es buscar indemnizaciones, ni aprovechamientos urbanísticos, ni tan siquiera un disculpa de los condenados, nuestro colectivo sólo quiere vivir con sus hijos y nietos en su hogar, comprado honradamente y que tanto nos está haciendo sufrir.
23.03.07
CORRUPCION GENERALIZADA
LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN ESPAÑA NO ES UN CASO AISLADO, ES UNA PRÁCTICA HABITUAL EN MUCHOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
ES UNA CORRUPCIÓN GENERALIZADA POR TODA LA PIEL DE TORO.
ESTA CORRUPCIÓN TIENE UNA PARTE DE LA QUE SE HABLA MUY POCO QUE SON LAS VÍCTIMAS DE ESA CORRUPCION URBANÍSTICA QUE PUEDE SUPERAR EL MILLÓN DE PERSONAS EN ESPAÑA.
SOLAMENTE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA EN SU PARLAMENTO RECONOCE MÁS 150.000 VIVIENDAS CON PROBLEMAS DE LEGALIDAD.
LA PREOCUPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES COMO LA UNIÓN EUROPEA O INCLUSO LA PROPIA ONU ES GRANDE Y SE DEMUESTRA POR LOS INFORMES EMITIDOS POR ESTOS MISMOS ORGANISMOS.
LA SITUACIÓN DE LAS VICTIMAS Y SU DESPROTECCIÓN ES SANGRANTE.
LOS CIUDADANOS TIENEN UNA GRAN INSEGURIDAD JURÍDICA QUE TERMINA PRODUCIENDO UNA PEREGRIMACIÓN POR LOS JUZGADOS EN BUSCA DE PODER SALVAR EL PATRIMONIO DE SU FAMILIA, LO QUE HACE SU SITUACIÓN TEMENDAMENTE INJUSTA
YA QUE SIENDO LOS CONDENADOS SON LAS ADMINISTRACIÓNES (AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTONOMAS) LOS QUE SUFREN LOS EFECTOS DE ESAS CONDENAS SON LOS CIUDADANOS QUE DE BUENA FE COMPRARON SU VIVIENDAS.
ESTOS ALGUNOS DE CASOS PUBLICOS DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA PUBLICADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ILUSTRAN LA SITUACIÓN EN NUESTRO PAÍS:
Fuente de la noticia: Diario de Álava
CORRUPCION URBANISTICA
Urbanismo, origen de la corrupción
Uno de los últimos y más polémicos casos: tala masiva de pinos de Navas del Marqués (Ávila) para la llamada Ciudad del Golf, ahora paralizada.
l A Fiscalía y los Juzgados de diversas provincias españolas tienen abiertas diligencias por decenas de casos de este tipo en los que aparecen como denunciados o imputados alcaldes y concejales. Junto a grandes escándalos como la llamada operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella o las investigaciones sobre grandes desarrollos urbanísticos, los Juzgados instruyen numerosas causas de menor magnitud en otros municipios. Las denuncias provienen a menudo de la oposición municipal, grupos ecologistas o asociaciones vecinales, aunque tampoco faltan las investigaciones de oficio por parte de la Fiscalía.
andalucía
l Carboneras (Almería). El grupo ecologista Salvemos Mojácar, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía denunciaron la construcción del hotel de El Algarrobico por parte de la constructora Azata del Sol sobre unos terrenos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar declarados como no urbanizables en 1994. Carboneras está gobernada por el PSOE.
l Roquetas de Mar (Almería). La Junta de Andalucía y Comerciales del Poniente denunciaron la concesión por parte del Ayuntamiento (del PP) de una licencia de apertura para una gran superficie comercial en la localidad en septiembre de 2000 a la empresa General de Galerías Comerciales, cuyo responsable es el empresario Tomás Olivo, imputado en la segunda fase de la Operación Malaya de Marbella.
l El Puerto de Santamaría (Cádiz). Ecologistas en Acción denunció en marzo de 2005 al alcalde, Hernán Díaz (de Independientes Portuenses, IP), al concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y al promotor inmobiliario José Pinto, por vender una finca en el Pinar de Coig que forma parte de un sistema general de espacios libres.
l Ubrique (Cádiz). El arquitecto municipal, Juan Prieto, fue detenido en la denominada Operación Pinsapar , como presunto autor de varios delitos relacionados con la ordenación del territorio. Junto a él se detuvo a otras cuatro personas por cohecho, delitos contra la ordenación del territorio y falsificación documental. Ubrique está gobernado por el Partido Andalucista.
l Tarifa (Cádiz). El alcalde, Miguel Manella (PSOE), tiene abiertas diligencias previas en el Juzgado de Algeciras por delitos de prevaricación, falsificación documental, sobre el patrimonio histórico, ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina, puesto que lo que inicialmente iba a ser la reforma de la Oficina de Turismo finalmente será zona de ocio, comercial y restaurante.
l Jimena (Cádiz). El alcalde, Ildefonso Gómez (PSOE), tiene abiertas diligencias en el Juzgado de San Roque en relación a las irregularidades urbanísticas de la finca La Bordilla a raíz de una denuncia del PP. En dos años, el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos que conceden edificabilidades superiores a los 2,6 millones de metros cuadrados de nueva construcción.
l La Línea (Cádiz). El alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), se enfrenta a distintos contenciosos, uno de ellos por la venta de suelo municipal en el Camino de Sobrevela sin que respetaran las 48 horas de antelación en la convocatoria. La denuncia partió del PSOE.
l Marbella (Málaga). La mayor actuación desarrollada en España, que supuso la disolución por primera vez de un Ayuntamiento, con más de 60 detenidos de los que 26 fueron encarcelados, entre ellos toda la cúpula del gobierno local encabezada por la ex alcaldesa Marisol Yagüe, además de Julián Muñoz, varios ex ediles del PSOE, PA y GIL, empresarios y abogados, de los que aún quedan seis en prisión.
l Gaucin (Málaga). La Fiscalía denunció al alcalde Francisco Corbacho (PA) y a cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 que es contrario a la norma urbanística y por ello también se pidió la paralización de obra.
l Manilva (Málaga). La Fiscalía denunció a la concejala Antonia Muñoz, de IU, por conceder una licencia en contra del Plan General de Ordenación Urbana con informes técnicos que alertaban de que no se adaptaba a la normativa vigente. En otro caso referido al mismo Ayuntamiento está denunciado el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, un independiente procedente del GIL, por un presunto delito de prevaricación urbanística al aprobar un proyecto de ejecución en suelo no urbanizable. Tirado dimitió en 2005 tras su ingreso en prisión.
l Cómpeta (Málaga). El alcalde, Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que se enfrenta a la pena de un año de cárcel y diez de inhabilitación por un supuesto delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística al conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable, tras una denuncia de la Junta de Andalucía.
l Benalmádena (Málaga). La Fiscalía de Málaga interpuso en mayo de 2006 denuncia contra el alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, por la supuesta concesión de una licencia municipal de obra en diciembre de 2004 para la construcción de un edificio en donde sólo se podían construir casas unifamiliares.
l Tolox (Málaga). La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga denunció en mayo al alcalde, Juan Vera (PA), al arquitecto municipal y a la secretaria del Ayuntamiento por haber permitido la construcción de 2.000 viviendas en suelo no urbanizable.
l Camas (Sevilla). El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla investiga el presunto soborno a una edil independiente, Carmen Lobo (anteriormente en IU), para que votara a favor de unas recalificaciones urbanísticas. Los investigados son el alcalde, Agustín Pavón (IU); los ediles de Camas Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA); el concejal de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (PP) y el empresario Eusebio Gaviño.
l Torredelcampo (Jaén). El Ministerio fiscal emitió el pasado mes de septiembre un escrito de acusación contra 12 personas, entre ellas el alcalde de Torredelcampo (Jaén), Blas Sabalete (PSOE), por construcción de chalés en una cañada real, dentro de la zona conocida como El Megatín.
l Armilla (Granada). La Fiscalía ha abierto diligencias por un presunto caso de corrupción urbanística relacionado con la construcción del Centro Nevada, que se convertirá en el mayor centro comercial de Andalucía y que es propiedad de Tomás Olivo, dueño también del centro de Roquetas e imputado en la Operación Malaya .
baleares
l Calviá (Mallorca). La ex alcaldesa Margarita Nájera se enfrenta a siete procesos penales por concesión de licencias urbanísticas en los casos llamados Estrategia Local, Chalet de Santa Ponsa, Western Park, SYP, Solares de Santa Ponsa y Grupo HPT Instal y Paseo de Calviá , todos ellos denunciados por el Partido Popular.
l Sant Antoni de Portmany (Ibiza).Caso Cretu , por la concesión de una licencia municipal para que el productor musical Michel Cretu pudiera construir su mansión en la cima de una colina en Santa Inés, en este municipio. La denuncia fue interpuesta en 1999 por un grupo ecologista contra el entonces alcalde Antoni Marí Tur (PP).
l Ses Covetes (Campos) (Mallorca). Concesión por parte del Ayuntamiento de Campos (PP) de licencia municipal para la construcción de 67 apartamentos en espacio protegido frente a la conocida playa de Es Trenc, denunciada por el Grupo Balear de Ornitología en 1994.
l Sant Josep (Ibiza). El Grup d'Estudis de la Naturalesa denunció por prevaricación al alcalde, José Serra (PP), al haber concedido licencia de obras en suelo no urbanizable. La causa está pendiente de juicio. El fiscal pedirá penas de cárcel y de inhabilitación.
l Santa Eularia (Ibiza). IU denunció al alcalde, Vicente Guasch (PP), por la autorización municipal para la construcción de la urbanización de Ses Torres de Talamanca en suelo rústico. Está pendiente de juicio.
l Andratx (Mallorca). La Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias contra el alcalde, Eugenio Hidalgo (PP), por delito ecológico por la construcción de 20 edificios en Monport, un Area Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
l Ses Salines (Mallorca). Intento de legalizar una vivienda privada a partir de una declaración de interés general para un supuesto centro social de la Asociación de Caballistas local. La causa en la que está imputado el ex alcalde Sebastiá Vidal (PP) -que dimitió- está pendiente de juicio.
CANARIAS
lTelde (Gran Canaria). El Juzgado número 3 de Telde, en Gran Canaria, investiga el Caso Faycán que estalló tras la denuncia de una empresaria del municipio, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. La principal imputada es la ex concejala de Obras Públicas y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres, quien permaneció en prisión durante 62 días con cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto.
CANTABRIA
l Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos. En estos cinco municipios costeros existen más de 500 viviendas pendientes de que se confirmen o se ejecuten sentencias de derribo que pesan sobre ellas según la asociación ecologista ARCA, promotora de muchas de las denuncias. La mayor parte de las sentencias se basan en que el suelo fue clasificado como urbano sin que contara con los requisitos legales para serlo.
CASTILLA Y LEóN
l Arroyo de la Encomienda (Valladolid). El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga un posible delito contra la administración pública después de que un abogado, asesor de varias empresas, presentara una denuncia en la que alertaba del trato de favor que supuestamente recibían en Arroyo determinadas constructoras y promotoras por parte del Ayuntamiento, dirigido por José Manuel Méndez (PP). El caso se centra en la recalificación de 335.000 metros cuadrados de uso industrial para construir 3.410 viviendas.
l Navas del Marqués (Ávila). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el pasado mes de octubre las normas subsidiarias del municipio, gobernado por el PP, que calificaban como "suelo urbanizable delimitado" el lugar en el que se iba a instalar la Ciudad del Golf, un proyecto que afecta a 210 hectáreas e incluye la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf.
CASTILLA-LA MANCHA
l Seseña (Toledo). La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias después de que IU denunciara un supuesto trato de favor por parte de la Junta de Castilla-La Mancha al promotor del Plan de Actuación Urbanística El Quiñón, Francisco Hernando, Paco el Pocero , por recalificar casi dos millones de metros cuadrados de suelo rústico urbanizable para construir 13.508 viviendas en un municipio de unos 10.000 habitantes. La denuncia, que incluye los delitos de trato de favor, contra la hacienda pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude, está en la fase de diligencias previas.
l Hellín (Albacete). La Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir si corresponde a esta instancia o a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha investigar las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción (EA) por un presunto delito de prevaricación por la construcción de 680 chalets en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Hellín (Albacete), gobernado por el PSOE.
CATALUÑA
l Caso 'Tres por ciento'/ADIGSA. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por la empresa pública de vivienda de la Generalitat -Adigsa- en la última etapa de gobierno de CiU. El caso ha tenido una amplia repercusión política, ya que lo abrió la Fiscalía después de que el presidente catalán, Pasqual Maragall, aludiera en el Parlament al presunto cobro de comisiones por parte de CiU cuando aseguró: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%".
l Tarragona. En febrero de 2005, varios ex propietarios de terrenos de Tarragona denunciaron ante el Juzgado presuntas irregularidades urbanísticas en el proyecto de Terres Cavades, que planea la creación de un nuevo barrio con la construcción de 4.872 viviendas. Entre los imputados figuran el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, Ángel Fernández (CiU) -que dimitió-, su hermano, el constructor Juan Fernández, el promotor José Luis García y María Cinta Itarte, esposa del senador de CiU Lluis Badía.
l Salou (Tarragona). La Fiscalía de Tarragona investiga, tras recibir documentación enviada por ERC e ICV, la actuación de Esteve Ferran Gombau, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salou e hijo del alcalde del municipio, Esteve Ferran Ribera, quien vendió en 2004 por más de 500.000 euros una finca del municipio que había adquirido en el año 2000 por 30.000 euros, después de que este solar fuera recalificado y pasara a tener un uso residencial-hotelero. Los dos políticos pertenecen a la formación Ferran Units per Salou (FUPS) que gobernaba el municipio con CiU.
EXTREMADURA
l Badajoz (Golf Guadiana). La Fiscalía Anticorrupción investiga, tras denuncias de PSOE e IU, la construcción de 70 apartamentos dentro de las instalaciones del campo de golf, pese a que en el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de Badajoz (PP) estaba previsto un apartotel.
l Badajoz (Canal de Badajoz). Tras una denuncia de IU en marzo de 2004 la Fiscalía Anticorrupción investiga el permiso a la empresa Jardines del Guadiana para construir viviendas en una zona de propiedad municipal y en una superficie de 6.600 metros cuadrados. Durante más de un año, la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera (PP), negó que los terrenos del Canal de Badajoz fueran de propiedad municipal, aunque tras la documentación presentada lo reconoció y se solicitó a la empresa 1,8 millones de euros en concepto de aprovechamiento de dichos terrenos.
GALICIA
l Tui (Pontevedra). El alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha (PP), está imputado por la concesión irregular de licencias. Aunque recientemente fue absuelto por el Tribunal Supremo de un delito contra la ordenación del territorio, por el que la Audiencia de Pontevedra lo había condenado a ocho años de inhabilitación, tiene abiertos otros casos por irregularidades urbanísticas.
l Oleiros (Coruña). El alcalde Angel García Seoane (independiente) está procesado por el Juzgado número 4 de A Coruña como imputado en un delito de prevaricación, relacionado con la contratación de obras públicas.
MADRID
l Ciempozuelos. Anticorrupción abrió el 19 de octubre una investigación por un posible delito de blanqueo de capitales cometidos presuntamente por el alcalde de Ciempozuelos, Pedro Torrejón, y el ex alcalde Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE. La investigación se abrió a raíz de una información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, que advirtió de que ambos habían abierto una cuenta con un millón de euros en un banco del Principado.
l Aldea del Fresno. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, mandó quitar las competencias de Urbanismo al alcalde de la localidad, José Luis Tello (PSOE), por otorgar licencias de obras con los pronunciamientos desfavorables de los técnicos y del secretario del Ayuntamiento, y que obtuvo unos beneficios de 1,3 millones de euros en poco más de tres meses al vender a una inmobiliaria los terrenos de una finca rústica en este municipio.
l Alcorcón. La Fiscalía de Madrid presentó en junio de 2003 una querella contra los empresarios Francisco Vázquez y Francisco Bravo, el ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga (PP) y el ex edil de Hacienda y Urbanismo de ese Ayuntamiento, Fernando Díaz (PP), entre otras personas, por una supuesta trama urbanística en el municipio. Se les imputaban los delitos de "asociación ilícita para cometer delitos relativos al mercado y a los consumidores", prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada, así como "cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios", "maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de capitales".
MURCIA
l Murcia (Aparcamiento San Esteban). La Fiscalía Anticorrupción investiga, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, la construcción de un aparcamiento subterráneo en el jardín de San Esteban, junto a la sede de la Presidencia de la comunidad.
l Murcia. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia abrió el pasado marzo diligencias informativas de oficio para averiguar si pueden ser delictivas las actuaciones del jefe de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, ahora en excedencia, Joaquín Peñalver, al informar sobre proyectos urbanísticos realizados por el despacho de arquitectos que dirigen un hermano y su padre.
l Águilas. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia investiga, a raíz de una denuncia del PSOE, las actuaciones del Ayuntamiento de Águilas y el Gobierno regional, ambos del PP, en los trámites de desprotección y recalificación en 2005 de 240 hectáreas de suelo de la finca La Zerrichera, para la construcción de unas 4.000 viviendas, un campo de golf, zona comercial y un hotel.
l Cartagena. La Fiscalía investiga la compraventa de 500 hectáreas en la finca Lo Poyo, con terrenos protegidos como un saladar, situada a orillas del Mar Menor tras una denuncia presentada por el PSOE por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
l La Unión. La Fiscalía instruye diligencias previas, tras una denuncia de IU que acusaba al equipo de gobierno municipal de La Unión, del PSOE, por presunto trato de favor a la constructora Peinsa y prevaricación en relación con la firma de un convenio urbanístico por el que esa empresa restaura la casa del Piñón, edificio modernista del siglo XIX y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
l San Javier (Puerto Mayor). El proyecto Puerto Mayor consiste en la construcción de un puerto deportivo con mil puntos de amarre en La Manga del Mar Menor así como de más de 800 viviendas, un hotel, un palacio de exposiciones, zona comercial y un campo de golf en 500.000 metros cuadrados ganados al mar mediante el vertido de 1,5 toneladas de áridos. En junio de 2005, tras una denuncia del Seprona y un posterior recurso del Ministerio de Medio Ambiente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia paralizó las obras. En la empresa promotora del proyecto figuraba como consejero Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia.
l San Javier. La Fiscalía del TSJ abrió el pasado mayo diligencias informativas para investigar si la actividad del alcalde de San Javier, José Hernández (PP), como socio de una empresa constructora pudiera ser constitutiva de delito. Las diligencias se abrieron después de que el primer edil reconociera en diversos medios de comunicación que era socio de la empresa Nueva Valencia al Mar S.L., constituida en febrero de 2004, de la que también formaban parte los propietarios de las constructoras Urdemasa y Peinsa, adjudicatarias de numerosas obras públicas realizadas en el término de San Javier.
l Los Alcázares. La Fiscalía del TSJ de Murcia abrió de oficio una investigación para conocer posibles vinculaciones de la sociedad Masdevallía -intervenida en el caso Malaya de Marbella- con dos empresas que operaban en Los Alcázares en las que aparece como administradora única Inmaculada Camacho Escudero, familiar del entonces alcalde de la localidad, Juan Escudero, del PSOE, y cuñada del arquitecto municipal Mariano Ayuso.
l Los Alcázares. La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la operación Malaya - y el Ayuntamiento por el que la sociedad aportaba 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas y un aparcamiento de 300 plazas.
l Villanueva del Río Segura. El Juzgado número 3 de Cieza tramita diligencias tras la querella criminal presentada por Ecologistas en Acción contra el alcalde de Villanueva del Río Segura, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y los tres concejales, por "otorgar licencia ilegal a sabiendas y un delito tipificado en la Ley del Suelo", para construir en zona de dominio público hidráulico del río Segura.
l Cieza. La Fiscalía abrió en mayo diligencias a raíz de una denuncia de IU de Cieza por los presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento público en un convenio urbanístico por el que se recalifican 270 hectáreas en el paraje de Benís, que pasan de terreno rústico a urbanizable, para 5.000 viviendas y un campo de golf.
NAVARRA
l Valle de Egüés. El ex alcalde del Valle de Egüés, José Ignacio Galipienzo (desde 1999 a 2003 en UPN, aunque luego se dio de baja), está procesado, junto a otras nueve personas, como presunto autor de los delitos de prevaricación y cohecho cometidos por autorizar la construcción de un apartotel en una urbanización de lujo en Gorraiz cuyos terrenos estaban destinados para un colegio. Supuestamente Galipienzo, al que se le imputan otras irregularidades urbanísticas, habría cobrado a través de una de sus empresas 23 millones de pesetas (138.200 euros).
LA RIOJA
l Lardero. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha ordenado el derribo de dos edificios, uno de 43 viviendas y otro de algo más de 30, promovidas por una sociedad participada por el alcalde, Pedro Vallejo (PP). En este municipio actualmente se está tramitando su nuevo plan general de urbanismo, que aumentará en 5,17 millones de metros cuadrados la superficie urbanizable, lo que permitirá levantar viviendas para 20.000 personas, frente a las 6.500 actuales.
l Santurde. El alcalde, Jesús Montoya (PP), declaró el pasado mes de mayo como imputado ante un Juzgado de Haro por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y abuso en el ejercicio de una función pública. El fiscal le acusa de comprar una parcela dotacional de 7.300 metros cuadrados para levantar diez viviendas unifamiliares y 37 pisos y apartamentos.
l Briñas. El TSJ de La Rioja ha determinado que el Gobierno regional se haga cargo de las competencias urbanísticas del municipio, gobernado por el socialista Roberto Salinas. En el año 2000 un particular denunció al Ayuntamiento por conceder una licencia, que vulneraba la normativa urbanística, para construir una bodega.
COMUNIDAD VALENCIANA
l Orihuela (Alicante). El alcalde, José Manuel Medina (PP), está imputado por el Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad de la comarca de la Vega Baja por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Está acusado de disfrutar de bienes como vehículos de lujo y un chalé propiedad de promotores que fueron beneficiados con la adjudicación de planes urbanísticos.
l Torrevieja (Alicante). El alcalde, Pedro Angel Hernández Mateo (PP), está imputado por el Juzgado de Instrucción 4 de esta ciudad por delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación a la compra y venta de tres fincas rústicas en Almoradí -municipio de la Vega Baja también gobernado por el PP- que le reportaron, tras su recalificación y venta, más de 5 millones de euros.
l Alicante. El Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha imputado al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), por la adjudicación municipal de la construcción y gestión de tres aparcamientos públicos subterráneos al empresario Enrique Ortiz.
l Catral (Alicante) El Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela sobreseyó provisionalmente el pasado 27 de septiembre la investigación que seguía contra el alcalde, José Manuel Rodríguez Leal (PSPV-PSOE), y su equipo de gobierno, por permitir la edificación ilegal de viviendas.
l Zarra (Valencia) La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana presentó el pasado mes de enero una denuncia en los Juzgados de Requena contra el alcalde de Zarra (Valencia), el socialista Juan José Rubio, y tres concejales del PSPV-PSOE por delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa en la compraventa de inmuebles.
25.03.07
EL ANGEL DE AMA
SIGUIENDO UN RIGUROSO ORDEN ALFABETICO VAMOS A IR PRESENTADO POCO A POCO A LOS AMIGOS (VICTIMAS DE LA ADMINISTRACIÓN) QUE HACEN POSIBLE QUE AMA HAYA REALIZADO MÁS DE 100 ACTOS PÚBLICOS EN DOS AÑOS CERCA DE 30 MANIFESTACIONES, MARCHAS POR TODO CANTABRIA, 6 HORAS DE DEPORTES, PAGINAS WEB, BLOG, DVD, INFORMES JURÍDICOS, MEDIOAMBIENTALES, ARQUITECTÓNICOS, HASTA LA CREACIÓN DE UN BOSQUE COMO ES “EL BOSQUE DE AMA”.
Nuestra primera víctima es Ángel Macias
¿Quién es nuestro Ángel?
Toda Asociación necesita tener un Ángel, aquella persona que siempre tiene una palabra amable cuando todos estamos preocupados, aquella persona pone la alegría en una situación tan complicada como la nuestra, y sobre todo que pone su trabajo y su talento a servicio de los demás.
El Ángel de AMA ha realizado numerosos trabajos destacando el video de la Asociación, las pancartas llevan su sello de calidad y junto a las de José Luís son nuestros artistas, cuantas banderas, y cuantos viajes con la “crisler” anunciando manifestaciones, apoyando las mismas, llevando material.
Nuestro Ángel tiene además unas colaboradoras de lujo como son Maribel y Usue,
Maribel que tiene que soportar sus ausencias por el trabajo en AMA y Usue que es nuestra joya, con sus escasos 5 años, ha grabado nuestros mensajes, se sabe nuestro lemas, y sobre todo nos llena de ternura y alegría a todos.
Pero nuestro Ángel ha grabado numerosos Cds, con los que anima al personal en las manifas, pero con todo lo que más se valora es la de ser un amigo, un amigo de todos y que pone el interés de nuestro grupo por delante de su propias prioridades.
A veces pensamos que sólo le falta ser negro, tiene un sentido del ritmo increíble, puede montar una coreografía con un club de jubilados en 5 minutos, canta, baila, y encima tiene una izquierda como la de Ronaldiño.
Gracias a personas como Ángel la Asociación de Maltratados por la Administración
AMA puede seguir ayudando a los amigos que las actuaciones de las administraciones van destrozando, con su indiferencia, con su injusticia y sobre todo con su falta de soluciones para este colectivo de buena gente.
Angel ha metido muchas, muchas horas en su hogar preparando las actividades de AMA, esas cosas que luego parecen que son improvisadas y que detrás está nuestro Ángel.
Gracias amigo,
29.03.07
CONTRA LA CORRUPCION, VICTIMAS SOLUCION
EL TIEMPO SIGUE PASANDO, LOS PROBLEMAS CADA VEZ MÁS VIEJOS, LA SITUACION DE CORRUPCION URBANISTICA ES DENUNCIADA POR LAS MÁS IMPORTANTES INSTITUCIONES INTERNACIONALES, UNIÓN EUROPEA
LA ONU.
PERO NADIE SE ACUERDA DE LAS VICTIMAS DE LA CORRUPCION:
- NI EL PODER EJECUTIVO QUE HABLA, DICE, COMENTA, PERO NO HACE NADA Y ENCIMA RECURRE LOS DAÑOS MORALES CONCEDIDOS A LAS VICTIMAS.
- NI EL PODER LEGISLATIVO, QUE BUSCA SOLUCIONES PARA EL FUTURO Y NO SE ACUERDA QUE ACTUALMENTE HAY MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS PERJUDICADAS GRAVEMENTE POR LAS ACTUACIONES DE DIFERENTES ADMINISTRACIONES
NI EL PODER JUDICIAL, QUE PARECE QUE SÓLO EL DERRIBO DE VIVIENDAS DE
- INOCENTES HACE JUSTICIA, QUE NO BUSCA , NI ADMITE SOLUCIONES QUE NO DAÑEN IRREPARABLEMENTE LA SITUACIÓN DE LAS VICTIMAS, ALGUNAS TAN IRREPARABLEMENTE QUE HOY YA NO ESTAN ENTRE NOSOTROS.
- QUE DECIR, DE ESOS PARTIDOS QUE EN LA OPOSICIÓN HACIAN CAMPAÑA CONTRA LA CORRUPCION URBANISTICA Y CUANDO HAN LLEGADO AL PODER NI RECIBEN A LAS VICTIMAS.
COMO NOS HAN TRATADO PERSONAS COMO DOLORES GOROSTIAGA O MARTIN BERRIOLOPE
QUE COSAS A DICHO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO (PONGO EL GOBIERNO A TRABAJAR PARA RESOLVER ESTE GRAVE PROBLEMA) Y LUEGO CUAL HA SIDO LA ACTUACIÓN DE SU GOBIERNO (RECURRIR HASTA LOS DAÑOS MORALES).
POR TODO ELLO Y POR MUCHO MÁS COMO LA INJUSTICIA QUE LLEVAMOS SOPORTANDO MÁS DE 12 AÑOS TODOS A
LA MOVILIZACIÓN DEL 9 DE ABRIL EN SANTANDER
CON EL LEMA
NO CORRUPCION, VICTIMAS SOLUCION
12 HORAS CONCENTRACION ANTE EL GOBIERNO DE CANTABRIA
PRESENTACION DE UN ESCRITO EN EL REGISTRO.
DIRIGIDO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, VICEPRESIDENTA Y CONSEJERO DE PRESIDENCIA.
SI PIDE QUE CADA UNO LLEVE UN LADRILLO CON SU NOMBRE PUESTO EN EL MISMO COMO SIMBOLO DE SU VIVIENDA.
CON LOS MISMOS SE REALIZARA UNA COMPOSICION QUE MANIFIESTE
NO CORRUPCION - NO DERRIBOS ( DE VIVIENDAS DE LAS VICTIMAS).
12:30 MANIFESTACION HASTA LA SEDE DEL PSC- PSOE
DONDE SE ENTREGARÁ UN ESCRITO DE QUEJA POR EL TRATO RECIBIDO POR LA VICTIMAS DE LA CORRUPCION URBANISTICA.
13 HORAS SE DA POR FINALIZADO EL ACTO.
NECESITAMOS TU COLABORACION
PARA INFORMAR DE ESTE ACTO A TUS FAMILIARES,
AMIGOS, VECINOS CONOCIDOS, QUE TODO EL MUNDO TENGA CONOCIMIENTO DEL MISMO.
DAR PUBLICIDAD EN LAS URBANIZACIONES, PONER CARTELES POR LOS PUEBLOS.
QUE NO FALTE NADIE
EL DIA 9 DE ABRIL
A LAS 12 HORAS TE ESPERAMOS
VEN A SANTANDER
03.04.07
ALTO DEL CUCO 400 FAMILIAS COMIENZAN UNA PESADILLA
alto del cuco
400 viviendas
con sentencia de derribo
Fuente: Diario Montañés 03-04-2007
El TSJC anula el plan parcial de construcción en el Alto del Cuco
Afecta a unas 400 viviendas
E. P. Piélagos
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anuló el plan parcial por el que el Ayuntamiento de Piélagos autorizó construir 400 viviendas en el Alto del Cuco, una urbanización aún en obras que ha transformado su ladera sur a base de grandes desmontes y taludes.
El TSJC, que estima un recurso de la asociación ecologista ARCA, considera que esa urbanización infringe la Ley del Suelo por el “importante e in controvertido impacto paisajístico” que produce en “un entorno natural y rural precisado de protección”.
Los propios magistrados describen gráficamente ese impacto como “una dentellada al monte, que ha sido completamente horadado”.
El Ayuntamiento de Piélagos es uno de los municipios de Cantabria a los que, por su población, la Ley autonómica del Suelo de 2001 autoriza a aprobar planes parciales sin necesidad de obtener antes el visto bueno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que, de hecho, en este caso informó en contra.
El plan del Alto del Cuco autorizó a levantar 395 viviendas en el sector 2 de su plan de urbanismo de 1993: 21,6 hectáreas de terreno situadas en la ladera sur del Monte de la Picota, la cumbre que domina la desembocadura del Pas (sita en su falda oeste) y el Parque Natural de Liencres (en la norte).
El proyecto superó el control de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria con un informe favorable, aunque sometido a condiciones, pero fue recurrido por Arca y por la CROTU.
La sentencia achaca varias infracciones a ese plan parcial: no reserva la cantidad de suelo mínima exigida para equipamientos públicos, ubica los parques y espacios infantiles en zonas con pendientes de entre 24 y el 33 por ciento, de modo que su utilidad es “nula o muy reducida”, y construye calles con pendientes medias del 8 por ciento, que en algunos casos llegan al 25 por ciento (la ley autonómica sobre barreras arquitectónicas prohíbe en Cantabria que las rampas de peatones superen el 6% de inclinación).
Pero, sobre todo, se detiene a examinar el impacto paisajístico de unas obras que han aterrazado la ladera del monte con taludes de hasta 17 metros de altura, para poder ubicar las viviendas.
La propia empresa reconocía en su declaración de impacto que para poder llevar a cabo su proyecto tenía que retirar del monte 617.000 metros cúbicos de tierra y roca, cifra que la propia Sala resalta porque da “una visión cabal de la magnitud de la actuación”.
“La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (el Alto del Cuco está en su falda sur), que forma parte del entorno paisajístico de los montes de Liencres, y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquel 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural existente antes de la aprobación del plan parcial”, razona la Sala.
El TSJC reconoce que se trata de un suelo clasificado como urbanizable desde hace 14 años, pero también subraya que se está realizando “una actuación traumática para implantar forzadamente dichas viviendas a través de soluciones drásticas en materia de taludes, desmontes, desniveles, geomallas y revegetación”.
La sentencia reprocha además a la empresa que haya “invadido” el corredor que la Consejería de Medio Ambiente le había mandado respetar.
La Sala cree que ese corredor ambiental habría atenuado sólo de forma parcial el impacto, “pero su loable propósito ha resultado frustrado con la ubicación en el mismo de elementos urbanos, como viviendas, aparcamientos, depósito de aguas o viales”.
Tanto el Ayuntamiento de Piélagos como la empresa pueden recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
En este pleito, ambas partes alegaban, entre otras cosas, que el impacto del plan parcial del Alto del Cuco no es mayor que el de otras urbanizaciones existentes en las cercanías, tanto en Piélagos como en Bezana, y que ya han degrado el carácter rural de la zona.
El TSJC les contesta que “no es una razón de peso para santificar” el plan parcial del Alto del Cuco.
Porque admitir ese argumento, añade, “sería tanto como afirmar y consentir que producidas una o varias actuaciones urbanísticas con repercusiones medioambientales que degraden progresivamente el paisaje en los terrenos colindantes, sumándose uno a uno todos los impactos negativos, las restantes se verían justificadas”.
El Ayuntamiento de Piélagos pedía que el recurso de ARCA ni siquiera fuera admitido a trámite, entre otros motivos, porque no había impugnado antes el plan parcial del sector 3, situado al lado.
La Sala le responde que “resulta cuando menos sorprendente que el propio Ayuntamiento de Piélagos pueda plantearse la ilegalidad del plan parcial del sector y la falta de impugnación del mismo, cuando es dicha Corporación la que ha procedido a su aprobación”.
Por su parte, Arca señaló que “era un hecho indiscutible que se iba a ganar este juicio, porque todos los argumentos técnicos estaban a nuestro favor”.
El vicepresidente José Angel Herrera, confió en que el fallo del TSJC “entre al fondo” de todos y cada uno de los argumentos expuestos por la asociación ecologista en su recurso contra el Plan Parcial del Alto del Cuco.
fuente: Diario Montañés
El TSJC anula el plan parcial del Alto del Cuco
Estima así el recurso interpuesto por la asociación ecologista ARCA
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado el recurso planteado por la asociación ecologista Arca y ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco, aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos, por estimar que vulnera la Ley del Suelo. La empresa Fadesa está construyendo 400 viviendas en el lugar, perteneciente al pueblo de Boo. Decenas de vecinos han protestado esta tarde ante la oficina de la constructora, en la obra, protegida por la Guardia Civil.
EP/SANTANDER
Así lo recoge una sentencia hecha pública hoy por el TSJC, que estima el recurso de Arca contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Piélagos de fecha 23 de marzo de 2004, por el que se aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector 2, Alto del Cuco, el cual anula el Tribunal.
En la sentencia, el TSJC señala que dicho Plan "vulnera" la Ley de Suelo de Cantabria de 2001, conclusión a la que el Tribunal llega partiendo de "pruebas objetivas, periciales y documentales", y "huyendo de peligrosos subjetivismos y consideraciones estéticas opinables".
Destaca al respecto que la "agresiva" modificación de la topografía del Monte Picota, que forma parte del entorno paisajístico de los Montes de Liencres, y las "exageradas y forzadas" soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en áquel trescientas noventa y cinco viviendas, "no hacen sino quebrar una vez más" el paisaje rural existente antes de la aprobación del Plan Parcial, convirtiendo el Sector 2 en un suelo "netamente urbano", al que se llega tras una actuación "traumática" sobre la parcela donde aquél se ubica, lo que, a juicio del TSJC, "produce un importante e incontrovertido impacto paisajístico" que obliga al Tribunal a rechazar la actuación urbanística en las condiciones y con las características previstas por el Plan Parcial.
Entre las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento al recurso de Arca, la referida a su falta de legitimación activa, y a que su acción se haya acotado al sector dos, mientras la actividad urbanística desarrollada en la linde Sur del mismo, afectada por el Plan Parcial del sector Tres no haya merecido el reproche de la recurrente, el TSJC destaca que resulta "cuando menos sorprendente" que el propio Ayuntamiento de Piélagos "pueda plantearse la ilegalidad del Plan Parcial del sector tres, y la falta de impugnación del mismo, cuando es dicha Corporación municipal la que ha procedido a su aprobación".
Ello --agrega-- supondría "cuestionar la legalidad de sus propios instrumentos de planeamiento urbanístico, y que aquéllos no hayan sido impugnados" y destaca que "nada obliga a la recurrente a interponer recursos contenciosos-administrativos contra la totalidad de las normas de planeamiento urbanístico sobre las que pudieran recaer sospechas de ilegalidad".
IRREVERSIBLE
Abundando en esta cuestión, y en la negativa del Ayuntamiento y de la empresa Fadesa a considerar la zona en litigio como un lugar de "paisaje abierto y natural", ante la consolidada urbanización del entorno, especialmente en lo que al vecino municipio de Bezana se refiere, el TSJC indica que aunque las precedentes actuaciones urbanísticas hayan generado un impacto paisajístico "ya irreversible", no es razón "de peso" para "santificar" el Plan impugnado, porque ello supondría "consentir" que, producidas una o varias actuaciones urbanísticas que degraden progresivamente el paisaje en los terrenos colindantes, las restantes "se verían justificadas, pues ello supondría una imparable degradación medioambiental".
Así, la Sala concluye que la existencia de paisaje abierto deviene de la contemplación del macizo de La Picota "en su totalidad", con anterioridad a las actuaciones urbanísticas en su ladera Sur, e indica que, partiendo de la consideración de la zona como un "paisaje rural y abierto", se debe plantear si dicho entorno posee valores ambientales y paisajísticos "dignos de protección", a lo que también da una respuesta positiva, no solo por el informe de la CROTU, sino por la propia promotora que hace una cumplida referencia a dichos valores en su informe de impacto, así como a las medidas correctoras para amortiguar los mismos.
IMPORTANTE IMPACTO VISUAL
La sentencia, que también analiza cuáles son los impactos paisajísticos que la actuación urbanística proyectada puede producir, destaca que la misma es perceptible visualmente hasta desde cinco kilómetros de distancia, "por lo que en ningún momento puede afirmarse que pasará desapercibida" sino que produce un impacto visual "importante desde relevantes zonas de observación".
Igualmente, subraya que produciría una alteración topográfica de la ladera que "en ningún caso puede ser calificada de moderada", y añade que las soluciones arquitectónicas diseñadas "resultan ser más graves al no ubicarse exclusivamente sobre la falda de la ladera, sino que ascienden a cotas bastante altas del monte", dando como resultado "una alteración del relieve natural importante y un impacto notable sobre la percepción del paisaje, que perderá toda armonía con las demás parcelas de la ladera sur, ajando la composición y el orden de la misma y por ende, la armonía del conjunto montañoso".
En conclusión, el TSJC explica que es "la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno natural rural precisado de protección sobre el que las actuaciones urbanísticas precedentes no han hecho sino contribuir a su progresiva degradación", la que en definitiva sustenta la anulación del Plan Parcial del Sector 2 de Piélagos, por su "clara vulneración" del artículo 34 de la Ley del Suelo de Cantabria . Contra la sentencia, las partes podrán plantear recurso.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado el recurso planteado por la asociación ecologista Arca y ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco, aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos. Dicho recurso se dirigió además de contra el Consistorio, contra Fadesa Inmobiliaria y contra el Gobierno de Cantabria, como partes codemandadas.
Arca: "Era un hecho indiscutible
EP / SANTANDER
"Era un hecho indiscutible que se iba a ganar este juicio, porque todos los argumentos técnicos estaban a nuestro favor". Esta es la primera valoración de la asociación ecologista ARCA sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anula el Plan Parcial del Alto del Cuco, en Piélagos
El vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera, que aún no ha tenido acceso a la sentencia, confió en el que el fallo del TSJC "entre al fondo" de todos y cada uno de los argumentos expuestos por la asociación ecologista en su recurso contra el Plan Parcial del Alto del Cuco
En declaraciones a Europa Press, Herrera recordó que ARCA está recurriendo todas las licencias que se han concedido para construir en el ámbito del plan parcial, que según dijo, "van ya por el orden de 15".
"Todas las licencias que se den en base a ese plan parcial son ilegales, y van a caer una tras otra. Todos esos juicios, una vez anulado el plan parcial, los vamos a ganar y se va ordenar la demolición de lo construido", alrededor de 450 viviendas, sentenció el vicepresidente de ARCA.
EL ANFITEATRO
Alarmante sentencia del TSJC sobre 'El Cuco'
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, conocida ayer, que declara ilegal el plan parcial de urbanismo de Piélagos de la zona de 'El Cuco' coloca en situación ilegal 400 viviendas, algunas ya construidas y otras en fase avanzada de edificación.
Aunque esta sentencia no es firme y será, sin duda, recurrida ante el Tribunal Supremo, es más que probable que el alto tribunal no modifique en esencia lo dictado por el TSJC.
De momento cuatrocientas familias viven en la incertidumbre y una empresa constructora, con solvencia y prestigio, se afectada por una decisión judicial que puede conllevar serias pérdidas económicas.
Por desgracia esta sentencia viene a unirse a tantas otras que por causas similares han ido declarando ilegales viviendas en Argoños, Piélagos, Santander, Arnuero, Santillana del Mar y un largo etcétera.
Por el momento ni el Gobierno de Cantabria ni el de España han encontrado una solución que impida construir cuando existan dudas razonables. Tampoco parece existir un mecanismo ágil y seguro para resarcir a los afectados.
En el caso de 'El Cuco' fue la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), presidida por Vicente Mediavilla, la que emitió un informe negativo destacando el impacto de los taludes construidos.
Curiosamente los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente dijeron que el proyecto se ajustaba a la normativa.
Una contradicción que indica la maraña en la que se mueve el urbanismo y la precariedad jurídica que afecta a compradores y promotores.
La sentencia del TSJC, tribunal que cumple con su obligación de hacer cumplir las leyes, eleva la alarma sobre la situación del urbanismo en nuestra comunidad.
DESDE AMA:
EXPRESAR LA PENA PROFUNDA QUE PRODUCE VER COMO LAS INSTITUCIONES DE NUESTRA TIERRA SE CEBAN CON LOS CIUDADANOS
- LOS AYUNTAMIENTO CON PLANES ILEGALES
- EL GOBIERNO DE CANTABRIA HACIENDO LA VISTA GORDA
- LA JUSTICIA POR NO TOMAR LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA NO PRODUCIR MAS VICTIMAS DE LA CORRUPCION URBANISTICA
- FADESA POR SU FALTA DE PREVISIÓN Y EL ENGAÑO A LOS COMPRADORES
- ARCA POR NO TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS QUE NO PRODUZCAN DAÑOS A LA GENTE QUE COMPRA SU VIVIENDA DE BUENA FE
- LA FISCALIA POR SU FALTA DE ACTUACIÓN
- ¿QUIEN RESPONDERÁ POR LOS DAÑOS CAUSADOS?
PEDIR RESPONSABILIDAD A LOS CULPABLES DE ESTA SITUACION
MANDAR NUESTRO AFECTO A TODOS LOS QUE LO ESTAN PASANDO MAL INJUSTAMENTE.
FUENTE: EL CORREO 03-04-2007.
VIZCAYA
El Tribunal Superior declara ilegales 400 chalés construidos en un monte de Cantabria
La urbanización, ubicada en Boo de Piélagos, supone «una dentellada en la montaña»
HELENA RODRÍGUEZ/BILBAO
Los propietarios de viviendas en Cantabria no paran de llevarse sustos. Esta vez la mala noticia para 395 familias, decenas de ellas vizcaínas, ha llegado de la mano de otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad vecina que ha declarado ilegales otros tantos chalés construidos en la urbanización Costa Verde, en Boo de Piélagos, a sólo ocho kilómetros de Santander. La promoción, la mayor declarada fuera de ordenación desde que en 2000 empezara el rosario de decisiones judiciales contra otras promociones de la costa, se está edificando en la ladera del monte de La Picota.
La sala ha anulado el plan parcial aprobado por el Ayuntamiento que posibilitó las construcciones, cuyo desarrollo, según la sentencia, «quiebra una vez más el paisaje rural». Y es que las obras han requerido el movimiento de 617.000 metros cúbicos de tierra y roca, lo que según el tribunal, «da una visión cabal y precisa de la magnitud de la actuación». Incluso va más allá y define el planeamiento como «una dentellada al monte, que ha sido completamente horadado». Paradójicamente, el proyecto, desarrollado por la empresa Fadesa, superó el control de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
El que sí fue contrario a la actuación fue el informe de la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU), desoído por el Consistorio. No se trata de un caso insólito, ya que desde 2001, con la aprobación de la Ley del Suelo, los informes del Ejecutivo en cuanto a planes parciales no son vinculantes y los ayuntamientos prácticamente tienen potestad absoluta para aprobarlos.
Pendientes pronunciadas.
El aspecto paisajístico no es el único que ha motivado la decisión. El tribunal advierte de que el instrumento urbanístico no reserva la cantidad de suelo mínima exigida para equipamientos públicos y ubica los parques y espacios infantiles en zonas con pendientes de entre un 24 y un 33%. Pero es que, además, muchas de las calles de la promoción alcanzan una inclinación del 25%. La ley de barreras arquitectónicas cántabra prohíbe que se supere el 6%.
Mientras los afectados se reunían ayer ante la oficina que Fadesa tiene instalada junto a
la urbanización, la empresa anunciaba que «devolverá íntegramente el dinero abonado a cuenta a todos aquellos que lo pidan» y que recurrirá la sentencia. En el Ayuntamiento, con el alcalde Jesús Ángel Pacheco de vacaciones, no hubo reacción alguna.
Arca, promotora de la denuncia, manifestó que la decisión era «previsible». «No dudábamos de que era ilegal». Por su parte, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por sentencias de derribo en otras zonas de Cantabria, recomendó a los afectados que busquen asesoramiento. Precisamente hoy, los compradores, que han pagado entre 282.000 y 339.000 euros, se reunirán a 19.30 horas con un abogado en el teatro Vioño.
El País 03-04-2007.
La justicia 'tumba' 400 casas en el Alto del Cuco de Cantabria.
Una sentencia anula el plan parcial para urbanizar el entorno de un parque natural
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 03/04/2007.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anuló ayer el Plan parcial por el que el Ayuntamiento de Piélagos (Santander) autorizó a la promotora Fadesa a construir una urbanización en la ladera sur del Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y frente al Parque Natural de Liencres. Los magistrados concluyen que "incrustar" allí 395 viviendas supone "una dentellada al monte".
Ahora se ven 400 casas donde antes sólo se veía una montaña. Los magistrados llaman "actuación traumática" a lo que ha pasado entre ambas fotografías: "taludes, desmontes, desniveles, geomallas y revegetación", especifican. Porque para erigir la urbanización Costa Verde, ubicada "en plena naturaleza" como bien anuncia su promotora, Fadesa ha tenido que retirar del monte 617.000 metros cúbicos de tierra y roca, lo que naturalmente lo "ha desfigurado totalmente" añade la sentencia.
Para "encajar" esas 400 viviendas en la ladera del monte, Fadesa ha tenido que realizar desmontes y taludes para lograr superficies allanadas donde construir las hileras de viviendas, lo que ha provocado desniveles de hasta 17 metros, algo "inusual en urbanizaciones, aunque no en la realización de infraestructuras como carreteras y similares", según uno de los peritos consultados por los magistrados.
Los jueces explican que las pruebas periciales proporcionan "casi a primera vista" una visión "clara y formal" del efecto paisajístico de aquellas 400 viviendas "una vez incrustadas" en la ladera del Monte Picota y su entorno, y concluye en anular su Plan parcial para evitar "la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno natural rural precisado de protección".
El Ayuntamiento de Piélagos puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. La asociación ecologista Arca ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas -todas vendidas- sean derribadas. De momento, va a pedir la paralización inmediata de las obras.
04.04.07
TODOS CONTRA LA CORRUPCION URBANISTICA
400 FAMILIAS COMIENZAN UNA PESADILLA
PIÉLAGOS-setencia de derribo
Gorostiaga acusa al PP de "mentir y echar balones fuera" en plan del Alto del Cuco
Destaca que todas las demandas urbanísticas que se han producido en el municipio han sido bajo el mandato del actual alcalde
EFE / SANTANDER
La vicepresidenta regional, Lola Gorostiaga, acusó hoy al PP de "contar mentiras, manipular y echar balones fuera" en relación al plan parcial del Alto del Cuco y destacó que todas las demandas urbanísticas que se han producido en Piélagos han sido bajo el mandato del actual alcalde, Jesús Ángel Pacheco.
A preguntas de los periodistas, Gorostiaga respondió a las declaraciones del presidente regional del PP, Ignacio Diego, quien ayer defendió la tramitación realizada por el Ayuntamiento de Piélagos en ese plan parcial.
Diego subrayó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos se redactó en 1993 por encargo de la entonces teniente de alcalde, la actual vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga, quien lo aprobó, mientras que uno de sus redactores fue el actual consejero de Industria, Miguel Ángel Pesquera.
"Que una persona que se presenta a las elecciones con la pretensión de ser presidente de Cantabria y mienta como miente Diego es bastante grave", declaró Gorostiaga, quien apuntó que desde febrero de 1989, que se sustentó una moción de censura contra el PSOE, el alcalde de Piélagos es Pacheco, del PP.
La vicepresidenta explicó que el PGOU de ese municipio se aprobó en el año 1986 y lo contrató la entonces Diputación Regional de Cantabria, mientras que en 1993 se aprobó una modificación del plan, también por unanimidad.
Señaló que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha anulado el plan parcial del Alto del Cuco, donde se construye una urbanización de 400 viviendas, por su impacto paisajístico y por infringir la normativa urbanística, no entra a valorar si está bien calificado o no el suelo, sino un plan parcial "que es únicamente de responsabilidad del Ayuntamiento de Piélagos".
Gorostiaga destacó que el estudio de impacto ambiental se aprobó "con una serie de condicionantes", de los que el Ayuntamiento de Piélagos no tuvo en cuenta ninguno de ellos, como tampoco "hizo caso", añadió, al requerimiento del Gobierno regional para que anulara el plan parcial del Alto del Cuco.
Añadió que ese plan parcial es nulo no sólo por el impacto paisajístico, sino porque incumple leyes urbanísticas de obligado cumplimiento.
"Quien ha aprobado el plan parcial del Alto del Cuco ha sido el Ayuntamiento, haciendo oídos sordos a todos los requerimientos", concluyó.
ALTO DEL CUCO
El Gobierno regional pide al TSJC la suspensión cautelar del plan parcial
El Ejecutivo presentó hoy la petición "para impedir que el Ayuntamiento pueda conceder nuevas licencias" de construcción
El Gobierno regional solicitado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la suspensión del Plan Parcial del Alto del Cuco, dentro del contencioso que el Ejecutivo mantiene contra el Ayuntamiento de Piélagos y que todavía está pendiente de resolución.
EUROPA PRESS/SANTANDER
El Gobierno señala que de esta manera, se consigue por una vía más rápida los mismos efectos que con la ejecución provisional de la reciente sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC que lo declara ilegal.
La Consejería de Presidencia pretende con ello paralizar las obras e "impedir que el Ayuntamiento de Piélagos pueda conceder más licencias" de construcción, con el fin de "evitar nuevas sentencias de derribo y perjuicios a los vecinos, además de la propia degradación de este sistema natural". Con este mismo objetivo, solicitará también ante los juzgados la suspensión cautelar de las licencias otorgadas hasta el momento en este ámbito y que se encuentran recurridas.
Los argumentos que esgrime el Ejecutivo en su petición son los mismos que sustentan el informe emitido en febrero de 2004 por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) contra el Plan Parcial, "respaldados uno a uno" por la reciente sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC, y que "fueron obviados en su momento" por el Ayuntamiento, reitera el Gobierno.
Entre ellos, resalta el "brutal" impacto paisajístico, la vulneración de la Ley del Suelo de Cantabria (áreas de recreo con pendientes del 33%, la falta de equipamientos y aparcamientos, exceso de edificabilidad, etc.) y el incumplimiento de la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas, entre otras cuestiones.
PERJUICIOS
El consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, ha defendido la necesidad de medidas cautelares "para evitar más perjuicios a los vecinos".
Señala además que los compradores de las viviendas afectadas por la sentencia "deben de tener muy claro que el Gobierno de Cantabria ha estado siempre de su lado", intentando "desde el primer momento impedir los perjuicios que pueden llegar a sufrir como consecuencia de la actuación del alcalde y el equipo de Gobierno del PP en Piélagos, que tienen ya otras sentencias de derribo a sus espaldas", añade Mediavilla en un comunicado.
Para el consejero, el Plan Parcial del Alto del Cuco "es una muestra más del modelo urbanístico sin sentido, desarrollista y sin tener en cuenta los recursos naturales que ejerce el PP en Cantabria , de igual modo que lo hace -agrega- en el Levante español".
"Ejemplos en la región hay muchos, como el Plan General de Ordenación Urbana de Udías u otro Plan Parcial en Bareyo, ambos paralizados por CROTU con decisiones respaldadas posteriormente por sentencias del TSJC", señala el consejero.
Finalmente, Mediavilla concluye que el PP se ha opuesto al Plan de Ordenación del Litoral (POL) porque este instrumento "está siendo capaz de preservar los valores de la costa cántabra y evitar los desmanes urbanísticos de ese partido".
PIÉLAGOS
Diego, perplejo ante las declaraciones de Revilla sobre la sentencia del Alto del Cuco
"El ha sido el rey del caos urbanístico en los últimos doce años", dice el líder del PP
EP / SANTANDER
El presidente del Partido Popular cántabro y candidato a la Presidencia regional, Ignacio Diego, se mostró hoy "perplejo" por las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, sobre la sentencia que anula el Plan Parcial del sector 2 del Alto del Cuco, en Piélagos, máxime porque, según dijo, quien apela ahora para terminar con el "caos urbanístico" es el que ha sido el "rey del caos" los últimos "doce años".
En este sentido, Diego se preguntó si acaso Revilla "ha olvidado que durante los ocho años que gobernó con el Partido Popular él fue el consejero de Obras Públicas y Urbanismo y presidente de la Comisión Regional de Urbanismo y que en los últimos cuatro años ha sido el presidente de Cantabria, y su íntimo y estrecho colaborador Vicente Mediavilla, consejero de Urbanismo y presidente de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo".
REY DEL CAOS
"Cómo puede decir después de doce años de ser el directo responsable del urbanismo en Cantabria y de ser el rey del caos que quiere acabar con el caos", exclamó el líder 'popular', quien cuestionó además "cuánto" tiempo necesita Revilla para conseguir ese objetivo.
Ignacio Diego realizó estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que hizo balance de la actividad parlamentaria desarrollada por el Grupo Popular durante esta legislatura y denunció las "trabas" encontradas para ejercer dicha labor.
400 VIVIENDAS
Los afectados de El Cuco dan dos semanas a Fadesa antes de movilizarse
Exigen una solución a la empresa antes de proponer que se ejecuten los avales. El Ayuntamiento culpa a la Consejería de Medio Ambiente y a Revilla
GONZALO SELLERS/RENEDO
La resaca de la sentencia contra el Plan Parcial del Alto del Cuco (Piélagos), que afecta a 398 viviendas, dejó ayer más preguntas que respuestas entre los afectados. En una reunión mantenida en el cine de Vioño, cerca de 150 de estos propietarios compartieron sus dudas sobre los pasos a seguir y, en algún caso, se plantearon diversas soluciones, como la de apoyar la creación de una asociación que les permita reclamar sus derechos con una única voz.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, «es contundente y no deja muchas puertas abiertas», tal y como recordó el portavoz de la agrupación, Bernardo González.
Por esta razón, y tras una hora de deliberaciones marcadas por una lógica incertidumbre, los afectados decidieron darle un margen de tiempo a Fadesa, promotora de las viviendas, para que se reúna con ellos y haga pública su postura. El límite marcado por los propietarios será el próximo día 16, lunes, momento en el que volverán a reunirse (a las 20 horas en el mismo lugar) para decidir qué pasos seguirán.
Según explicó González, ya se ha mantenido un primer contacto con la empresa, que emplazó su decisión a la reunión que la Junta Directiva tiene previsto realizar en breve. Sin embargo, este argumento no convenció a muchos de los presentes: «Los directivos se reúnen una o dos veces al año y no tienen previsto hablar de esto. Lo que Fadesa va a intentar es alargar esto hasta que llegue el momento de firmar las escrituras», apuntó uno de ellos.
Plazos
Y es que el tiempo corre en contra de los afectados. Los plazos para solicitar la ejecución de los avales están cerca de concluir, y a muchos de los propietarios les llegará el momento de firmar esas escrituras y recibir la cédula de habitabilidad de una vivienda sobre la que pesa una sentencia de derribo.
Por eso, la opinión mayoritaria ayer, fundada en el temor a lo anterior y a un dilatado proceso judicial, fue la de solicitar rápidamente la ejecución de los avales y que Fadesa devuelva el dinero invertido. Sin embargo, esta medida, como explicaron algunos de los presentes, no es tan sencilla, ya que los bancos no pueden dar ese paso sin el consentimiento de la promotora.
Otra de las encrucijadas en la que se encuentran estas personas es el pago de las 'letras' mensuales. «¿Tenemos que seguir pagando las cuotas a primeros de mes?», preguntó una de ellas. Según la opinión de un abogado consultado por el portavoz de la asociación, la mejor salida es seguir desembolsando el dinero, aunque «una opción es hacerlo en un juzgado para que quede constancia de ello y la empresa no siga recibiendo nuestro dinero», comentó uno de los vecinos.
Los afectados, además de mostrar su disconformidad con una sentencia que no los nombra en ninguno de los 94 folios de los que consta, emplazarán al consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, a mantener una reunión con ellos y les ayude a solucionar su problema.
Por su lado, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Piélagos (PP), ante la ausencia del alcalde por motivos familiares, explicó ayer en un comunicado que el «fuerte impacto paisajístico», al que hace referencia la sentencia, «no fue correctamente analizado y evaluado por Medio Ambiente, que es la autoridad realmente legitimada para ello y que emitió el informe favorable».
«La situación que ha quedado patente es que la región no tiene un Gobierno, sino diez distintos, uno por cada Consejería, y ello es debido a que Cantabria carece de un presidente que ejerza como tal. Miguel Ángel Revilla ha demostrado que es incapaz de cumplir las funciones que legalmente tiene atribuidas para coordinar los diez departamentos que dependen de él», añadió.
Cantabria
Revilla considera "acertada" la sentencia sobre el Alto del Cuco y aboga por "poner freno" a estas actuaciones
Diego dice que el Ejecutivo aparece "a la vez como demandante y como demandado" y defiende la actuación del equipo de Gobierno de Piélagos
E. PRESS. Santander.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, consideró ayer "absolutamente acertada" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anula el Plan Parcial del sector 2 del Alto de Cuco y abogó por "poner freno" a actuaciones de este tipo "absolutamente caóticas".
En respuesta a preguntas de los periodistas, momentos después de reunirse con una delegación de empresarios de la región china de Fujián, Revilla defendió un "desarrollo compatible con el entorno" y recalcó que no se puede "destrozar impunemente unos paisajes que tenemos la obligación de ceder a nuestros hijos y a nuestros nietos".
"Yo como ciudadano, ya no como presidente, cada vez que transitaba en coche por ese lugar me horrorizaba ante semejante barbaridad", indicó el presidente, quien recordó además que la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) "había advertido de la ilegalidad de esa construcción" y es el Ayuntamiento el que "ha tirado para adelante en contra" de dicha resolución.
"Estamos ante un problema gravísimo. Yo no sé qué solución tiene, pero hay una responsabilidad clara y evidente", la del Ayuntamiento, por seguir con el proyecto, apostilló Revilla, quien resaltó su "respeto" a las decisiones judiciales y el "acierto" de ésta sentencia.
Pos us parte, el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, aseguró que el "único culpable" de la situación creada por la anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco es el equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Piélagos, en especial el alcalde, que aprobó el Plan "pese a las advertencias clarísimas de ilegalidad" de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).
Mediavilla señaló que desde los órganos competentes de la Comunidad Autónoma se ha "actuado correctamente" y se "hecho todo lo humana y jurídicamente" posible para que esa actuación urbanística no se produjese, pero el Ayuntamiento "no hizo caso", por lo que serán sus responsables quienes "tendrán que responder" sobre lo ocurrido y las consecuencias de esta anulación para los afectados.
Asimismo, el presidente del PP, Ignacio Diego, defendió la actuación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Piélagos en la tramitación del Plan Parcial del Alto del Cuco, y afirmó que su anulación -a instancias de la Asociación Ecologista ARCA- es "una consecuencia más de la total descoordinación" del Gobierno regional, donde "un departamento dice sí y otro no", dijo.
Aludió así a la Consejería de Medio Ambiente (PSOE), que aprobó el informe de impacto ambiental del plan parcial, y a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), órgano presidido por el PRC que emitió informe desfavorable y recurrió la aprobación del plan parcial.
Diego denunció que esa "falta de coordinación", que en su opinión "ha dado lugar a una grave inseguridad jurídica para todos los ayuntamientos en general", en el caso concreto del plan parcial del Alto del Cuco, hace que el Gobierno aparezca "a la vez como demandante y como demandado".
"El Gobierno recurre contra sí mismo", dijo.
Vecinos afectados ante la oficina de ventas de la constructora. / SANE
PIÉLAGOS
El Gobierno regional solicitará la paralización de la obra del Alto del Cuco.
"Para que la bola de sufrimiento no siga creciendo", dice Mediavilla.
El Gobierno de Cantabria solicitará al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que anticipe la ejecución de la sentencia contra el plan parcial del Alto del Cuco y paralice las obras, "para que la bola de sufrimiento no siga creciendo", aseguró hoy el consejero de Presidencia y Urbanismo, Vicente Mediavilla.
EFE / SANTANDER.
El Ayuntamiento cree que Medio Ambiente no evaluó correctamente el impacto del plan.
Revilla considera que el problema es "gravísimo" y culpa al Ayuntamiento.
El PP responsabiliza al Gobierno de la sentencia por su "falta de coordinación".
Polémica sentencia.
Ilusiones muertas en el Alto del Cuco Tu Noticia.
El TSJC anula el Plan Parcial del Alto del Cuco por su impacto en el paisaje.
El consejero subrayó que la sentencia que declara ilegal esa urbanización de 400 viviendas por su impacto paisajístico y por infringir varios aspectos de la Ley del Suelo reproduce los mismos argumentos que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) había empleado para oponerse a ese plan parcial, que fue aprobado en solitario por el Ayuntamiento de Piélagos.
Mediavilla recalcó que "los únicos culpables" de lo ocurrido son el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), y su equipo de gobierno por haber "perdido el culo" para autorizar esa "aberración" antes de que se aprobada el Plan de Ordenación del Litoral (POL), a pesar de los informes "contundentes" de la CROTU que les advertían de que ese desarrollo urbanístico era "manifiestamente ilegal".
"Hay que ser muy irresponsable políticamente para aprobar ese plan parcial cuando el máximo órgano urbanístico de una comunidad autónoma te está diciendo con tres informes que eso es ilegal", sentenció el consejero, quien sostiene que "no hace falta ser técnico" para apreciar el impacto que iba a generar una urbanización que "que da un tajo al monte" con taludes de hasta 17 metros.
En este caso, el Ayuntamiento de Piélagos hizo uso de las competencias que la Ley autonómica del Suelo de 2001 otorga a los ayuntamientos de más de 2.500 habitantes para aprobar en solitario planes parciales, sin obtener antes el visto bueno de la CROTU.
SUFRIMIENTO
Mediavilla aseguró que comprende "el sufrimiento" de las personas que han adquirido una casa en esa urbanización, pero también defendió que el Gobierno de Cantabria ha hecho "todo lo que estaba en su mano" para impedir que se construyera, porque consideraba que el asunto iba terminar con una sentencia de ilegalidad.
Primero informó en contra del plan parcial a través la CROTU, luego requirió formalmente al Ayuntamiento de Piélagos para que anulara su aprobación, más adelante inició los trámites para revisar de oficio el plan general de ordenación urbana del municipio, pero el Consejo de Estado no se lo autorizó, y finalmente pidió que se paralizaran cautelarmente las obras, pero el TSJC no se lo aceptó.
El Ayuntamiento y la promotora de la urbanización, Fadesa, contaban por su parte con un informe favorable del propio Gobierno de Cantabria, la estimación de impacto ambiental que había aprobado la Consejería de Medio Ambiente, cuyo titular es José Ortega.
Mediavilla contestó hoy que esa estimación de impacto sólo era "un informe sectorial", porque la competencia última en materia de urbanismo y de valoración del impacto paisajístico reside en la CROTU, cuya resolución al respecto fue "clara" y "taxativa".
La CROTU, explicó Vicente Mediavilla, no era la que aprobaba el plan parcial y, por lo tanto, formalmente no podía formular objeciones a la estimación de impacto ambiental.
PETICIÓN A MEDIO AMBIENTE.
Sin embargo, sí pidió a la Consejería de Medio Ambiente que se replanteara su decisión porque los servicios de urbanismo habían detectado que la estimación favorable se basa en los datos aportados por la propia empresa, que no se correspondían con la realidad.
Así, cuando el asunto llegó al pleno de la CROTU, el consejero de Medio Ambiente votó a favor del informe desfavorable. De hecho, votaron a favor de ese informe crítico con el plan del Alto del Cuco todos los miembros (Federación de Municipios, Universidad, colegios profesionales...), porque el acuerdo se adoptó por unanimidad.
Mediavilla recordó además que la versión inicial del Plan de Ordenación del Litoral incluía los terrenos del Alto del Cuco como zona protegida por su interés paisajístico. Sin embargo, el propio POL decía que no serían objeto de protección aquellos terrenos que tuvieran el plan parcial aprobado antes de su entrada en vigor.
Y, en palabras del consejero, lo que ocurrió entonces fue que "el alcalde de Piélagos perdió el culo para aprobar el plan parcial del Alto del Cuco en contra del informe de la CROTU para que el POL no pudiera impedir ese desarrollo tan agresivo".
MENSAJE A LOS AFECTADOS
El consejero se dirigió también a los afectados para decirles que las puertas de su despacho "están abiertas" y que él está dispuesto a "recibirlos, escucharlos y explicarles" todos los trámites que la CROTU ha hecho para que no se llegara a esta situación.
Mediavilla también lamentó que un propietario afectado le culpe hoy a él en la prensa de lo ocurrido y le acuse de haber "coaccionado" al tribunal.
El consejero dijo que comprende el malestar de ese ciudadano y la situación en que se encuentra, por lo que no tomará ninguna medida contra esas palabras, pero también anunció que se querellará contra el próximo que le impute ese tipo de responsabilidades.
ALTO DEL CUCO
El Ayuntamiento cree que Medio Ambiente no evaluó correctamente el impacto del plan
El equipo de gobierno municipal lamenta las "numerosas contradicciones" entre las consejerías del Ejecutivo cántabro
EFE/SANTANDER
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Piélagos considera que la sentencia que anula el Plan Parcial del Alto del Cuco demuestra que la Consejería de Medio Ambiente no lo evaluó correctamente en su informe de impacto favorable sobre el que se apoyó el Consistorio para desarrollar esta actuación.
En un comunicado, el Gobierno local de Piélagos (PP) expresó hoy su "total y absoluto respeto" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el Plan Parcial del Alto del Cuco y anunció que seguirá "apoyando en todo momento a los afectados y defendiendo sus intereses".
Según el Gobierno local, el "fuerte impacto paisajístico" por el que se anula el Plan Parcial "no fue correctamente analizado y evaluado por la Consejería de Medio Ambiente que es la autoridad realmente legitimada para ello y que emitió el informe favorable que vinculó al Ayuntamiento".
Por este motivo, el equipo de Gobierno municipal lamenta las "numerosas contradicciones" que existen en las decisiones del Ejecutivo cántabro y que evidencian que sus departamentos son "estancos" porque "no se entiende que no haya habido ningún tipo de diálogo entre las consejerías de Medio Ambiente y la de Urbanismo antes de adoptar resoluciones contradictorias".
Estas contradicciones, según el Ayuntamiento, "son consecuencia directa de la dejación del presidente de Cantabria de las funciones que le atribuye el Estatuto de Autonomía".
"La situación que ha quedado patente es que la región no tiene un Gobierno, sino diez distintos, uno por cada Consejería, porque Cantabria carece de un presidente que ejerza como tal, ya que Miguel Ángel Revilla ha demostrado que es incapaz de cumplir las funciones que legalmente tiene atribuidas para coordinar los 10 departamentos que dependen de él", añade el Gobierno municipal.
El Ayuntamiento sostiene además que la sentencia le da la razón sobre la "correcta tramitación" en el proceso de aprobación del Plan Parcial "incluida la corrección del trámite de información pública".
Por último, el Gobierno local recuerda que la denuncia de la asociación ecologista ARCA, cuyo recurso contra el Plan Parcial del Alto del Cuco ha dado lugar a la sentencia del TSJC, iba también contra el Gobierno de Cantabria.
SENTENCIA DEL ALTO DEL CUCO
Revilla considera que el problema es "gravísimo" y culpa al Ayuntamiento
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera "gravísimo" el problema generado con el Plan Parcial del Alto del Cuco, donde "hay una responsabilidad clara y evidente del Ayuntamiento" de Piélagos porque "tiró adelante en contra de una resolución" de la autoridad urbanística.
EFE / SANTANDER
En declaraciones a los periodistas, Revilla se pronunció hoy sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) conocida ayer que ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco, donde se construye una urbanización de 400 viviendas, por su impacto paisajístico y por infringir varios aspectos de la Ley del Suelo.
Se trata de una resolución judicial "absolutamente coherente" y "acertada" en opinión del jefe del Ejecutivo cántabro, quien recordó que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) había advertido ya de la "ilegalidad" de esta construcción.
FRENO
Revilla se mostró partidario de "poner freno a esas actuaciones absolutamente caóticas" porque Cantabria "tiene que tener un desarrollo compatible con el entorno" y porque "no podemos destrozar impunemente los paisajes que tenemos la obligación de ceder a nuestros hijos y nietos"
"Estamos ante un problema gravísimo y veremos a ver que solución tiene, pero hay una responsabilidad clara y evidente del Ayuntamiento (de Piélagos) que es el que ha tirado adelante en contra de una resolución" de la CROTU , concluyó el presidente regional.
ALTO DEL CUCO (pIÉLAGOS)
El PP responsabiliza al Gobierno de la sentencia por su "falta de coordinación"
El presidente del PP, Ignacio Diego, defendió hoy la actuación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Piélagos en la tramitación del Plan Parcial del Alto del Cuco, y afirmó que su anulación -a instancias de la Asociación Ecologista ARCA- es "una consecuencia más de la total descoordinación" del Gobierno regional, donde "un departamento dice sí y otro no", dijo.
EP / SANTANDER
Aludió así a la Consejería de Medio Ambiente (PSOE), que aprobó el informe de impacto ambiental del plan parcial, y a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), órgano presidido por el PRC que emitió informe desfavorable y recurrió la aprobación del plan parcial.
05.04.07
ALTO DEL CUCO " VENGUENZA INSTITUCIONAL"
LAS SENTENCIAS DE DERRIBO
NUESTRO PROPIO
"VIA CRUCIS
AMA PIDE SOLUCIONES
PARA LOS AFECTADOS
DEL ALTO DEL CUCO
La Asociación AMA manifiesta su preocupación por la sentencia del Alto del Cuco que pone una vez más a los pies de la justicia, no al condenado el Ayuntamiento de Piélagos, sino a las familias que han comprado una vivienda.
A partir de esta sentencia empieza un peregrinar de las citadas familias por abogados, juzgados, administraciones y un largo camino en el que hay gente como en Arnuero que lleva más de 13 años, en el que muchas veces ha perdido hasta la salud y es que comprar una vivienda en Cantabria, con esta inseguridad jurídica, puede perjudicar seriamente la misma.
El Ayuntamiento de Piélagos a través del planeamiento urbanístico y mediante un plan parcial da legalidad a las actuaciones en la zona. La sentencia manifiesta que esa actuación no ha sido conforme a derecho.
La Consejería de MEDIO AMBIENTE, (ni más, ni menos) informa favorablemente sobre el citado plan parcial, manifestando que el proyecto se ajustaba a la normativa vigente
¿Cómo es posible que dos Conserjerías de un mismo Gobierno la de Presidencia Ordenación del Territorio y urbanismo ( que pide el derribo de las viviendas y las medidas cautelares) y la Medio Ambiente (que da el visto bueno al proyecto)?.
¿Qué responsabilidades van asumir estas dos organismos de la Administración ?
¿Cuándo se resolverán las causas penales pendientes del Alcalde de Piélagos?
¿Actuarán los nuevos fiscales anticorrupción?
EL TSJC de Cantabria
con los indicios de ilegalidad que tenía, no se entiende como no ha parado la venta e informar a los compradores, máxime cuando el propio Gobierno de Cantabria había pedido esas medidas cautelares.
Los demandantes que defendiendo un bien superior el medio ambiente se olvidan de informar a lo compradores o de registrar su demanda para que sea conocida por todos los compradores.
La responsabilidad es de las administraciones competentes que no legislan, ni supervisan correctamente sobre algo tan importante como es el urbanismo y sus consecuencias son la corrupción urbanística.
Tiene que ser compatible conservar el medio ambiente y que no estafar la gente que compra una vivienda de buena fe.
Esperamos que estas familias que han comprado las vivienda tengan al menos los mismos derechos que el compra un coche (entre 2 a 5 años de garantía) o una simple lavadora (mínimo 2 años), ya que actualmente su situación es muy grave con una indefensión casi total de los afectados.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que condena a la Administración , pero esta condena acaba repercutiendo todos ciudadanos de Cantabria, ya que las posibles indemnizaciones salen de las arcas públicas que se nutren con nuestros impuestos, por ello la necesidad de buscar a los culpables y que sean estos los que hagan frente con su patrimonio del daño producido.
El disgusto, el miedo, los nervios de la personas que compraron sus viviendas en el Alto del Cuco merecen por lo menos nuestro respeto, afecto y una solución rápida de las autoridades competentes.
fuente: Diario Montañés 5-4-07
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